Una de las peculiaridades de la gestión de la cuenca del Segura es que físicamente está formada un sistema de explotación único, mientras que se diferencian los usos según sean atendidos con aguas del trasvase o con recursos de la propia cuenca. Esta situación, contraria al principio de unidad de cuenca, es «por motivos históricos». En las disposiciones legislativas de los últimos años, entre las que se encuentran las dos versiones del plan de cuenca y la derivada del memorándum, este escenario se mantiene sin cuestionarse. Así, los privilegios de unos usuarios se anteponen a la gestión sostenible del recurso. El resultado es el agravamiento de la sobreexplotación, tanto de la cuenca del Segura como de la cabecera del Tajo, bajo el eufemismo de «déficit estructural».
Un ejemplo se tiene en la definición de sus índices de estado, donde se distinguen entre «sistema cuenca» y «sistema trasvase». Estos índices, definidos en el «Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (P.E.S) de la cuenca del Segura», se calculan a partir de las existencias almacenadas, estado de los excedentes y aportaciones acumuladas. Puesto que el trasvase Tajo-Segura se encuentra en situación de excepcionalidad hidrológica desde hace más de un año, el Índice de Estado del Sistema Trasvase entró en situación de alerta ─y posteriormente en emergencia─, como se puede observar en la siguiente figura tomada de la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura:
Ante la presión del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), arguyendo este Índice de Estado, se han dispuesto una serie de medidas «paliativas» en nombre de la sequía que obvian la protección del recurso y se centran en contentar al lobby de regantes (subvención del agua desalada, asignación de reservas no asignadas, pozos de sequía, terminación de la conducción desde una desaladora que antes era ineficaz y habría que achatarrarla, etc.). Estas medidas, asumidas por el erario público, suponen una mayor presión sobre el recurso, mientras que son percibidas como parches que sólo les permite «ir tirando» para salvar campañas. Curiosamente, simultáneamente a la situación de sequía, en este invierno se ha subvencionado la retirada de productos por exceso de producción (véase la entrada Sobre el precio irrisorio de las lechugas y temores infundados).
Esta situación, además de afectar a los embalses de la cabecera del Tajo, cuyos municipios ribereños se ven privados de una fuente importante de desarrollo, se está reflejando en la cuenca del Segura. En la siguientes figuras, tomadas del Boletín Hidrológico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), se muestran los volúmenes embalsados en estos sistemas:
A pesar de la ligera recuperación de los últimos meses, salvo aportaciones excepcionales en los próximos meses, los embalses de Entrepeñas y Buendía van a afrontar el verano en una situación similar a la del pasado año, lo que afectará negativamente a su ya maltrecho sector turístico. Pero esta situación le es indiferente a la Administración, que en este asunto está centrada en contentar al SCRATS en el corto plazo.
Por otra parte, se observa como las existencias embalsadas en la cuenca del Segura han permanecido sensiblemente constantes a lo largo de lo que se lleva del año hidrológico, no habiéndose apreciado recuperación en los meses donde se producía en los años anteriores. Ante el incremento de las necesidades del regadío, es de esperar un descenso de las reservas similar al producido en años anteriores. Observando la evolución del Índice de Estado del Sistema cuenca (mostrado en la siguiente figura) ─con tendencia descendente, actualmente en el límite de prealerta─, es previsible que entre en situación de alerta en los próximos meses, no siendo descartable la emergencia:
Como conclusión, habrá un incremento de la sobreexplotación en este verano, con su conflictividad asociada. Se distraerá a la opinión pública con un discurso basado en la atroz sequía. Se hablará de guerras de agua, memorándum, Plan Hidrológico Nacional, pactos del agua, solidaridad entre regiones, uso político del agua, desalación, etc. Pero no se planteará una gestión sostenible en la que se adapte la presión a la disponibilidad real del recurso, en pos de conseguir la buena gestión ambiental de los ríos que beneficiaría al conjunto de la sociedad. Ni se analizará la situación de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuyo potencial desarrollo a partir de los usos recreativos de sus embalses está impedido por la gestión realizada del trasvase. Al final, sólo trascenderán las penas del lobby de regantes, que serán compensadas y justificarán cualquier tipo de tropelía ambiental, económica y social.
