Matiza el consejero, sin embargo, que “una cosa es ponerse de acuerdo en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en materia de agua, que deberíamos hacer todos, y otra que una vez puestos de acuerdo, teniendo que negociar esto con otras comunidades y con el Gobierno central, tuviéramos que renunciar a algunas de nuestras posiciones porque todo el mundo tiene que negociar”.
De hecho, apunta que “en la política hay que tener en cuenta que no se puede conseguir todo en una negociación y que hay que ser capaz de renunciar si se quiere un pacto”.
(De la noticia «Page: “Debemos avanzar en serio en un gran pacto nacional sobre el agua”», que recoge declaraciones del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo).
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se están enviando mensajes cuanto menos preocupantes sobre el Pacto Nacional del Agua. En la entrada «Trasvase Tajo-Segura: pactos, memorándum, despotismo hídrico» repasamos el historial de engaños y trampas en los que históricamente han caído los gobiernos de Castilla-La Mancha, ya sea inocente o maquievélicamente, cuando han alcanzado acuerdos sobre el trasvase Tajo-Segura. ¿Estaremos en la antesala de otro «pacto de la vergüenza»?
Conviene evitar caer en las trampas del lenguaje. La palabra «pacto» es tentadora, y oponerse es aparentemente imagen de intransigencia. Pero cuando tras los pactos hay falta de ética ─caso de la propuesta del «Pacto Nacional del Agua»─ los resultados nunca serán buenos. La Historia está llena de pactos alcanzados basados en hacerse con los bienes de terceras partes, que derivaron en situaciones de mayor injusticia y explotación. La palabra «pacto» no es intrínsecamente positiva, sino que su bondad depende de qué es lo que se pacta y las condiciones en las que se hace.
Con «Pacto Nacional del Agua» lo que se persigue es mantener la posición de privilegio de un lobby de regantes. Es el intento de continuar con la política del agua de las últimas décadas, enfocada a intentar tapar el fiasco del trasvase Tajo-Segura, sin atisbo de autocrítica ni de análisis de los efectos perniciosos que tiene sobre la cuenca del Tajo. Se pretende seguir apretando al Tajo, con la posible implicación de otras cuencas ─Duero y Ebro─, y el desvío de inversión y gasto público para beneficiar al lobby.
No se trata de un problema nacional, ni tampoco autonómico. Este cariz se le da por la alineación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas receptoras del agua del trasvase Tajo-Segura con los intereses del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura), ya sea por miedo a tractoradas y pérdidas de votos o por negarse a reconocer que el trasvase Tajo-Segura es insostenible. No está detrás el interés general, sino el particular del SCRATS.
Entonces, ¿qué tiene que pactar el Gobierno de Castilla-La Mancha? La situación de degradación y sobreexplotación que tiene el Tajo, y en especial su cabecera, es un asunto de justicia social y ambiental. Corregirla o aumentarla es cuestión de convicción, no de negociación. Negociaciones en las que Castilla-La Mancha tiene desventaja. El SCRATS, con los beneficios obtenidos tras recibir continuas subvenciones, financia campañas publicitarias con las que además de mejorar su imagen controla voluntades, encarga estudios a medida para su beneficio y se dota de un potente gabinete jurídico. Además, la Administración pone a su disposición sus medios: Dirección General del Agua, Centro de Estudios Hidrográficos y, a nivel autonómico, el Instituto Euromediterráneo del Agua. En frente, el Gobierno de Castilla-La Mancha expone una desnudez técnica que ni preocupa ni intenta solucionar. Son las condiciones en las que se han alcanzado pactos en el pasado, donde se han intercambiado cromos a costa de condenar al Tajo y su cabecera, con algún logro aparente que se vende profusamente en los medios de comunicación, pero que el tiempo se encarga de mostrar que es insignificante. Es el escenario que parece desprenderse de las declaraciones del Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. De ser así, tendremos el Memorándum 2.0.
