El tan cacareado Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, inmortalizado en una foto como la de las Azores, con cinco presidentes autonómicos fingiendo un acuerdo impresentable, ha adquirido vertiginosamente el color sepia de las cosas anacrónicas. Y es que en el acuerdo y en las fotos faltaba un convidado de piedra, como en el don Juan Tenorio.
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«Las valoraciones técnicas solamente tienen un 20% de puntuación. El 80% es algo tan objetivo como el precio». (Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, en entrevista radiofónica ─COPE, 22/1/2016─). Estas declaraciones, enmarcadas dentro del discurso de defensa de la gestión del Ministerio ante la irrupción pública de la operación Frontino (Acuamed), muestran la reducción del criterio de adjudicación de los concursos públicos a cuasi-subastas. Es significativo ─y preocupante─ el tono reivindicativo y orgulloso del desprecio de los criterios técnicos para la toma de decisiones.
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En el informe de indicadores de sequía del mes de enero de 2016 de la Confederación Hidrográfica del Tajo se refleja que los sistemas del Tajo que se encuentran en las provincias de Guadalajara y Cuenca están en situación «excepcional» respecto a la sequía: prealerta (Henares), alerta (Sorbe y Tajuña) y emergencia (Cabecera). Como se ha comentado en anteriores entradas, ha bastado un año con menores aportaciones para que la cabecera del Tajo esté en situación crítica. Los otros sistemas, que carecen de la capacidad de regulación del sistema Cabecera, se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a las presiones que soportan y a la irregularidad de sus aportaciones.
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La delimitación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar es polémica, con sentencias del Tribunal Supremo incluidas. La demarcación está comprendida por las cuencas de varios ríos que vierten directamente al mar, que el Legislador consideró conveniente agrupar. De esta forma se conseguía «simplificar», a costa de quitar a Castilla-La Mancha, una vez más, influencia en la gestión del recurso hídrico de su territorio.
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El Agitprop trasvasista está revolucionado buscando nuevos grandes trasvases. De la parte alta del Ebro, del alto Duero o del Tajo medio. En los estudios que acompañaron al Plan Hidrológico Nacional se descartaron estas soluciones, aun considerando en los balances las aportaciones anteriores a 1980. Pero sin necesidad de realizar grandes estudios o cálculos, se puede razonar con la simple observación del mapa de «Precipitación media para la Península Ibérica e Islas Baleares (1971-2000)» (página 67 del «Atlas climatológico Ibérico», AEMET 2012), que se reproduce a continuación con la superposición de las divisorias de demarcaciones obtenidas del geoportal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA):
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El Plan Hidrológico Nacional de 2001 (en adelante, PHN), en el punto 4.3.4.1 del tomo de Análisis Económicos, dedicado a la productividad de los cultivos, muestra unas gráficas en las que se relacionan los costes y los ingresos en función de la dotación en parcela. Llama la atención que en más de la mitad de estas gráficas el coste crece muy lentamente con la dotación (a modo de ejemplo, se reproducen las correspondientes al tomate industrial y de invernadero). Tomando el precio que se propone en el PHN para el agua trasvasada —50 pts/m³ o 0,30 €/m³— se tiene un coste de agua de 0,05 Mpts/ha (300 €/ha) por cada 1000 m³/ha/año de suministro, que apenas es apreciable en la escala de los ejes de ordenadas de los gráficos. O dicho de otra manera, en el PHN se considera que el coste del agua es una parte pequeña —diferente para cada tipo de cultivo— del total de los costes de producción del regadío.
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«Los regantes lamentan no poder comprar agua del Ebro. Claver cree que si hubiera una conexión podrían adquirir sobrantes en el Delta» (La Verdad, 15/1/2015).
