La redotación de la cabecera del Tajo con agua del Duero es una de las alternativas planteadas para maquillar el fiasco del trasvase Tajo-Segura. Se analiza en el documento «Análisis de antecedentes y transferencias planteadas» de la «Documentación Técnica del Plan Hidrológico Nacional ( PHN) (2000)». Según se refleja en prensa, parece que va a replantearse dentro de la «comisión especial de Agua» de la Asamblea Regional de Murcia, habiéndose filtrado un documento que lo soporta («Documento de síntesis del estudio preliminar del estudio “Aportación de agua a la cabecera del Tajo. Conducción Duero-Tajo”»; enero de 2012).

Este estudio valora una variante de las alternativas planteadas en el PHN, consistente en una doble captación, en el río Pisuerga a la altura de Torquemada ─aguas abajo del río Arlanzón─ y en el río Duero a la altura de Gomaz, para llevarla mediante una conducción a presión (dos tubos de diámetro 2500 o 2800 mm, según tramos; 340 km) al río Tajo aguas arriba del embalse de Entrepeñas. El volumen anual medio transferido sería de 350 hm³, con un coste unitario de 0,38 €/m³.

Si se asumen estos valores, hay que considerar que a este coste unitario hay que sumarle la tarifa del Trasvase Tajo-Segura y contemplar las pérdidas, lo que da un valor del agua trasvasada al Segura superior a 0,50 €/m³. Ya este precio es considerado por el lobby de regantes del trasvase como inasumible.

Pero, como lamentablemente es habitual en este tipo de estudios, el cálculo de la tarifa de 0,38 €/m³ para llevar agua del Duero al Tajo parece infravalorado (por ejemplo, valoración baja de las conducciones y expropiaciones o ausencia de medidas compensatorias del impacto ambiental y compensación a la cuenca del Duero). Asimismo hay que considerar que el ratio está pensado con un caudal medio que en años de escasez no se va a poder dar y en años de «abundancia» de agua en el Tajo (cuando se esté en nivel 2 de las reglas de explotación) los regantes del trasvase no van a querer pagar el sobreprecio.

En definitiva, además de los impactos ambientales y sociales que no se plantean en el estudio. supondría un parche con un coste superior a la desalación. No obstante, es de esperar un gran entusiasmo por la idea en Murcia y Alicante, con un amplio consenso local para llevarla a la práctica. Pues al igual que ocurre con las desalinizadoras, sería un problema del Gobierno el tener una infraestructura parada, con la consecuente necesidad de subvención para beneficiar al lobby de regantes.