La desalinizadora de Escombreras se planteó como paradigma de buena gestión autonómica, que resolvería el problema de la escasez de agua para los nuevos desarrollos urbanos, independientemente de la Administración Central. Para ello se recurrió a su encomienda al sector privado que realizaría el proyecto sin coste para las arcas públicas. Mas pasado el tiempo, con la planta construida y operando muy por debajo de su capacidad, está suponiendo un alto coste que ha de sufragar la Comunidad Autónoma (es decir, los ciudadanos) a la sociedad constructora/gestora de la planta. Recuerda a la conocida Leyenda de Sisa, que cuenta cómo el inventor del ajedrez solicitó un aparentemente humilde pago (1 grano de trigo por el primer escaque, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, etc.) cuando en realidad pedía varios miles de veces la producción mundial de trigo en la actualidad.
Más allá de las posibles consecuencias políticas, administrativas o penales que pudieran derivarse, convendría reflexionar sobre la situación y sus motivos. El Sureste tiene una “sequía estructural”, eufemismo que refiere una apetencia de recursos hídricos superior a los disponibles. Ignoradas las políticas encaminadas a la gestión de la demanda, con los acuíferos sobreexplotados, el trasvase del Ebro retirado y el trasvase Tajo-Segura demostrando su incapacidad, sólo queda la desalinización como única opción factible de aumento de la oferta, que se ha abordado de diferentes maneras:
- Pequeñas plantas construidas por comunidades de regantes.
- Plantas construidas para la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
- Plantas construidas dentro del programa “A.G.U.A.”.
- Planta de Escombreras, orientada a permitir los desarrollos urbanísticos que tenían limitaciones en el suministro de agua.
Quitando las pequeñas plantas realizadas por las comunidades de regantes, el resto son de iniciativa pública. Producen el mismo recurso en el mismo lugar y están infrautilizadas. ¿Por qué se ha producido esta multiplicidad de actuaciones en el mismo momento? ¿Se han antepuesto intereses sectoriales sobre el interés general? Al construirse todas las plantas simultáneamente, de manera compulsiva, se ha desaprovechado una ventaja importante de la desalación: la modulación, la capacidad de construirlas y ponerlas en operación de forma escalonada adaptándose al uso.
Las causas de la baja utilización de las desalinizadoras son básicamente que no se ha producido el desarrollo urbanístico previsto junto con la sobreexplotación con tarifa subvencionada de recursos en la cabecera del Tajo en unos años de relativa abundancia. El fiasco de la planta de Escombreras ha de clarificarse; por el momento, queda como paradigma de las consecuencias de la falta de diálogo y entendimiento entre las Administraciones.
Al final se vende como fracaso de la desalinización lo que en realidad son las consecuencias de la mala planificación y gestión. Es fácil de entender que para que sea rentable la desalinización, como proceso industrial que es, se optimiza con un grado de utilización alto mantenido en el tiempo. Una fábrica parada no produce, pero tiene sus costes de amortización y mantenimiento. Y cuando produce ha de hacerlo por encima de su punto de cierre, evitando acumular pérdidas adicionales por cada unidad producida (m³ de agua en este caso).
En el caso de los regadíos y abastecimientos que se atienden con agua del TTS se contempla utilizar la desalinización como recurso únicamente cuando la cabecera del Tajo se encuentre en situación de excepcionalidad hidrológica, que con la gestión actual ocurrirá con frecuencia. Este planteamiento es ineficiente. Si realmente se considera necesario el uso de la desalinización como fuente de suministro, ésta se ha de plantear como una producción continua, aprovechando la capacidad de regulación de las aguas superficiales para complementar. Adicionalmente, las subvenciones sobre las tarifas del TTS desincentivan el uso del agua desalinizada y fomentan la irracional sobreexplotación de la cabecera del Tajo.
En la situación actual, en la que las plantas se conciben para suplir las aportaciones deseadas pero irreales desde la cabecera del Tajo, la comparación directa de la tarifa del TTS frente a la del agua desalinizada es un doble error. Además de desafectar la tarifa del TTS de las subvenciones encubiertas, habría que repercutir la amortización y mantenimiento de las plantas cuando están ociosas, pues es un coste real achacable al suministro.
En la misma región, el recurso agua tiene gran variedad de costes según la fuente de suministro. Al emplear únicamente el criterio de elegir el más barato para el regante, resulta la situación actual en la que se sobreexplotan ─con sus correspondientes subvenciones─ los recursos convencionales. Y cuando se encuentran agotados, se exige al Estado la financiación de la desalinización y la extracción de pozos profundos.
