La tesis «Economic valuation of water use for irrigation in the Segura river basin. Assesment of economic instruments for aquifer management» («Valoración económica del uso del agua para riego en la cuenca del Segura. Evaluación de instrumentos económicos para la gestión de acuíferos»; David Martínez Granados; 2016) ha sido galardonada con «el PREMIO 2016 a mejor Tesis Doctoral» de la Cátedra Aquae de Economía del agua. Como se refleja en la reseña de la web de Aquae, el autor ha participado activamente en los trabajos de planificación de la cuenca del Segura. Así, no es de extrañar las concordancias entre la tesis y la filosofía de los estudios económicos del plan del Segura.
El apartado «Capítulo VI. Conclusiones» es un buen resumen del enfoque de la tesis y de las medidas planteadas. En este planteamiento, no aparece por ningún lado la adaptación de la actividad agraria a las disponibilidades del recurso, salvo la conclusión de que la «compra de derechos de agua subterránea por parte de la Administración, reduciría permanentemente los bombeos no renovables, resolviendo el problema de la sobreexplotación y respetando la renta de los agricultores, aunque a costa de una notable reducción de la producción y el empleo agrario y un elevado coste presupuestario».
Es decir, se asume que hay obligación de «mantener la renta de los agricultores del Segura». Aunque para ello haya que pagar costosas subvenciones para que no toquen los acuíferos sobreexplotados. O, ya sea alternativa o complemento, subvencionar el agua desalada para sustituir las extracciones de agua subterránea, que «tiene un menor coste para la Administración».
Este planteamiento, consistente en poner los medios de la Administración para favorecer el interés económico del lobby de regantes del trasvase, es aplaudido y premiado por contribuir a las «actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre la economía del agua» de la Cátedra Aquae de Economía del Agua. Aunque tiene poco de innovador, pues es la línea de actuación que se está siguiendo desde la Administración, lo único que en vez de realizarse de forma planificada, se hace a golpe de decretos de sequía.
Se defiende en la tesis la «relativa inelasticidad de la demanda de agua para la agricultura de regadío». Entonces, ¿por qué la reticencia desde el SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) a comprar el agua desalada a su precio? Si realmente fuera inelástica la demanda y el regadío del Sureste fuera tan rentable como se defiende, el precio del agua desalada no sería un problema si asegura la producción. Pero hay que considerar que hay una gran variación de la rentabilidad de cada cultivo, que a su vez presenta fuertes variaciones interanuales. Incluso se indica en la tesis que «existen notables diferencias entre zonas». Por tanto, teniendo en cuenta que el agua es una materia prima indispensable, hay productos y zonas que admiten pagar un mayor precio que otras, lo que contradice el supuesto de la inelasticidad de la demanda para el regadío. Así, un encarecimiento de los precios del agua supondría que los productos que ahora tienen rentabilidad más baja dejarían de ser rentables, por lo que saldrían del mercado y se produciría una reducción de la demanda. Sin embargo, con la política actual de agua subvencionada (del trasvase Tajo-Segura y la desalación) se está provocando el efecto contrario: un aumento de la demanda ─con el consiguiente daño ambiental y a la competencia de otras regiones─ como consecuencia de no aplicar una correcta política de recuperación de costes. Lo que existe es un deseo/exigencia por parte del lobby de tener agua barata y en abundancia, que el autor de la tesis pretende hacer pasar por inelasticidad de la demanda.
Como resumen, la rentabilidad del regadío del Sureste es una premisa irrefutable, que se ha de asumir sin opción a cuestionarla. Se justifica que la política hídrica esté a su servicio, anteponiéndose el beneficio del lobby sobre la protección del recurso. Los costes adicionales, tanto para disponer de más agua como para intentar paliar los desaguisados ocasionados por la actividad del lobby, han de ser pagados por todos o bien ignorados ─caso del trasvase Tajo-Segura o la sobreexplotación de acuíferos─, mientras que los beneficios por la venta de lechugas, pepinos y otros son privados. Es la «política del agua» seguida por la Administración. Así, hacer seguidismo del oficialismo e interés del lobby, plasmando sus requerimientos en una compilación documentos, usando una superflua jerga de economista de salón y plantando la palabra «tesis» en la portada, es premiado por investigación e innovación.