Al precio estipulado en la cesión habría que sumarle la tarifa del trasvase (0,30 €/m³ según el Plan Hidrológico Nacional en 2001, a lo que habría que añadir incrementos de costes por la energía, desviaciones de la ejecución respecto al proyecto, actualización del tarifa, etc.). Así el precio sería muy superior ─posiblemente más del doble─ a los 0,30 €/m³ que pagan por el agua desalada, con subvención incluida. ¿Es creíble este gimoteo por no poder «comprar» agua porque no está hecho el trasvase del Ebro? ¿O quizás dan por asumida la subvención, encubierta o pública?
Antonio Fanlo es catedrático de derecho administrativo de la universidad de La Rioja. Quizá la línea principal de su currículo sea la de jurista del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (el Sindicato), ya que una parte importante de sus trabajos y dictámenes se relacionan con la defensa de los trasvases en general y del Tajo-Segura en particular. No se produce reunión pública o privada en el país relacionada con los trasvases en la cual no aparezca Antonio Fanlo.
Su última actuación (diciembre de 2015) ha sido la de prologar el inefable libro «El agua que nos une», escrito por el periodista Manuel Buitrago y editado por el Sindicato. Además, en las páginas 416 y siguientes del citado libro se le hace a Antonio Fanlo una especie de rara entrevista, en la que el entrevistado desvela su pensamiento sobre la cuestión. Veamos.
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«En total, los doce Planes de competencia estatal aprobados suman más de diez mil medidas a ejecutar y suponen una inversión de quince mil millones de euros. Los Planes intracomunitarios significan inversiones por valor de 2.500 millones de euros» (Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ─MAGRAMA─, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 8 de enero de 2016).
Es habitual entre la clase dirigente, como en esta cita de la Ministra del MAGRAMA, valorar los planes hidrológicos de cuenca como una «inversión», dando la impresión que es lo que importa de los planes y que va a realizarse por una administración pública. Pero los programas de medidas de los planes no son un compromiso de inversión, sino una descripción de necesidades con su valoración. Teniendo en cuenta el principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua (DMA), lo lógico es pensar que directa o indirectamente el grueso de la inversión va a corresponder a los usuarios.
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Hay estudios realizados ad hoc y opiniones de profesionales de reconocido prestigio (¿independientes?) que pregonan la rentabilidad de la agricultura de las zonas regadas con aguas del Trasvase. En estos estudios de afirma alegremente que en los años de sequía en la cabecera del Tajo, años en que los trasvases se reducen significativamente, se producen cuantiosas pérdidas económicas y de empleos en la región. Sin embargo, ¿es achacable el descenso de ingresos a la merma de volúmenes trasvasados?. Esta idea de causa-efecto se repite machaconamente al modo goebbelsiano, con la pretensión de que pase por una verdad revelada. Incluso se le ponen números al descenso de ingresos ─de los que bien se esconde su procedencia─ para hacer valer los descarnados intereses crematísticos del Sindicato.
El todopoderoso Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) acaba de publicar un voluminoso libro de 591 páginas «ad majorem suam gloriam» (perdón por el incorrecto latinajo). Se intitula «El agua que nos une» y ha sido perpetrado por Manuel Buitrago, periodista de cabecera del sindicato y redactor del diario «La Verdad», de Murcia. Cuenta con una cuidada presentación de la impresión, pero mucho menos cuidado su contenido intelectual.
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Madrid, un año de finales de los 80. Me encontraba en el despacho de un alto cargo de obras hidráulicas, ingeniero senior. Hacía poco tiempo que había aprobado yo el ingreso en el ministerio y me habían destinado a su unidad. Le estaba visitando para que me aclarase algunos aspectos del endiablado régimen concesional de las dichosas aguas. Recibió una llamada telefónica de nuestro director general. Nos indicó (en la administración no se debía decir «nos mandó»; quedaba más fino lo de la indicación) que al día siguiente asistiésemos a una reunión de la Junta general de la Confederación Hidrográfica del Segura, en Murcia. Digo nos «indicó» porque el mandato iba dirigido al alto cargo y a mí, como joven abogada, para que le acompañase y «fuere haciendo oído», según las palabras del baranda mayor que se me fueron repetidas.
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