Dentro de unos años, en 2030 se cumplirán los 50 años de la entrada en servicio del trasvase Tajo-Segura. Debería ser la fecha fijada para su finalización, al cumplirse el periodo que Hacienda fija para la amortización y vida útil desde el punto de vista económico de las grandes infraestructuras financiadas con fondos públicos.
«Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible»
(artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
A finales del siglo XX, mientras en España se continuaba con la concepción de una política hídrica como un instrumento de apoyo a los regadíos, con el trasvase del Ebro como argumento estrella, en Europa se estaba dando forma a la Directiva Marco del Agua (DMA). La transposición de la DMA a la legislación española se realizó al final del plazo establecido, mediante la modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas realizada a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Que la transposición se realizara al final del plazo, mientras se estaban destinando esfuerzos e inversión en el proyecto del trasvase del Ebro, puede ser un indicativo de las prioridades.
Se habla del problema del agua en España. Por lo poco que se trata en los programas electorales y por las intervenciones de políticos, parece que las soluciones son un «pacto nacional del agua», el «consenso entre territorios», el uso de las desaladoras, un nuevo «Plan Hidrológico Nacional», etc. Pero, ¿cuál es «el problema del agua en España»?
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La memoria del plan del Tajo de 2014 incluye un apartado con datos de la operación del Trasvase, donde se recogen varias figuras. En la que se muestra a continuación se comparan claramente las aportaciones registradas en Entrepeñas y Buendía con los trasvases realizados:
«La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que la política del agua debe garantizar la seguridad hídrica, tanto en las ciudades como en el campo. Por lo tanto, la Ministra entiende que “la seguridad hídrica es una cuestión estratégica”, de manera que la política hidráulica debe plantearse como una política de Estado.
Isabel García Tejerina hacía estas manifestaciones durante la inauguración de la segunda edición de los Diálogos del Agua América Latina-España (…)
García Tejerina también ha comentado que la cooperación con CAF [Banco de Desarrollo de América Latina] reafirma el compromiso de España con esta región a la hora de definir una visión estratégica integral que aborde los retos de la gestión del agua desde una perspectiva transversal, que tenga en cuenta las interrelaciones entre el agua y otras políticas sectoriales. Entre estas políticas, la Ministra ha citado la agricultura, el turismo, la ordenación del territorio, la energía o la protección del medio ambiente. (…)»
(Extraído de la nota de prensa del MAGRAMA ─Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente─ del 6/9/2016)
Mezcla la Ministra la seguridad hídrica de la ciudad con la del campo, ¿querrá esto decir que considera al mismo nivel de importancia la garantía del abastecimiento de las personas que la del riego de las lechugas? Pero indicar que la protección del medio ambiente es una política sectorial transversal al agua, define claramente la gestión del MAGRAMA.
El trasvase Tajo-Segura, apuntado durante la República en 1932, abandonado justificadamente en la posguerra y recuperado en 1953 por los terratenientes murcianos, tuvo su plasmación legal en 1967, incluyéndose en el II Plan de Desarrollo Económico y Social, en plena época tecnocrático-franquista del Opus, mediante el «Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de España, Complejo Tajo-Segura». Se planteó como una operación del Estado que favorecía a las cuencas del Tajo y del Segura; se venía a decir, de manera simplista, que se produciría un doble flujo: una corriente de agua hacia el Segura y una «contracorriente» monetaria hacia el Tajo. De esta manera se «compensaba» a la cuenca cedente por la pérdida de sus recursos naturales en favor de otra región que sacaría del agua un mayor beneficio económico.
La afirmación «se ha apostado por el trasvase Tajo-Segura» del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en el Congreso el miércoles 31/8/2016 ha provocado cierto revuelo en círculos políticos de Castilla-La Mancha. En este contexto, respondiendo a preguntas de periodistas, María Dolores de Cospedal, presidenta de la Castilla-La Mancha cuando se firmó y desarrolló el memorándum, ha afirmado que negociaron con éxito para elevar el nivel mínimo (de Entrepeñas y Buendía) al doble, mientras que trabajan por tener un Plan Hidrológico Nacional, metiendo por medio la solidaridad de todos los españoles (véase el vídeo en «Cospedal ve “estúpida” la reacción de la Junta a las palabras de Rajoy sobre el trasvase»; Europa Press, 1/9/2016).
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La mesa del agua de la cuenca del Segura, reunida el 1 de septiembre de 2016, ha acordado lanzar un ultimátum para que sean atendidas sus reclamaciones ─entre las que se encuentra un trasvase extraordinario desde el Tajo comprendido entre 70 y 80 hm³─ antes del martes 6 de septiembre, o habrá movilizaciones. En términos empleados por Manuel Martínez Madrid, vocal del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) y secretario de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, «no habrá manifestaciones pacíficas; parece que no se nos escucha si no se forma un lío de María Santísima. No será ir con una pancarta, sino cortar el oleoducto o la autovía o parar el puerto de Cartagena».
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