Resultados del Trasvase. El laberinto.
Dentro de unos años, en 2030 se cumplirán los 50 años de la entrada en servicio del trasvase Tajo-Segura. Debería ser la fecha fijada para su finalización, al cumplirse el periodo que Hacienda fija para la amortización y vida útil desde el punto de vista económico de las grandes infraestructuras financiadas con fondos públicos.
Como ha expuesto magistralmente San Martín en «Un análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: el trasvase Tajo-Segura» (Enrique San Martín González; UNED, 2011), no existe ningún gran trasvase en el mundo con destino al regadío que haya resultado rentable económicamente. El trasvase Tajo-Segura no constituye una excepción, ni mucho menos. Su rentabilidad económica evaluada ex post (con 30 años de funcionamiento) por medio de análisis beneficio-coste, resulta fuertemente negativa cuando se toma el punto de vista de una inversión del Estado. Otra cosa son los beneficios obtenidos por sus usuarios a costa de las numerosas subvenciones públicas encubiertas (véase la entrada «Las trece subvenciones encubiertas del Trasvase Tajo-Segura y un epílogo imposible»). En ese sentido, llama la atención que las administraciones públicas no hayan efectuado ningún estudio económico posterior, máxime a raíz de los problemas y controversias surgidas desde su puesta en marcha. Sólamente en 1968 («Estudio Económico del Trasvase Tajo-Segura»; Ministerio de Obras Públicas), se llevó a cabo un estudio de rentabilidad económica ex ante por los mismos autores del proyecto del Trasvase, con el objeto declarado de su justificación, y con unos supuestos fijados a su conveniencia para obtener la ansiada rentabilidad. No ha habido revisión posterior realizada de forma independiente hasta el trabajo antes citado.
Pero la económica no es la única razón por lo que «la lógica de la situación» (Popper) conduce a un final del Trasvase. A las económicas se superponen razones técnicas, sociales, ambientales, institucionales, legales, éticas, de equidad y de sentido común. Daremos un breve repaso a algunas de ellas.
En primer lugar conviene resaltar que el Trasvase, como proyecto técnico, ha resultado un gran fiasco. Frente a los 1000 hectómetros cúbicos anuales (hm³/año) que en el «Anteproyecto General de Aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España -COMPLEJO TAJO-SEGURA» se proponían transferir desde la cuenca alta del Tajo hacia la cuenca mediterránea del Segura, en sus 36 años de funcionamiento sólo se han podido proporcionar a la cuenca receptora unos 300 hm³ de media anual. ¿Cómo se calificaría un proyecto que apenas logra alcanzar la tercera parte de los objetivos que pretendía? Lo que nos pone, por otro lado, en la pista de que la realización del Trasvase no se llevó a cabo basado en razones económicas. En la época de la elaboración del proyecto aún predominaba en España una visión autárquica de la economía en transición hacia una etapa de desarrollismo, sobre todo en sectores intervenidos como el de los regadíos. En ese contexto (II Plan de Desarrollo Económico y Social de 1969) el Acueducto Tajo-Segura se llevó a cabo, ante todo, por razones ideológicas y de prestigio de la ingeniería española, lo que explica la contumacia de actitudes posteriores, negándose a reconocer la ineficiencia del Trasvase, al que se anteponía «la magnificencia de las obras», creándose así una fuente inagotable problemas de todo tipo que se intentan presentar por sus creadores como el problema nacional del agua en España.
De las razones últimas del Trasvase se dieron cuenta, con fácil perspicacia, un grupo de terratenientes murcianos, constituyéndose en un sindicato de riegos (SCRATS), auténtico lobby frente a las débiles y consentidoras administraciones publicas regionales y nacionales. Con sus saneados ingresos (a resguardo de fiscalizaciones) constituyeron un fuerte grupo de presión que, con el apoyo de grupos políticos que se beneficiaban de sus votos, secuestraron la opinión pública y las decisiones de las administraciones públicas, de forma que han logrado convertir el problema del agua en Murcia en un gran problema nacional, cuando solo afecta a unas 40 000 hectáreas de regadío frente e los 3,5 millones de hectáreas regadas en total en nuestro territorio (es decir, del orden del 1%). ¿Cómo es posible que el 1% de los regadíos del Sureste determinen y marquen el rumbo de la política del agua en España?
