La génesis del Trasvase: una estrategia bien calculada

El trasvase Tajo-Segura, apuntado durante la República en 1932, abandonado justificadamente en la posguerra y recuperado en 1953 por los terratenientes murcianos, tuvo su plasmación legal en 1967, incluyéndose en el II Plan de Desarrollo Económico y Social, en plena época tecnocrático-franquista del Opus, mediante el «Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de España, Complejo Tajo-Segura». Se planteó como una operación del Estado que favorecía a las cuencas del Tajo y del Segura; se venía a decir, de manera simplista, que se produciría un doble flujo: una corriente de agua hacia el Segura y una «contracorriente» monetaria hacia el Tajo. De esta manera se «compensaba» a la cuenca cedente por la pérdida de sus recursos naturales en favor de otra región que sacaría del agua un mayor beneficio económico.

Su autoría correspondió a un equipo de ingenieros del Centro de Estudios Hidrográficos dirigidos por José María Martín Mendiluce y José María Pliego. El Centro fue «recreado» en 1960, pues el organismo homónimo original fue creado por Lorenzo Pardo en época republicana para la elaboración del Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, siendo suprimido después de la guerra civil. Se da la circunstancia de que el Trasvase Tajo-Segura ha constituido «un timbre de gloria» para el Centro, de modo que dicho organismo (un verdadero think tank de la Dirección general de Obras Hidráulicas) ha sido un acérrimo defensor del Trasvase desde entonces, proporcionando copiosos estudios técnicos en defensa del mismo ─aunque fuese a costa de torturar los datos hasta hacerles confesar ideas preestablecidas─.

El Centro de Estudios Hidrográficos fue continuador de la política hidráulica de la autarquía que propugnaba la «autosuficiencia» de la economía española basada en la construcción de embalses para el regadío y la generación de energía eléctrica, ideas que se trasformaron en dogmas. Desde 1960, con los Planes de Desarrollo, se incorporó la obsesión por los trasvases de «tipo californiano», deslumbrados por las realizaciones en el oeste de los EEUU. Si dicha política tuvo alguna razón de ser en una época (décadas de los años 40 y 50 del pasado siglo), en la que el 50% de la mano de obra española trabajaba en el campo y existía una gran penuria de alimentos, en la actualidad dichas ideas están «fuera de tiempo», cuando la agricultura (no sólo el regadío) proporciona menos del 3% del PIB y emplea menos del 5% de la mano de obra (incluyendo empleos irregulares).

Pero antes de llegar al «Anteproyecto» de 1967 fue necesario llevar a cabo ─en una estrategia calculada─ algunos trabajos «preparatorios», como fue la construcción de los grandes embalses de Entrepeñas y Buendía y dar solución al abastecimiento de Madrid.

La construcción en los años 50 de los grandes embalses de Entrepeñas y Buendía, con una enorme capacidad de 2474 millones de metros cúbicos, «casa» mal con los objetivos con los que se intentaron justificar: aumento de los regadíos de la cuenca del Tajo y protección frente a avenidas de las vegas de Aranjuez y Talavera de la Reina. No hacía falta tan extraordinaria capacidad para cubrir racionalmente los objetivos confesados. Está claro que la razón era la del trasvase «republicano» (ahora metamorfoseado en «californiano») aunque en la situación política de entonces se intentara ocultar su última finalidad.

En 1965, cuando ya estaban avanzados los proyectos del Trasvase, se produjo un colapso en al abastecimiento de Madrid, abastecimiento que requería enérgicas medidas de ampliación. El ministro Silva Muñoz puso en marcha un amplio programa de obras, consistentes principalmente en la construcción de embalses en los ríos Manzanares (recrecimiento de Santillana), Guadalix (El Vellón) y Lozoya (Pinilla y El Atazar). La actuación de más relieve fue la denominada AMSO (Abastecimiento Madrid Solución Oeste), que consistía en la captación y elevación (300 m) de las aguas del río Alberche desde el azud de Picadas.

