Justificación

Durante los días 3 y 4 de noviembre de 2016 se celebró en el Ayuntamiento de Madrid el «Encuentro de ciudades por el agua pública», jornadas que trataban sobre la privatización y la remunicipalización de los servicios de abastecimiento de agua a las ciudades. Entre las interesantes ponencias y mesas redondas desarrolladas, concitó especial atención la intervención de Francisco Prieto, nombrado hace unos meses director general del Canal de Isabel II Gestión S.A. Entre sus respuestas a las preguntas de los asistentes al Encuentro, merece la pena destacar sus afirmaciones acerca de que ahora el Canal no participaría en otros negocios fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid como llevó a cabo en el pasado, en consonancia con las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes, así la de mantener al Canal como empresa pública. No obstante, justificó la separación de la matriz del servicio público «Canal de Isabel II» de la operadora «Canal de Isabel II Gestión S.A.». Sus afirmaciones representan un cambio político importante respecto a la trayectoria del Canal en los últimos años, aunque suscitan algunas dudas. En las líneas que siguen se exponen algunos comentarios. Pero antes se hace necesario efectuar una especie de «flash back» para situar la cuestión en su contexto.

La importancia del tema radica, por una parte, en la dimensión de la zona abastecida por el Canal, la Comunidad de Madrid, con algo más de 6 millones de habitantes, que incluye la segunda zona industrial de España y la primera de la economía y los servicios. Su facturación se aproxima a los 900 millones de euros y la empresa es considerada como la «joya de la corona» de la Comunidad de Madrid, lo que lo hace vulnerable a una política clientelar en cuanto a empleos de políticos del partido en el gobierno y allegados, así como su utilización política para financiar actuaciones fuera del ciclo del agua. Por otra parte, el Canal de Isabel II fue creado hace 165 años como una empresa pública. Desde entonces ha venido prestando un prestigioso servicio de calidad, siendo puesta de ejemplo por el Banco Mundial como empresa pública de éxito. El rumbo emprendido en los últimos diez años hacia su privatización, dentro de un contexto puramente ideológico pero sin ninguna justificación racional, hace que su vuelta a la esfera pública constituya un caso digno de análisis.

Antecedentes: el Canal emprende el camino de ampliar su negocio.

El viaje hacia la privatización del Canal de Isabel II comenzó hacia 1993, bajo el gobierno socialista de la Comunidad de Madrid de Joaquín Leguina y la presidencia del Canal de Agapito Ramos. Entonces se consideraba que el potencial de la empresa (totalmente pública entonces y todavía no se pensaba en otra cosa) le permitía/obligaba a emprender otros negocios aprovechando sus saneadas finanzas y su abundante y cualificado personal.

Roque Gistau, director gerente, y Juan Luis de la Puente, director financiero, decidieron concurrir a diversos concursos de concesiones, entre ellos el saneamiento de San Fernando (Cádiz) y el abastecimiento de Cáceres en España, así como otros concursos internacionales, entre los que merece la pena citar el abastecimiento de Lima, el de Tucumán (Argentina) y la participación junto con Aguas de Barcelona (Agbar) en el abastecimiento de Buenos Aires. Dentro del mismo acuerdo con Agbar, ésta adquirió una importante participación en Hidráulica de Santillana, empresa filial con capital 100% del Canal.

A la vez se pretendía crear un grupo de filiales a la sombra del Canal. Además de Hidráulica de Santillana, con un saneado negocio en la explotación de las minicentrales eléctricas que se acababan entonces de construir, se potenció Hispanagua, filial para construcción de obras hidráulicas encargadas por el propio Canal, así como otras varias empresas, como puede servir de ejemplo la encargada de la explotación del servicio de trunking (comunicación privada para grupos de usuarios) que se pretendía extender a diversos servicios públicos de la Comunidad (bomberos, policías, empresas,…).

Se pensaba que la obtención de dichas concesiones de servicios ─sobre todo las internacionales─ proporcionaría una imagen de prestigio a la empresa y extendería su campo de acción con interesantes beneficios económicos para los madrileños, cosa nunca conseguida y que pertenece a la categoría de las «promesas electorales». Merece la pena detenerse un momento en el caso de Lima, que puede dar una imagen de lo que entonces se cocía.