La segunda de las razones que han dado lugar a la creación de un grave problema del agua en el Sureste lo constituyen las bajísimas tarifas que la Administración ha regalado a un grupo de beneficiarios de aguas trasvasadas. Ha sido expuesto repetidamente en otras entradas, pero conviene resumir la situación:
- El Estado sólo ha cargado a los beneficiarios la amortización de la tercera parte de las inversiones realizadas en las infraestructuras del Trasvase y Postrasvase.
- El Estado compensó generosamente a las compañías hidroeléctricas por la pérdida de turbinación a lo largo del Tajo por la derivación de volúmenes hacia el Sureste, sin repercusión alguna para los beneficiarios
- El Estado construyó el salto reversible de Bolarque con la única intención de rebajar los gastos energéticos que favorecieran al Trasvase
- El Estado evitó que el abastecimiento de Madrid se efectuará desde Entrepeñas, reservando sus caudales para el Trasvase, con lo que la ampliación del abastecimiento de Madrid tuvo que realizarse con aguas bombeadas desde el ría Alberche (300 m de elevación), costes repercutidos a los madrileños.
- El Estado no llevó a cabo las llamadas obras de compensación en la cuenca del Tajo para su desarrollo, como se prometía en las leyes del Trasvase de 1971 y 1980, concentrando sus inversiones en las obras del Trasvase
- Las afecciones a los ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, con descenso de valor de las propiedades y hoteles, deportes náuticos, turismo e industrias ligadas al agua no han sido tomadas en cuenta ni cargadas a los beneficiarios del Trasvase. Igual consideración respecto a las pérdidas en el Real Sitio de Aranjuez, el torno del Tajo en Toledo y Talavera de la Reina.
Es decir, se ha llevado a cabo a cabo una auténtica «ingeniería financiera» para que los «señores del agua del Sureste» tuvieran unas tarifas muy favorables a sus intereses, asumiendo por el Estado las llamadas «compensaciones» (que se quedaron en agua de borrajas), obviando los perjuicios económicos, sociales y ambientales a la cuenca cedente, y utilizando otras fuentes de abastecimiento en la cuenca del Tajo (Madrid y Toledo) más caras para sus ciudadanos, a cambio de reservar los recursos con mayor cota para su trasvase al Sureste.
En la figura adjunta se puede ver la evolución de las tarifas del Trasvase para riegos. En toda la serie han oscilado entre un máximo de 0,20 €/m³ y un mínimo de 0,10 €/m³ (exceptuando los frecuentes y dilatados periodos de exenciones de los gastos fijos y variables (¿?)), dándose la circunstancia de que los 0,10 €/m³ es el valor que se viene aplicando durante los últimos años. Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que con 0,10 €/m³ se vengan a satisfacer los costes del Trasvase: amortización de las grandes inversiones en las infraestructuras del Trasvase y Postrasvase, gastos de la energía eléctrica de elevación en Bolarque y en el Postrasvase, gastos de operación y mantenimiento (reparaciones), administración, etc.? Como resulta que los volúmenes medios anuales transferidos vienen a ser (en destino) de unos 200 hm³ para riegos y 100 hm³ para abastecimiento, resulta que todo el tinglado del trasvase se «arregla» con el pago por los regantes de 20 millones de euros anuales. Y otro tanto por los ciudadanos, pagando el doble por m³ que los regantes, en una clara operación de transferencia de rentas.
