La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, considera «prioritario alcanzar acuerdos entre territorios para transportar agua a las zonas deficitarias con un planteamiento integrador y solidario», según se recoge en la nota de prensa del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) «García Tejerina: La gestión del agua es estratégica porque afecta de forma directa al desarrollo económico y social» (12/7/2016). En la nota de prensa también se ponen en boca de la Ministra que la gestión del recurso «es hoy, más que nunca, estratégica porque afecta de forma directa a la UE, su economía y su modelo de crecimiento» y que por ello es «absolutamente imprescindible el desarrollo de infraestructuras que garanticen la calidad, la cantidad y la seguridad frente a fenómenos adversos».
Estas palabras resumen la línea de acción del MAGRAMA, con un planteamiento en el que considera el agua como un recurso para el regadío, relegando al medio ambiente a una función decorativa. La Ministra defiende que esta gestión del agua, enfocada a la producción del regadío, es estratégica, dando a entender que la economía de la Unión Europea depende de ella. Sin embargo, esta apreciación choca con las estadísticas de la Unión Europea, ya que en el año 2013 la repercusión del PIB del sector primario (más amplio que la agricultura de regadío) era del 1,7%, tanto en la zona euro como en el global de la Unión Europea. No se puede decir por tanto que se trata del sector clave y motor de la Unión Europea.
La agricultura de regadío es legítima. Pero en su nombre y defensa no vale todo. Ha de estar adaptada a la realidad y al entorno social, económico y ambiental. Afortunadamente, lejos han quedado los tiempos en los que estaba en peligro el suministro de alimentos a la población, tanto en España como en otros países europeos. Por tanto, el regadío ha de ser considerado principalmente como actividad económica, que ha de estar sujeta a los condicionantes ambientales y sociales. Máxime cuando la política agraria europea está más centrada en el control de la producción que en su ampliación descontrolada. Así, cada vez es menos defendible justificar deterioros ambientales y sacrificios sociales para favorecer o desarrollar el regadío. Pero parece que la máxima responsable de defender el Medio Ambiente en España no es de esta opinión.
El «planteamiento integrador y solidario» que preconiza tiene el precedente del Trasvase Tajo-Segura. Bajo su mandato, esta solidaridad ha consistido en atender en todo lo posible los intereses del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura), despreciando, ignorando y humillando al Tajo. El Memorándum y sus consecuencias es un ejemplo de este «planteamiento integrador y solidario».
Estas declaraciones se producen poco después de haberse terminado un proceso electoral repetido (diciembre de 2015 y junio de 2016). Es de destacar que el tema del agua en general, y de los trasvases en particular, ha tenido una relevancia mínima en las campañas electorales. Si a juicio de la Ministra es prioritario transportar agua a zonas deficitarias, ¿por qué no se plantea abiertamente la gestión del agua y las posibilidades de trasvases en las campañas electorales?
