Diversos medios de comunicación se hacen eco de la presentación del «Barómetro social de la Región de Murcia 2016» realizado por el «Murcia Seniors Club» (por ejemplo, web de la Cadena SER, fecha 17/5/2016). Respecto al trasvase Tajo-Segura se indica: «Casi 9 de cada diez consultados cree que el Trasvase Tajo-Segura está amenazado por la presión de otras comunidades autónomas». Por el contexto sociopolítico, se ha de entender que esta «presión de otras comunidades autónomas» es una referencia a Castilla-La Mancha.
Este resultado es una muestra de la efectividad del aparato propagandístico del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Han conseguido que cale en la población un sentimiento de persecución política, involucrando a toda la región en la defensa de los intereses particulares del SCRATS. Sin embargo, a tenor de la experiencia de décadas pasadas y la situación actual, se puede comprobar la total ineficacia del posicionamiento del Gobierno de Castilla-La Mancha, centrado en declaraciones más o menos grandilocuentes y la presentación de recursos jurídicos. Sobre las primeras, da la sensación de que lo que se consigue es exacerbar a los murcianos ─haciendo el juego a los intereses del SCRATS─ y aburrir a los castellanomanchegos, mientras que con las acciones judiciales, cuando han tenido éxito, no han consistido más que en victorias morales sin repercusión práctica significativa.
Yendo más allá, cuando desde Castilla-La Mancha se ha tenido capacidad de acción, lo que se han conseguido han sido acuerdos que se creían o vendían como positivos, pero que no eran más que apaños para contentar al lobby trasvasista. Son los casos de la aprobación de los planes del Tajo de 1998 y 2014. En el primero, se defendió la reserva de 240 hm³ como un logro, siendo en sí misma irrisoria (10% de la capacidad de embalse); supuso una falsa declaración de excedentes en el plan del Tajo, mientras que los reales se determinaban por unas reglas de explotación internas ─e insostenibles─ adoptadas por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. En el caso del plan de 2014, Castilla-La Mancha apoyó la legislación derivada del Memorándum, vendiendo que se aumentaba la reserva de 240 a 400 hm³, algo a todas luces insuficiente para corregir la situación del Tajo, máxime teniendo en cuenta que el fiasco de las reglas de explotación se elevó a rango de Ley, a la vez que se racionan los desembalses para el Tajo. En estos procesos, en ningún momento se refleja en la legislación y en la gestión la corrección de los efectos negativos que el trasvase tiene sobre la cuenca del Tajo que, simplemente, se ignoran.
Así, el temor de la sociedad murciana a la acción política de Castilla-La Mancha parece totalmente injustificado, como ha quedado demostrado en la historia reciente. La auténtica amenaza al trasvase es su gestión, realizada de espaldas a la realidad, que además del oficialmente ignorado destrozo que causa en el Tajo, es incapaz de calmar las ansias del lobby trasvasista, que tiene a la población y autoridades murcianas y al Gobierno Central sometidos a los efectos de su efectiva propaganda. Sin embargo, esto no aparece reflejado en ningún barómetro social.
