«Las valoraciones técnicas solamente tienen un 20% de puntuación. El 80% es algo tan objetivo como el precio». (Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, en entrevista radiofónica ─COPE, 22/1/2016─). Estas declaraciones, enmarcadas dentro del discurso de defensa de la gestión del Ministerio ante la irrupción pública de la operación Frontino (Acuamed), muestran la reducción del criterio de adjudicación de los concursos públicos a cuasi-subastas. Es significativo ─y preocupante─ el tono reivindicativo y orgulloso del desprecio de los criterios técnicos para la toma de decisiones.
Utilizar el precio ofertado como criterio fundamental para la adjudicación está en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe «Guía sobre Contratación Pública y Competencia», en el que entre otras cosas se indica: «En general, salvo casos excepcionales, el precio ofertado debe tener un peso fundamental en la valoración de cada oferta, por ser el criterio objetivo y económicamente cuantificable que mejor suele revelar el grado de eficiencia de los licitadores».
Como consumidores no siempre nos guiamos por el precio para elegir entre dos productos «con las mismas funcionalidades», sino que valoramos otras cualidades, más difíciles de cuantificar, como el confort, calidad de los acabados, durabilidad, confianza, etc.; muchas veces esta comparación se realiza entre productos del mismo fabricante o con el de su «marca blanca». En estos casos de «marca blanca» siempre queda la incógnita de si la diferencia de precio es marketing o afecta a las características.
Los trabajos de construcción y consultoría no se encuentran en las estanterías de los supermercados sino que han de ser contratados «a medida». La fórmula de contratación de subasta o casi-subasta fía la garantía de los trabajos técnicos al cumplimiento del pliego y la acreditación de una solvencia técnica mínima. Lo que lleva a preguntarse si esta garantía es suficiente, pues escoger la mejor oferta en una licitación pública supone una gran responsabilidad al tratarse de fondos públicos. A semejanza con el usuario particular, no se trata de «productos iguales», sino que se ha de elegir el más satisfactorio.
Tampoco puede considerarse la existencia de un mercado ideal, puesto que se trata de un cliente único ─la Administración, ya sea Estatal, Autonómica, Local, etc.─ y un número más o menos limitado de concurrentes, la mayoría de los cuales dependen en su mayor parte de las licitaciones, ya sea la empresa entera o la división de la misma que licita, además de los eventuales subcontratistas.
Así, uniendo esta dependencia de las licitaciones por parte de las empresas, el escaso volumen de contratación por parte de la Administración y el peso desproporcionado de la oferta económica se llega a la situación actual de bajas exageradas (con frecuencia superiores al 50%), siendo completamente ineficaces los mecanismos de temeridad establecidos en los pliegos. La Administración está realizando un abuso de posición dominante, en las que impone unas reglas del juego abusivas.
En este escenario «agresivo», buscado en las recomendaciones de la CNMC, las empresas tienen asumido que si aspiran a tener trabajo ha de ser ganando los concursos en situación de pérdida. Una vez iniciado el contrato se encuentran obligadas a tratar de revertir esta situación, mediante la búsqueda de modificados, contradicciones en el pliego, mermas de calidades, etc. Es decir, se busca alteración de las condiciones del contrato y de la licitación que le sirvió de base. Así, es fácil colegir que las empresas que se ciñan a los criterios de la licitación están abocadas a la quiebra, mientras se proporciona un caldo de cultivo para prácticas corruptas.
La toma de decisiones basadas fundamentalmente en el «criterio objetivo» del precio está llevando a situaciones en las que se modifican los criterios objetivos de la licitación. Es cierto que los criterios técnicos pueden ser discrecionales, pero si lo que se pretende es conseguir la mejor solución, no se puede prescindir de los criterios técnicos, sino más bien lo contrario; han de verse reforzados.
Parece que la línea del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) es despreciar y prescindir del conocimiento para poder defender mejor los intereses de los lobbies. Las publicaciones técnicas de los últimos años brillan por su ausencia. Apenas se contratan trabajos de mejora del conocimiento. La Ministra presume ufana y orgullosa de haber realizado el segundo ciclo de planificación con una inversión ínfima, mientras se subvenciona la adquisición de agua desalada para los privilegiados regantes del trasvase. En el proceso del Memorándum se censuró el trabajo técnico del Organismo de cuenca para contentar al lobby de regantes del trasvase. Etc.
«La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos.» (Karl Popper)