Hacia 1994 Lima venía a tener una población de 7 millones de almas, con un crecimiento enorme y desordenado, surgiendo auténticos pueblos «jóvenes» en los suburbios (bidonvilles, en francés). Se abastecía a partir del río Rimac y de unos 300 pozos construidos en el centro de los «óvalos» (glorietas ajardinados dentro de la ciudad). Los pueblos «jóvenes» se abastecían por medio de cisternas particulares, con precio elevado y sin garantía sanitaria. El Banco Mundial había exigido la privatización de la empresa SEDEPAL, abastecedora de la ciudad, por medio de un concurso internacional. El Banco ofrecía un préstamo de 300 millones de dólares al adjudicatario con objeto de mejorar el suministro y su ampliación a los pueblos jóvenes. El proceso de privatización se encargó a una empresa consultora británica, que preparó la documentación técnica y económica de una manera ejemplar y con elevada profesionalidad. Cuando cayó Fujimori, el concurso no llegó a adjudicarse, permaneciendo el abastecimiento en manos públicas.

La etapa de Ruiz Gallardón (1995-2003)

En 1995 el gobierno de la Comunidad de Madrid pasó a manos del Partido Popular. Las primeras declaraciones tanto de su presidente Ruiz Gallardón como de Antonio Beteta, nuevo presidente del Canal, y Ricardo Domínguez, director gerente, fueron sorprendentes. Se intentaba dar marcha atrás en cuanto a participación en concursos internacionales. Se deshicieron los acuerdos con Agbar; el Canal tuvo que recomprar las acciones de Santillana con notables pérdidas; igual sucedió con su salida de la UTE para concursar al abastecimiento de Buenos Aires. Como en casi todos los negocios en que ha intervenido el Canal sólo se conocen informaciones sin contrastar ni documentar, fruto de la absoluta opacidad con que se han llevado estos asuntos.

Pronto apareció el sentido de estas renuncias: se trataba de «ordeñar la vaca del Canal en lugar de venderla». De esta forma, el Canal se utilizó para operaciones de inversiones públicas madrileñas, dada sus saneadas finanzas y abundantes fondos (aunque durante la campaña electoral se había insistido en el mal estado de sus finanzas, no importando faltar a la verdad para conseguir el propósito electoral). En primer lugar, se decidió que el Canal «recomprase» a la Comunidad de Madrid las plantas de tratamiento de aguas residuales, que habían sido financiadas por los presupuestos de la Comunidad. Con ello los madrileños pagaron dos veces por las depuradoras: la primera vez a través de impuestos; la segunda a través de los recibos del agua.

Desde 1995 hasta mediados de la primera década del nuevo siglo, los responsables políticos pensaron más en la utilización del Canal para financiar otras actividades que en su privatización. Así se dedicaron importantes inversiones a la ampliación de las líneas del metro, se construyeron los teatros del Canal, se contribuyó en la construcción en la calle 30 y en el nuevo Ayuntamiento de Cibeles y se creó la Fundación Canal, para colocar deudos y «compensar» a gente de la cultura. La operación Duch (Desarrollo Urbanistico de Chamartín, ahora rebautizada como DCN, Distrito Castellana Norte), en el norte de Madrid, para la que el Canal contribuiría con extensos terrenos, no llegó a cuajar entonces, pero la operación planteada pretendía, al parecer, que los jugosos beneficios obtenidos de los terrenos del Canal en la zona norte de Madrid pasasen en todo o en parte a la Comunidad.

Al final del gobierno de Gallardón (2003), el Ayuntamiento de Madrid transfirió al Canal las depuradoras de aguas residuales de la capital procedentes del PSIM (Plan Integral del saneamiento de Madrid, puesto en marcha por el Ayuntamiento en 1978) y la red de alcantarillado por suculentas cantidades abonadas prácticamente de inmediato (700 M€ en una primera fase y más de 400 en la segunda). El Canal pagaría casi de inmediato y se resarciría a lo largo de varias décadas (los plazos fueron ampliados a conveniencia). Previamente al traspaso, el Ayuntamiento subió notablemente las tarifas de saneamiento para el siguiente año, librándose así de las molestas consecuencias socio-políticas para el consistorio.

A la vez, hacia el año 2000, se reorganizaron los servicios internos del Canal. La principal modificación consistió en centralizar los servicios de adjudicación y contratación de obras y servicios, en los que anteriormente tenían intervención destacada las unidades responsables de la posterior explotación de las instalaciones. De esta manera se produjeron desajustes entre las unidades de construcción y de explotación, pero permitía la adjudicación con procesos centralizados y más opacos.

Etapas de Esperanza Aguirre e Ignacio González (2003-2015)

El director gerente del Canal, Ildefonso de Miguel (protagonista con anterioridad de uno de los mayores fracasos empresariales en España, el del canal de televisión de pago promovido por el grupo Lara de Barcelona) pronto llevó las buenas nuevas neoliberales al Canal: la remoción del personal directivo, sacán­do­lo del marco del Convenio colectivo a fin de poder nombrar y cesar a su albedrío, y la idea de la privatización de los servicios y su salida a Bolsa, con el objeto de poder conseguir fondos para la construcción de depuradoras y pozos.