Según el informe «Impacto económico del Trasvase Tajo-Segura», elaborado por la consultora Price Waterhouse Cooper (PwC) por encargo del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS), los ingresos en el año 2010 vinieron a ser en la «zona del Trasvase» de 1286 millones de euros. El cociente 20/1286 indica que el coste del agua para los regantes del Trasvase, considerado como el principal y crítico factor de producción, viene a suponer un 1,6% de sus ingresos. Gran negocio que explica todas las batallas de las guerras del agua que se han dado y se darán por el lobby de terratenientes para conseguir agua abundante y barata a costa del Estado. Y también indica el margen existente para la utilización de otros recursos de agua en la región, como pueden ser los procedentes de desalobradoras o desaladoras.
En el bajísimo coste de los volúmenes de agua puestos en el Sureste por el Trasvase se encuentra la raíz de los problemas creados por la Administración. En primer lugar para la cuenca cedente, con saqueo inmisericorde de sus recursos, pero también ─de manera reflexiva─ para la cuenca receptora. Nos explicaremos.
La llegada de caudales que se prometían abundantes para el Sureste y, sobre todo, a un bajísimo precio, ha causado una gran burbuja socio-económica en la región. Los recursos hídricos con los que contaba la zona que se benefició en principio con las aguas trasvasadas (principalmente por medio de pozos) se transfirieron a las zonas marginales mediante ventas encubiertas. Después se amplió la delimitación de la zona beneficiada con aguas trasvasadas para incluir las zonas marginales, pasando a repetir la operación. Con lo que resulta que los pozos que explotaban zonas ahora regadas con aguas del Trasvase, han pasado a alimentar riegos fuera de dichas zonas. Operaciones que se realizan mediante una red intrincada de conducciones ignoradas por la Administración hidráulica. Como consecuencia, la sobrexplotación de acuíferos no solo no se ha frenado, sino que continúa en aumento (en contra de lo establecido por la Directiva Marco del Agua europea).
A la burbuja hidro-económica se han venido a sumar otras burbujas en una maraña de especulaciones: la fiebre del ladrillo en la costa y en el interior, con construcción de urbanizaciones insostenibles, así como la promoción de resorts acompañados con frecuencia de campos de golf, actividades todas ellas que generan un apetito desordenado de agua. El mercado negro constituye una de las consecuencias de esta situación, produciendo rupturas de la cohesión social. Incluso se producen ventas de agua de las aguas trasvasadas que, aunque reconocidas y condenadas por el Scrats, no han sido denunciadas en ningún caso, cuando constituyen una obligación de las comunidades de regantes como corporaciones de derechos públicos que son.
El broche de la situación se ha puesto de manifiesto en el Campo de Cartagena: mientras las administraciones hidráulica y agrícola miraban por otro lado, han surgido en esa área unas 20 000 hectáreas de nuevos regadíos que se suministran mediante la extracción de aguas subterráneas salobres. Con el objeto de hacerlas aptas para los cultivos se han instalado, al parecer, hasta un total de 300 plantas desalobradoras. No existen autorizaciones administrativas de extracciones ni de vertidos. Los denominados «rechazos», es decir los volúmenes de agua resultantes de la operación de las membranas de las plantas, con elevado contenido en sales, junto con los drenajes de los terrenos que evacúan los sobrantes de los agroquímicos empleados, son derivados mediante desagües superficiales al Mar Menor (véase «El Mar Menor y el Trasvase Tajo-Segura»). Con lo cual se produce un doble efecto: se disminuye la aportación subterránea de agua menos salina al Mar Menor procedente de los acuíferos y, en cambio, se le vierte superficialmente agua con el doble de salinidad conteniendo fertilizantes y pesticidas. El resultado ha sido el de transformar el Mar Menor en un nuevo Mar Muerto salinizado y eutrofizado, con crecimiento incontrolable de medusas y otras especies invasoras. Lo que no parece haberse tenido en cuenta (¿?) es la repercusión sobre el turismo y la fiebre del ladrillo en las riberas, produciéndose de este modo un curioso fenómeno de interferencias entre los problemas. Pero el caso del Mar Menor puede ser ten sólo la punta del iceberg de una situación ambiental insostenible.
