«En total, los doce Planes de competencia estatal aprobados suman más de diez mil medidas a ejecutar y suponen una inversión de quince mil millones de euros. Los Planes intracomunitarios significan inversiones por valor de 2.500 millones de euros» (Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ─MAGRAMA─, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 8 de enero de 2016).
Es habitual entre la clase dirigente, como en esta cita de la Ministra del MAGRAMA, valorar los planes hidrológicos de cuenca como una «inversión», dando la impresión que es lo que importa de los planes y que va a realizarse por una administración pública. Pero los programas de medidas de los planes no son un compromiso de inversión, sino una descripción de necesidades con su valoración. Teniendo en cuenta el principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua (DMA), lo lógico es pensar que directa o indirectamente el grueso de la inversión va a corresponder a los usuarios.
Por la idiosincrasia española, en estos planes se encuentran mezcladas actuaciones para conseguir los objetivos ambientales (DMA) con las planteadas para la satisfacción de las demandas (planificación tradicional española), siendo muchas de éstas ─como actuaciones en nuevos regadíos o ampliación de los existentes─ un incremento de la presión que dificulta la consecución de los objetivos ambientales.
Dentro de las actuaciones ambientales, el grueso corresponden, tanto en número como en inversión, a actuaciones de depuración, en las que España parte con bastante retraso, fruto del desdén con el que tradicionalmente ha sido tratada. Un ejemplo claro se tiene en los años 60, cuando había un problema serio de depuración de las aguas residuales de Madrid. En lugar de plantearse un estudio y definición de actuaciones precisas para solucionar este problema, las inversiones se realizaron para el trasvase Tajo-Segura, de «mayor interés nacional», mientras que para contentar a la provincia de Toledo se refleja que el volumen detraído por el trasvase seria sustituido por los retornos «convenientemente depurados» de Madrid. Eso sí, ni se definía lo que era convenientemente depurados, ni se plantearon estudios y las inversiones se retrasaron. Ahora, con casi cincuenta años transcurridos, la depuración de las aguas de Madrid ha mejorado enormemente, cumpliendo con creces los requerimientos de la Directiva 91/271. Pero aún así, todavía no se encuentran «convenientemente depuradas», siendo necesarias actuaciones para mejorar su depuración que permita cumplir con la DMA.
Por lo general, el coste de una buena depuración es superior al del abastecimiento. Quizás debido a que la incorporación de la depuración en el ciclo integral del agua es relativamente reciente, parece que no es completamente aceptado por el usuario final. A eso se une el problema competencial de la depuración, que corresponde por lo general a las entidades locales. Y aquí se presenta un gran problema que, entendemos, no se encuentra bien resuelto en los planes: la capacidad técnica y económica de los municipios pequeños para poder desarrollar convenientemente esta competencia.
En el siguiente cuadro se representa la población y número de municipios clasificados por el tamaño de los municipios, conforme al «Censo de Población y Viviendas 2011»:
Así a nivel nacional, el 79% de la población vive en municipios de más de 10000 habitantes. En estos casos, la repercusión del precio de la depuración de las aguas residuales no ha de suponer un problema. Sin embargo, el 72% de los municipios españoles tienen menos de 2000 habitantes (que suponen el 6% de la población). En estos municipios la depuración es un problema importante, tanto desde el punto de vista técnico como económico, entendiéndose que no se han de considerar solamente los costes de la construcción sino también los de la explotación y mantenimiento.
En muchos casos se han creado sistemas mancomunados u organismos supramunicpales que han permitido integrar sistemas de diverso tamaño, en los cuales los municipios grandes compensan a los chicos. En otros casos, los municipios han recurrido a «tecnologías verdes» , que bien aplicadas son una solución eficiente. Sin embargo, persiste un elevado número de municipios que carecen de depuración de las aguas, con una afección al Dominio Público Hidráulico que debe ser perseguida por el Organismo de cuenca o entidad autónoma con las competencias asignadas.
Se han empleado fondos europeos para la construcción de depuradoras, que ha permitido aliviar la carga económica. Sin embargo, puede que esta utilización de fondos haya generado una situación de dependencia, en la que las administraciones competentes son reacias a acometer actuaciones de depuración si no cuentan con estos fondos.
Así, volviendo al párrafo inicial, los planes hidrológicos plantean que es necesario hacer una inversión importante. Pero en el caso de la depuración, se plantean serias dudas sobre que esta necesidad pueda y quiera ser asumida íntegramente por las administraciones competentes, trasladando el coste al usuario. El tiempo dirá, con el seguimiento y revisión de los planes, si este temor es fundado.