Pero resultaba que el propio Canal de Isabel II (en aquellos años dependiente directamente del Ministerio de Obras Públicas) había estudiado la toma de agua desde el embalse de Entrepeñas y su conducción por gravedad hasta la planta de tratamiento de Colmenar Viejo (una de las mayores de Europa) desde donde el agua se podría distribuir a la mayor parte de la entonces Área Metropolitana de Madrid (Vid. Memoria 1955 del CYII). ¿Por qué se recurrió a elevar caudales 300 m, con su alto coste asociado, en lugar de conducir aguas «rodadas» desde el alto Tajo? La respuesta es clara: los ingenieros que desarrollaron los proyectos de la Solución Oeste eran los mismos que estaban confeccionando el «Anteproyecto» del Trasvase, y prefirieron «reservar» las aguas del Tajo para su opus magnum. Llegaron a confesarlo abiertamente en el propio «Anteproyecto», indicando que las aguas del Tajo se reservaban para su trasvase al Sureste «por su mayor interés nacional». De verdad, ¿puede afirmarse que unos regadíos, por rentables que fueren, son de mayor interés nacional que el abastecimiento de la mayor concentración urbana de España, el mayor centro financiero y la segunda región industrial?

Con estas dos actuaciones sorprendentes dejaron ─de momento─ expedito el camino del Trasvase y, una vez hecho público el Anteproyecto pasaron a encarar otras dificultades originadas por la oposición (débil) de la cuenca del Tajo, si bien en un contexto político escasamente propicio a oponerse a líneas «oficiales». La oposición se concentró en Toledo y Cáceres. Madrid, por diversas razones ─en las que no entraremos ahora─ ha estado desde entonces ausente de estas cuestiones.

Para forzar el «trágala» a las fuerzas vivas del Tajo, en 1971, ante una oposición no demasiado fuerte por parte de algunos responsables políticos de Toledo y Cáceres, se promulgó la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. Su exposición de motivos muestra claramente la «protección» que se establecía para la cuenca del Tajo: «En primer lugar y para mayor garantía de los distintos usuarios de la cuenca del Tajo, que no han de ver mermadas sus posibilidades de desarrollo por escasez de recursos hidráulicos, como consecuencia del trasvase,debe confirmarse que no podrán superar la cuantía de 600 millones de metros cúbicos (para el trasvase)(…)».

En el articulado de la Ley de 1971 se incluía una serie de obras hidráulicas en las provincias afectadas; obras de construcción de embalses, puesta en regadío de extensas superficies, depuración de aguas residuales, etc. Como resulta que dichas obras no se antepusieron a la realización de las del Trasvase, se puede adelantar que poco de lo prometido ─recogido en leyes─ se ha llevado a cabo. Los escasos presupuestos oficiales de la época se dedicaron en su gran mayoría a las obras del Trasvase y Postrasvase. Por otra parte, la única preocupación «ambiental» que se recogía en la referida ley era la promesa de llevar a cabo «Las (obras) que resulten necesarias para la conservación de niveles del Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina», párrafo que muy posteriormente, en los planes hidrológicos derivados de la Directiva Marco del agua europea, darían mucho que hablar.

Para cerrar el capítulo de supuestas «garantías» para la cuenca cedente, en la Ley 52/1980, de regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura, promulgada ya en época democrática, se establecía que «La Administración adoptará las medidas pertinentes a fin de que, mediante la regulación adecuada, las aguas que se trasvasen sean, en todo momento, excedentarias en la cuenca del Tajo. (…) El carácter de excedentarias se determinará en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo». Después se verá que, en cuanto el Plan del Tajo no se plegó a sus abusivos intereses, esta última disposición legal se considerará por los beneficiarios del Trasvase como una espina clavada, y conseguirán con el apoyo de una Administración hidráulica «consentidora», la anulación de este precepto legal, con lo cual se desvirtúa la garantía de que las aguas que se trasvasaran fuesen «sobrantes».