En resumen: las aguas del Trasvase han causado grandes perjuicios ambientales y socioeconómicos en la cuenca del Tajo, pero también, a modo de boomerang y por efecto reflexivo, no son menores las afecciones ambientales y socioeconómicas que están produciendo sobre la cuenca del Segura: mayor sobrexplotación de los acuíferos ya sobrexplotados en alto grado; disminución de las aportaciones de aguas subterráneas a los ríos y a zonas costeras como el Mar Menor, con aumento de la salinidad; mayor contaminación por los excesos de agroquímicos utilizados para aumento insostenible de la producción agrícola; mercados encubiertos de agua ilegales; descontrol administrativo, con descenso de la moral pública; aparición de lobbies con posiciones dominantes sobre la gestión de la totalidad de los recursos de la región (CROEM, SCRATS, Proexport, Asaja, Apoexpa, Fecoam, Fecamur, Asociación de Hortofrutícolas, Agrupal, COAG, UPA, Junta de Usuarios del Segura ─Jucers─, …); secuestro de la opinión pública, con campañas en los medios de comunicación financiadas por los lobbies; inhibición de las administraciones hidráulicas sumisas ante el poder de los lobbies. Se trata de un fenómeno que se ha presentado en otras partes del mundo y cuya situación final ha sido resumida como de las 3 D: «degradación ambiental, decaimiento económico, desintegración social».
LA SALIDA DEL LABERINTO: ¿CAMBIO DEL MODELO AGRARIO?
Comienzan a llegar a nuestro país nuevas ideas, en circulación por la Unión Europea, que propugnan un cambio en el modelo agrario actual. El motor de dicho cambio radica en la afección de los alimentos a la salud de los ciudadanos. Así es frecuente ver en nuestros supermercados preparados de avena y soja como alternativa a los productos lácteos; alimentos que no contienen gluten; fresas más pequeñas y con más sabor que no proceden de Huelva; tomates «de sabor»; etc. ¿Qué está pasando? ¿Es el comienzo de una nueva revolución en el mercado alimentario que se transmitirá a la fase de producción? Hasta ahora la producción de alimentos en el Sureste se basaba más que en la calidad en la producción masiva de productos en competencia con Marruecos y otros «terceros países». Pero, al parecer, estos productos (p.ej. tomates) están comenzando a ser sustituidos por otras producciones europeas de mayor calidad, en cuyo cultivo se restringe el uso de agroquímicos, con la consiguiente bajada de precio para los españoles. ¿No será un error intentar competir con «terceros países» con costes de producción mucho más bajos, a costa de productos de baja calidad subvencionados por el Estado masivamente?
Y en este marco se encuentra el agua como medio de subvención. ¿No será un error estratégico de calado proporcionar volúmenes abundantes y baratísimos de agua a todo el que la solicite («Agua para todos») para producciones «tercermundistas»? ¿No debería dejarse de utilizar el agua para un política de impulsión de un desarrollo ineficiente y carente de futuro y, en cambio, poner su gestión en camino hacia la producción de alimentos saludables, más rentables económicamente y sostenibles ambientalmente? ¿No se dirigen por este camino (tímida y débilmente) la PAC y la DMA? Para ello también habría que reorientar la política del reparto de ayudas de la PAC, dirigiéndola hacia los empresarios innovadores orientados hacia la calidad de los alimentos, evitando el «café para todos» de una política dirigida por los grandes lobbies.