Se daba la circunstancia de que, por una parte, no se veían las ventajas de sacar al personal directivo del Canal de dicho Convenio colectivo, pues se encontraban relativamente bien pagados y con seguridad en sus puestos. El tiempo vendría a manifestar que la salida del Convenio se traduciría, primero, en una abertura del abanico salarial para las mismas categorías basada en criterios clientelistas opacos, así como en la remoción del personal no servil, y en una segunda etapa, en bajada generalizada de salarios para todo el personal, aumentando las desigualdades excepto para los «clientelares».

En cuanto a las inversiones necesarias que justificaban la salida a Bolsa del Canal, nada más lejos de la realidad. Por una parte, las finanzas del Canal eran saneadísimas, lo que se pondría de manifiesto con los beneficios a repartir que trataremos más adelante. Por otra parte, las inversiones anuales del Canal para actuaciones justificadas no eran demasiado grandes; de hecho, parte de los presupuestos de inversión se dedicaban a actuaciones que, aunque interesantes, no resultaban ni urgentes ni imprescindibles para el buen servicio. Se sospechaba que la razón de tan abundante necesidad de financiación debería ser otra.

Asunto que comenzó a clarificarse poco después cuando se intentó un cruce con la entonces Caja Madrid. La entidad financiera adquiriría acciones del Canal; éste, a su vez, adquiriría acciones de Caja Madrid. Debido a ello, habría nombramientos cruzados en los correspondientes Consejos de Administración. El pinchazo de Caja Madrid/Bankia y el aplazamiento de la salida a Bolsa del Canal en 2009, frustraron las buenas expectativas para muchas personas. Solo quedó como recuerdo del lance el nombramiento de presidente de la matriz Canal de una persona procedente del sector bancario, sin relación hasta entonces con los temas de abastecimiento de población. Pero no adelantemos acontecimientos.

Se destinaron cuantiosas cantidades a bufetes de abogados y prestigiosas consultorías para llevar a cabo el proceso de privatización. Pero resulta que como se podía fácilmente adelantar, el proceso propuesto coincidía en sus principales líneas con el realizado años antes por la Compañía Telefónica Nacional de España. Con cambiar «dominio público radioeléctrico» por «dominio público hidráulico» se hubieran podido ahorrar ingentes sumas. Por supuesto, el asunto no era desconocido por los renombrados bufetes y consultoras. Al final el resultado fue el mismo que en la Telefónica: una empresa matriz (Canal de Isabel II) para la titularidad de los bienes públicos cedidos por el Estado a la Comunidad para el uso por el Canal (infraestructuras y concesiones de agua y energía hidroeléctrica principalmente) y una operadora para la gestión empresarial del abastecimiento. Con el tiempo la empresa matriz tendería a desaparecer o quedar inoperante.

Después de darle vueltas a la privatización durante varios años, el momento de salida a Bolsa no pudo ser más desafortunado, pues la crisis se había instalado en nuestro país. Solamente se transfirieron al Ayuntamiento de Madrid un 10% de las acciones y cantidades mucho menores a algunos ayuntamientos de la Comunidad. El resto de las acciones quedó en manos de la Comunidad, sin necesidad de dedicar los beneficios a partidas presupuestarias concretas. Milagrosamente, a pesar de la crisis y frente a las necesidades de financiación con la que se pretendía justificar la privatización, los beneficios del Canal crecieron aceleradamente. Pero esto merece párrafo aparte.

Antes de la privatización, el Canal estaba concebido como empresa pública que debería ajustar las tarifas del servicio a sus gastos (personal y explotación principalmente) y a las necesidades de inversión. Si las tarifas estaban bien calculadas, el balance entre ingresos y gastos debería ser ajustado; es decir, se pretendía que no hubiese beneficios. Los beneficiarios del servicio eran, en definitiva, los ciudadanos. Sólo se conseguía algún excedente como resguardo para años de sequía, en los que las elevaciones de agua desde el Alberche (1kWh/m³) y las de aguas subterráneas (1,2 kWh/m³) venían a incrementar los gastos no periódicos. Los impuestos a la empresa venían a representar más de un 30% sobre los beneficios, por lo que fuera de los «fondos de previsión de sequía» no había interés alguno de la empresa pública por generar beneficios. La cuestión se reducía a proporcionar un buen servicio al menor coste posible para los ciudadanos. No obstante esta política, resultaba que los ciudadanos, a través del recibo del agua, habían financiado las depuradoras de agua residuales ─dos veces─, el metro, los teatros del Canal, la calle 30, el Ayuntamiento de Cibeles, y las redes de alcantarillado ─éstas, también por segunda vez.

