A continuación se reproduce un comentario realizado en la entrada «37 años unidos por el Trasvase Tajo-Segura», publicada den la web iAgua.
Interesante escrito que, presuponiendo la buena fe del autor, muestra los efectos de la propaganda y adoctrinamiento trasvasista, cuyos principios fundamentales guían el escrito. Así, al mostrar sólo los beneficios, la rentabilidad del trasvase Tajo-Segura es, aparentemente, incuestionable.
Sin embargo, un trasvase consiste en sacar agua de un lugar “A”, donde se producen unas afecciones, para llevarlo a “B”, donde se obtienen beneficios. Esta diferencia espacial es la clave para entender los problemas del trasvase Tajo-Segura, máxime si sólo se quieren ver los beneficios y se ocultan intencionadamente los perjuicios. ¿Dónde están estudiadas, oficialmente, las afecciones ambientales, sociales y económicas que el trasvase produce en la cuenca del Tajo? En ningún sitio. Además de carecer de evaluación de impacto ambiental, ni siquiera en el Plan del Tajo analiza las consecuencias que el trasvase tiene sobre la cuenca cedente. Posiblemente esta situación sea conforme a la legalidad, pero la realidad es que hay una serie de afecciones a la cuenca del Tajo que ni están estudiadas ni se quieren ver. En esta situación, en la que falta analizar los daños del trasvase Tajo-Segura, cualquier análisis que valore su balance es sesgado, aunque la propaganda goebbelsiana trasvasista nos lo venda como un gran éxito.
Además, en el argumento de la entrada, que sigue la línea marcada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), se incluye en una argumentación que es contraria a la prioridad de usos marcada en la legislación de aguas. Con los datos del Plan del Segura, los recursos propios de la cuenca son suficientes para poder atender al abastecimiento de la población, contando además en la actualidad con el apoyo de la desalación. Sin embargo, estos recursos propios de la cuenca son mayoritariamente asignados al regadío, obligando a la población a pagar más cara el agua al asignarle recursos del trasvase o desalación en lugar de los de la propia cuenca, sobre los que tiene preferencia de uso. Con este ardid, ingeniado en los años 60 del siglo XX, se consigue que el abastecimiento de la población financie encubiertamente al regadío (incluso paga más por m³ del agua del trasvase que los regantes), a la vez que es usada propagandísticamente para afianzar el trasvase al involucrar al turismo y el abastecimiento de la población como beneficiarios.
Por otra parte, se menciona el estudio de 1959 “El regadío murciano, problema nacional”, dirigido por el catedrático Manuel de Torres Martínez, con la colaboración de Gonzalo Arnáiz Vellando, José García de Andoain Pinedo, José Joaquín Arias Quintana y Agustín Cotorruelo Sendagorta. Sobre este estudio, se reproducen a continuación unos comentarios publicados en la web Acuademia.com [por limitaciones del tamaño del comentario en la web de iAgua, el texto reproducido a continuación ha sido cambiado por una referencia a la entrada «1959. El regadío murciano, problema nacional»]:
Vaya por delante el reconocimiento al trabajo realizado en el estudio «El regadío murciano, problema nacional», máxime teniendo en cuenta la profusión de tablas y gráficos que contiene y que está realizado sin el apoyo de medios informáticos y facilidades de acceso a la información que hoy consideramos básicos. Entiéndase que las críticas que aquí se realizan son a ideas, concepciones y enfoque, pero siempre desde la máxima consideración a los autores y su trabajo.
El título del estudio describe su objetivo: hacer que un problema local se transforme en uno nacional. Fue un eslogan publicitario avalado por un autor prestigioso, dentro de la «acción continuada cerca de la opinión pública en el ámbito nacional y regional» que pedían los terratenientes murcianos dentro del Pleno del Consejo Económico Sindical provincial de 1953. Desde su publicación ha sido el leitmotiv de la política del agua en España.
El estudio realiza un extensivo trabajo técnico para determinar producciones brutas de secano y regadío de distintos cultivos en distintas provincias (puede ser cuestionable el procedimiento, pero de esta forma consiguieron medir un parámetro). Pero el contenido técnico del estudio termina aquí; el resto, partiendo de este parámetro parcial e incompleto, consiste en aplicar una argumentación ad verecundiam para concluir que el desarrollo económico español dependía de que «Murcia se convirtiera en la huerta de Europa». Es un ejemplo de lo que Daniel Yankelovich definió como «Falacia de McNamara», que la expresó como: «El primer paso es medir lo que sea fácilmente mensurable. Esto es correcto en sí mismo. El segundo paso es descartar lo que no se puede mensurar fácilmente o darle un valor cuantitativo arbitrario. Esto es artificial y conduce a errores. El tercer paso es suponer que lo que no se puede mensurar fácilmente no es importante. Esto es ceguera. El cuarto paso es decir que los no se puede mensurar fácilmente no existe. Esto es un suicidio». Puede ser resumido como «lo que no se puede contar, no cuenta».