Además resulta que en el Sureste, en cuanto al Trasvase, las superficies regadas con dichos recursos, los puestos de trabajo creados y la aportación al PIB regional de las superficies que utilizan aguas trasvasadas están descaradamente infladas por el SCRATS pro domo súa. Como se pone de manifiesto en la entrada «Las verdaderas mentiras del trasvase Tajo-Segura», el problema de los riegos del Sureste se resume en que, con el modelo actual (agua trasvasada cuasi regalada, a modo de maná administrativo), sobran unas 40 000 hectáreas de regadío que podrían recuperarse por el Estado, en una operación similar a la reconversión siderúrgica, naval o de la minería, por menos de 1600 millones de euros. Frente a esta alternativa nada desdeñable, pues resolvería de una vez y para siempre el «gran problema hidráulico nacional», se pueden plantear otras que deberían ser estudiadas dentro de una verdadera planificación de la cuenca, independiente de las posiciones dominantes de los lobbies agrícolas y de exportación Las alternativas pueden variar desde la intervencionista a la de libre mercado. En la primera, se trataría de considerar la cuenca como un sistema único con una gestión integrada del agua (tipo Israel) con precio único, contemplando la totalidad de los recursos (superficiales, subterráneos, reutilizados, desalobrados, desalados, ahorrados); las administraciones hidráulicas y agrícolas determinaría la asignación de volúmenes según los cultivos (dirigidos hacia una verdadera eficiencia y competitividad «europea») primando la innovación y la eficiencia de uso, eliminando el galimatías existente entre riegos belluguianos, históricos, de la ley de 1953, trasvasistas, mediopensionistas y otros. En el otro extremo tendríamos la aplicación estricta del «mercado libre», que sería bien vista por nuestros neoconservadores a ultranza. Un poco menos «neoliberal» sería la puesta en marcha de los «bancos de agua», mercado vergonzante que puede ser fácilmente manipulable por los intereses dominantes.
En definitiva. las acciones que aparecen como más viables y operativas consisten en poner en marcha un auténtico programa de reconversión agraria del Sureste, pasando de regadío a secano 40 000 hectáreas, que serían adquiridas por el Estado, o bien planear mediante estímulos económicos y fiscales un cambio de modelo agrario en línea con las ideas del Unión Europea, orientado hacia el futuro, teniendo como premisas la producción saludable (mínimos o nulos agroquímicos), eficiente (competitiva con Europa y no con terceros países) y sostenible ambientalmente (no más mares muertos).
Volvamos, para terminar, al Tajo. ¿Cómo quedaría el Trasvase? Como expusimos al comienzo de este apartado el Trasvase debería finalizar como máximo a los 50 años de su puesta en servicio. Es decir, existe tiempo suficiente ─si no se deja transcurrir en vano─ para las adaptaciones necesarias de la agricultura del Sureste. Los trasvases deberían ir disminuyendo progresivamente, como lo reclaman la situación, la lógica, la equidad, la solidaridad y el sentido común. No se debe volver a engaños como el del Memorándum, con promesas de caudales trasvasados imposibles. La cuenca del Tajo volvería a contar con los recursos de su río principal para la recuperación de actividades ligadas al agua (deportivas, turísticas, recreativas, culturales, comerciales, …) y riegos de apoyo con dotaciones reducidas para la producción de productos agrícolas de calidad (vino, queso, aceite, hortofrutícolas en las vegas, cereales bajos en gluten, etc.). Los niveles en Entrepeñas y Buendía se mantendrían lo suficientemente elevados para permitir la recuperación de la economía de los municipios ribereños basada en actividades ligadas al agua. El abastecimiento de la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo tendrían prioridad ─como establece claramente la Ley de Aguas─ para asegurar sus abastecimientos captando agua del río Tajo.
El Acueducto Tajo-Segura podrá servir en el futuro como garantía para situaciones de sequías extremas ─reales─ o contingencias debidamente justificadas. También para la transferencia de agua para los abastecimientos urbanos de Castilla-La Mancha (Llanura manchega y Albacete). En total, el agua derivada de la cabecera del Tajo a través del ATS no debería superar como media los 150 hm³ anuales, conforme se indicaba justificadamente en el borrador secuestrado del plan del Tajo de 2011.
