En la noticia recogida en iAgua el 27/5/2005 se indica la venta de 671 GWh a Acuamed, “procedentes en su totalidad de fuentes renovables, para el suministro eléctrico de las plantas desaladoras, potabilizadoras y otras instalaciones gestionadas por la sociedad estatal”, por 48 millones de euros. Al respecto se pueden hacer las siguientes observaciones:
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El agua es un bien demanial. Si bien no puede ser objeto de compra/venta, se establece en la legislación la cesión temporal de derecho de uso indicando que el “volumen anual susceptible de cesión en ningún caso podrá superar al realmente utilizado por el cedente”. Legalmente, aunque haya una compensación económica, no es una venta de agua. Se puede justificar éticamente que el dinero percibido por el cedente sería el equivalente al beneficio que hubiera obtenido si no hubiera cedido el uso, asumiéndolo el cesionario que lo incorporaría como un coste en su aprovechamiento de mayor rentabilidad. De esta forma, en teoría, se tiene un sistema en el que todos ganan con un menor uso del recurso.
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Tras la gestión insostenible sobreexplotando la cabecera del Tajo, llega el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. El ámbito del Real Decreto es la cuenca del Segura que se encuentra al 68% de capacidad. La justificación es la “situación hidrológica en la que se encuentran los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura y la cabecera del Tajo como consecuencia de la falta de precipitaciones durante el pasado año hidrológico”. En otras palabras, no es que la cuenca del Segura esté en sequía, sino que los regadíos del trasvase están afectados por la situación de la cabecera del Tajo.
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En los últimos meses, desde el lobby de regantes del trasvase se está exigiendo un «precio social del agua». No se puede confundir con una mejora de las tarifas especiales u otras acciones que los servicios de abastecimiento españoles vienen ya aplicando en consonancia con el derecho humano al agua y el saneamiento, reconocido por la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No tiene un fin social, sino que pretende fijar un precio bajo (0,20 €/m³) por el agua desalinizada para los regadíos del TTS, que es una actividad económica. Fijar un precio por debajo del coste de producción supone una subvención a su uso.
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