No contempla el producto neto por su dificultad de cálculo; sin embargo, al comparar directamente los diferenciales de la producción bruta se elimina la repercusión del coste del trasvase sobre la producción ─el coste del trasvase no existe─. Centra el balance económico exclusivamente en el aumento de la producción con destino a la exportación, pero no considera la potencialidad de Toledo de convertirse en la despensa de Madrid, que liberaría producción de otras zonas que podrían destinarse a la exportación. Niega a Toledo una serie de cualidades que se dan por supuestas en Murcia. Reconoce en la introducción que Toledo era una provincia pobre con un nivel de renta menor que Murcia y, aun así, propugna que se despoje a Toledo de sus recursos naturales. Es una concepción colonialista en la que se quitan los recursos naturales de la región más pobre para llevárselos a la más rica.
Justifica la realización del trasvase con la necesidad de conseguir los objetivos del Plan de Estabilización de 1959. Este argumento es incongruente, pues la realización de un trasvase de la envergadura del propuesto no es inmediata, requiriendo unas inversiones que, de ser recuperadas y tener efectos en la economía productiva, lo serían a largo plazo. Si lo que se pretendía era aumentar la capacidad productiva, habría que considerar el tiempo en el que pudieran estar operativas las soluciones propuestas, pero este aspecto no fue contemplado por los autores del estudio. Por otra parte, no considera un aspecto que ya se estaba manifestando en la época, que era la pérdida de peso del sector agrario en la economía, ante el mayor desarrollo de los sectores industriales y de servicios, apostando anacrónicamente por el regadío como motor económico nacional.
Recupera las ideas de trasvase planteadas en 1933. Pero cambia su alcance, al pretender reducir los beneficios al regadío murciano, en lugar del Levante completo como se propugnaba en la idea inicial. Aborda la difícil tarea de intentar encajar esta propuesta trasvasista en el marco del Plan de Obras Públicas de 1940, que era la referencia seguida en la ejecución de nuevas infraestructuras. Para ello reproduce extractos del mismo ─parte de los cuales copiados en este texto─ en los que se justifica el motivo de la no inclusión del trasvase en el plan, para obviarlos en el razonamiento realizado.
Posteriormente, las directrices del estudio fueron asumidas por el Sindicato Vertical, se aprovechó cualquier coyuntura para fortalecer el convencimiento de la bondad del desarrollo de los regadíos y el Centro de Estudios Hidrográficos realizó la determinación de la posibilidad de trasvasar el 83% de los recursos de la cabecera del Tajo para satisfacer los deseos de los terratenientes murcianos a costa del desarrollo de la cuenca del Tajo.
En resumen, el estudio «El regadío murciano, problema nacional» dista mucho del aura de solvencia técnica con el que lo viste el lobby trasvasista. Parte de un trabajo técnico que, aunque meritorio, era insuficiente para la caracterización del problema, amparándose el autor en su magisterio y credibilidad para llegar a unas conclusiones deseadas, pero no justificadas. Deslumbrado por el noble deseo de conseguir las mayores riquezas para Murcia, no quiso ver los efectos negativos del trasvase sobre la cuenca cedente, que quedaron a partir de entonces ocultos bajo el poderoso manto de un «problema nacional». Al igual que un periodista sin escrúpulos no puede permitir que la realidad estropee una buena noticia, la clase dirigente de la época dio credibilidad a las tesis trasvasistas sin cuestionar sus postulados. El camino hacia el trasvase quedó libre.
Pasados los años, se puede observar que, realizado el trasvase, continúa el desequilibrio hidrológico (rebautizado como «déficit estructural»). El concepto local del planteamiento del trasvase, si bien asumido por el poder central, ha ocultado los «intereses encontrados» de la cuenca cedente que, aunque se nieguen oficialmente, existen. Los aspectos ambientales del trasvase no son considerados, ocultando la infraestructura al ojo de la Directiva Marco del Agua. El Tajo se encuentra intervenido, Memorándum mediante, para preservar los intereses del trasvase. El lobby trasvasista financia «prestigiosos informes» sesgados y parciales en defensa de sus intereses que son asumidos por la Administración sin crítica alguna. La opinión pública se encuentra influenciada por la propaganda trasvasista identificando el beneficio de los terratenientes murcianos como interés general, llamando atroz sequía a una sobreexplotación irracional del agua, asociando cualquier comentario crítico al trasvase a un tema partidista, suponiendo que el regadío murciano es un pilar indispensable de la economía nacional, etc.