Pero el objetivo inicial del Trasvase, la derivación hacia la cuenca del Segura de 1000 hectómetros cúbicos al año (hm³/año), resultó un gran fiasco para los responsables de la administración hidráulica y los «cerebros» del Centro de Estudios Hidrográficos. El «Anteproyecto» cifraba ─de manera confusa─ en 1400 hm³/año las aportaciones de la cabecera del Tajo y en 1200 hm³/año los «caudales regulados», con lo que resultaba factible ─desde la mera consideración de las cifras desnudas─ trasvasar 1000 hm³/año al Segura. Frente a estas desafortunadas previsiones, los diputados de 1971, con prudencia, rebajaron la cifra de los 1000 hm³/año a una cantidad de hasta 600 hm³ mientras no se hiciesen una serie de obras en la cabecera del Tajo (que se han dejado ad calendas graecas). Pero incluso para esta cifra, es decir, hasta un máximo de 600 hm³/año, la naturaleza se encargó de desengañar los «sueños de la tecnocracia». Durante la vida útil hasta ahora del Acueducto Tajo-Segura (periodo 1980-2015, es decir, 35 años) sólo se han podido derivar unos 330 hm³/año, es decir una tercera parte de lo proyectado en principio. ¿Cómo se podría calificar un proyecto que sólo alcanza a cubrir la tercera parte de su objetivo?

Una necesidad económica imperiosa: la drástica bajada de los costes del Trasvase

La segunda cuestión importante que tuvieron que resolver los responsables del Centro de Estudios Hidrográficos fue la económica, ya que a poco que se hicieran las cuentas, la rentabilidad del Trasvase no salía ni de lejos. Máxime cuando hubo que acallar las reclamaciones de las compañías hidroeléctricas a las que se privaba de la generación hidroeléctrica en los saltos del Tajo desde Bolarque hasta la frontera portuguesa. Se les compensó por 600 hm³/año de detracción, es decir, por el doble de lo realmente derivado. En cuanto a Portugal, hubo negociaciones para que permitiera la derivación de hasta 1000 hm³/año de la cabecera del Tajo hacia el Mediterráneo; se ignoran las compensaciones derivadas de dichas negociaciones, que en cualquier caso, serían asumidas por «razones de Estado».

También se presentaba el problema del gasto energético de la elevación de Bolarque, de unos 300 m, equivalente a un consumo de 1 kWh por cada metro cúbico. La asunción de ese coste por los beneficiarios hubiera resultado ruinoso para ellos. El Estado acometió una curiosa operación: construyó un salto reversible, con un embalse superior (La Bujeda), de manera que se elevaba un volumen superior al de trasvase en las horas valle desde el embalse de Bolarque, consumiendo energía más barata, y se turbinaba la diferencia de volúmenes en las horas punta, de energía más cara. Se trata de un procedimiento usual de regulación de la curva eléctrica; lo curioso de este caso es que se hizo por iniciativa y financiación estatal para beneficio exclusivo de los regantes del Sureste. Esta actuación podría haberse realizado en cualquier otro sitio, sin necesidad de apoyarse en el Trasvase; también se podría haber hecho bombeando y turbinando un caudal mayor independiente del que hubiera que trasvasar, con lo cual podría haberse obtenido un coste nulo para la elevación de los volúmenes de Trasvase. Es decir, una operación ligada al Trasvase, para beneficiar a un grupo de regantes a costa del Estado, de muy dudosa justificación.

Y, por fin, se hizo una operación de «ingeniería financiera» avant la lettre: el valor de las obras construidas por el Estado de cara a su amortización por los regantes se redujo al 60% de su valor, al pasar de 1000 a 600 hm³ el volumen máximo a trasvasar, sin tener en cuenta que algunas instalaciones o elementos no guardan relación con el volumen trasvasado; por otra parte, no se tiene en cuenta que nunca se alcanzarán los 1000 hm³/año. Es decir, nuevo fiasco que representa un 40% de pérdidas de la inversión llevada a cabo por el Estado. Pero además, resulta que las obras del trasvase no se amortizan según una cantidad fija (actualizada) cada año, no. Se amortizan por el agua realmente trasvasada; viene a ser como si un inquilino no pagase por la vivienda que tiene alquilada los días que está de viaje. Total: sólo de amortizará durante la vida útil del Trasvase un 34% del valor de la inversión del Estado. En este solo capítulo, el Estado (todos los españoles) venimos a perder a favor de los beneficiados del Segura un 66% de la inversión efectuada en el Trasvase y en las obras del Postrasvase (para más detalle, véase la entrada «Las trece subvenciones encubiertas del Trasvase Tajo-Segura y un epílogo imposible»).

