La gestión del agua es compleja, con competencias repartidas entre diversas administraciones. No se plantea aquí una revisión de este régimen competencial, sino llamar la atención de su empleo como escusa para no acometer actuaciones. Lo que el refranero recoge como «unos por otros, la casa sin barrer».
A modo de ejemplo, varios casos de actualidad. El primero, fuera del ámbito del agua pero con gran repercusión, es el cementerio de neumáticos entre Seseña y Aranjuez, cuyo espectacular incendio ha puesto en las portadas una situación consentida durante años por varias administraciones. Centrado en el agua, se encuentra la situación del Mar Menor, ya tratada en anteriores entradas, donde el interés de los regantes se antepone a la protección ambiental, con cruces de declaraciones que ponen de manifiesto la escasa coordinación entre unas autoridades competentes que tendrían que haber abordado el problema en el Plan Hidrológico del Segura. Otro ejemplo es el caso del río Guadarrama, al sur de la provincia de Madrid, antes de entrar en la de Toledo, que está siendo utilizado como vertedero incontrolado mientras las administraciones se pasan la pelota entre ellas sin resolver el problema (por ejemplo, véase la noticia «La Confederación del Tajo expedienta a Móstoles y a Arroyomolinos por los vertidos al Guadarrama» publicada en El País).
La legislación de aguas prevé una herramienta para mejorar la coordinación, el «Comité de Autoridades Competentes», creado en cada ámbito de planificación para la elaboración de los planes hidrológicos. No obstante, sin restar valor al trabajo realizado, parece que es insuficiente. Basta mirar los programas de medidas de los planes para observar que quizás se haya logrado alcanzar un consenso sobre actividades a realizar, pero no en el cómo se van a materializar. Así, la necesidad de mejorar la depuración queda patente, pero no cuáles son los agentes implicados en cada actuación.
Cada Administración se encuentra ante diferentes coyunturas y defiende intereses no siempre integrados en la protección ambiental, que por lo general es relegada. Aparentemente, el mayor impulso para la toma de decisiones ambientales es el sancionador, en lugar del colaborador. Parece que una problemática ambiental no es abordada hasta que no alcanza una gravedad que la lleva a los periódicos, en cuyo caso las Administraciones actúan como salvadoras, premiándose la reparación sobre la prevención.
La solución es difícil, pero pasa por fomentar la conciencia ciudadana de la necesidad de la protección ambiental. Para ello es necesario un sistema de información veraz y lo más completo posible, algo posible actualmente, pero que a pesar de los avances se encuentra lejano. Así, en los ejemplos puestos anteriormente, ¿es factible, con un esfuerzo razonable, acceder a documentación veraz? Entendemos que no. Parece que para las administraciones es más interesante una estrategia basada en notas de prensa propagandísticas e intervenciones «tranquilizadoras» del político de turno para reforzar su imagen.