La bajada de las tarifas del Trasvase se remató con otra operación también de dudosa legitimidad: se incorporó al abastecimiento entre los beneficiarios del Trasvase, de modo que se soslayó la preferencia de los abastecimientos en el uso de los recursos hídricos propios de la cuenca del Segura en beneficio de los riegos. Como para los usos de abastecimiento se impuso una tarifa de valor doble que para los riegos, los beneficios de estos últimos resultan indudables. Es decir, se trata de una maniobra de transferencia económica desde los ciudadanos hacia el lobby de regantes. Adicionalmente se jugó con la ventaja de utilizar a los ciudadanos como escudo protector del Trasvase con objeto de reclamar mayores cantidades de agua.

Las mal llamadas «compensaciones» a la cuenca cedente con motivo del Trasvase también resultan otro fiasco más: los beneficiarios pagan a través de la parte a) de la tarifa solamente un 34% de la inversión del Estado, y esa es precisamente la parte que el Estado cede «generosamente» a las comunidades autónomas de la cuenca del Tajo (Castilla-La Mancha, Cáceres y Madrid). Por tanto, ni los beneficiarios pagan «compensaciones» ─tan solo una parte mínima de la amortización de las infraestructuras de las que tanto se benefician─, ni el Estado ha realizado en la cuenca cedente las obras prometidas por ley antes de la consumación del Trasvase.

¿Qué se consiguió con este planteamiento?: El gran problema nacional del agua

Se ha planteado la operación del Trasvase como «el broche de oro de la ingeniería hidráulica española» por los responsables de la Administración hidráulica alentados por el Centro de Estudios Hidrográficos y sus adláteres. Cualquier delegación nacional o internacional relacionada con el agua y los riegos que se tuviese a mano, se «paseaba» por las obras de trasvase como ejemplo de lo que luego se llamaría pomposamente «la marca España del agua». Los ciudadanos de Toledo, Cáceres y Madrid habían perdido; el Estado (todos los ciudadanos) habían pagado; los ciudadanos del Segura también pagaban; los beneficiarios de la operación eran solamente un grupo de terratenientes agrupados en un lobby trasvasista.

¿Cuál fue la consecuencia del planteamiento de trasvasar agua abundante y barata para el Sureste? Lo que la lógica económica dicta: se desató una gran apetencia de agua, puesta en riego de terrenos y especulaciones varias con mercados de agua encubiertos. Las superficies de riego florecieron ante las expectativas de la llegada de grandes volúmenes cuasi regalados, sin planificación alguna, prescindiendo de cualquier tipo de autorización. Se inventó por los técnicos del Centro de Estudios Hidrográficos el término de «déficit estructural» de la cuenca del Segura, que era una especie de bula para reclamar indefinidamente más recursos pagados por el Estado. Se creo un potente lobby de terratenientes que, con amenazas de tipo político, mantiene sumisos a los poderes regionales y nacionales. Se descubrió las ventajas económicas de contar de forma cuasi permanente con decretos de sequía que permiten la exención de tarifas y cargas. Se ha llegado a decir que, en cuanto a la política del agua en el Sureste, se ha establecido la doctrina de «barra libre, que paga el Estado».

La «burbuja del ladrillo» ya en el siglo XX, debida al desordenado y masivo desarrollo de la urbanización costera en el Sureste, así como la proliferación de proyectos de «campos de golf» en la región, y el desarrollo ilegal de la puesta en riego de decenas de miles de hectáreas, desataron la última (por ahora) ola especulativa ligada al agua. La situación de «fuera de control» del Mar Menor es un claro ejemplo de hacia donde conduce la política seguida.

Corolario: La política del agua en España seguida desde la guerra civil, basada en la idea de que el Estado se encontraba en la obligación de ofertar agua abundante y barata para cualquier uso en cualquier región, ha llevado a la creación de un gran problema hídrico-económico en el Sureste. La soluciones que se han planteado (siempre desde una política de oferta) se han basado en «vender» como «problema nacional» lo que no deja de ser una mera apetencia de enriquecimiento de un grupo de terratenientes regional agrupados en un lobby trasvasista.

¿Habrá llegado la hora de efectuar otros planteamientos (por ejemplo, políticas enfocadas desde la demanda con rigurosos criterios económico/fiscales) para resolver/paliar/conllevar este problema regional que se quiere plantear por los interesados como el gran problema nacional del agua?

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