Se ponía de manifiesto que las élites políticas y económicas habían decidido que fuesen los ciudadanos los que a través del recibo del agua financiasen determinadas actuaciones que nada tenían que ver con el ciclo urbano del agua. Es decir, las tarifas del agua se habían transformado en una especie de impuesto encubierto.

Las grandes empresas privadas de servicios del país se relamían ante el «Canal de rica miel» que se les acercaba a sus fauces por la vía de la privatización. Imaginaban el gran negocio consistente en utilizar sus filiales para los subcontratos de obras y servicios, adjudicados sin licitación pública, que eran ─decían─ donde radicaban los grandes beneficios expectantes.

Pero frustrada la salida a Bolsa, se produjo un nuevo milagro. El Canal, que como empresa pública, no obtenía beneficios ─no tenía que darlos─ de pronto producía rentabilidades superiores a 200 M€ sobre una facturación que no llegaba a los 900 M€. Es decir, beneficios sobre facturación del orden del 25%, cuando las grandes empresas se mueven en tasas muchísimo menores (repetimos, sobre facturación). ¿Dónde estuvo el milagro? ¿No sería que entre 2005 y la actualidad el precio medio del metro cúbico facturado a los usuarios casi se había duplicado? Para ello baste dividir el montante de los ingresos entre los metros cúbicos facturados.

¿De verdad se desea que el Canal de Isabel II vuelva a la senda pública de donde nunca debió salir?

Las declaraciones públicas de Francisco Prieto, director general del Canal de Isabel II Gestión S.A., expuestas en el primer párrafo de este escrito, parecen indicar claramente una vuelta del Canal al sector público dentro de la política «cifuentina» del sector renovador del PP. Pero más allá de las palabras, para la reconstitución del Canal como empresa pública, cerrando la etapa neoliberal fallida de su privatización, se deberían llevar a cabo ─entre otras─ las siguientes acciones:

• Eliminar a la mayor brevedad la maraña de empresas filiales/asocia­das/par­ticipadas, con objetivos opacos, con creación de redes clientelares y resultados económicos dudosos o negativos. Especialmente el lío de empresas en Sudamérica. Si fuese el caso, mediante la rescisión de contratos y obligaciones que se hayan suscrito.
• Eliminación cuanto antes de la operadora Canal de Isabel II Gestión S.A., evitando la tentación de volver a las andadas ante un cambio futuro del gobierno de la Comunidad. Para ello puede ser necesario proceder a la recompra de las acciones en manos de los Ayuntamientos. No resultaría demasiado oneroso para el Canal en comparación, por ejemplo, con la compra de depuradoras a la Comunidad, o la compra de depuradoras y red de alcantarillado del Ayuntamiento de la capital, operaciones de mucho mayor volumen económico. Como resultado quedaría únicamente la empresa pública Canal de Isabel II dependiente de la Comunidad de Madrid.
• Creación de un órgano de control externo dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Resulta que la Comunidad de Madrid es la única Comunidad Autónoma que no cuenta con un órgano encargado de la gestión del agua de su territorio (no sólo del abastecimiento) que asuma las competencias autonómicas de carácter público y se relacione con el organismo de cuenca. Hasta ahora, sorprendentemente, la representación de los asuntos del agua de la Comunidad recaía el Canal (total o mayoritariamente), constituyéndose en determinados asuntos en juez y parte, sin apenas coordinación con otras políticas próximas de la Comunidad como, por ejemplo, la de medio ambiente. En síntesis: la Comunidad de Madrid, mediante un órgano propio dentro de su gobierno, debería asumir los compromisos derivados de la Directiva Marco del Agua europea en relación con la calidad del recurso y de los ecosistemas ligados al agua en los ríos y acuíferos de la Comunidad. Dicho órgano debería respetar los principios de transparencia y participación pública.
• Las aguas subterráneas del denominado acuífero terciario detrítico de Madrid (ATDM), reservadas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo para usos de abastecimiento de población, deberían considerarse como un embalse más con sus características específicas. Resulta sorprendente que en situaciones de sequía se restrinjan determinados usos de los recursos incorporados al sistema general de abastecimiento y, por el contrario se propugne el uso indiscriminado de los recursos del acuífero. Ello conduce al suministro con aguas subterráneas de usos suntuarios (piscinas comunitarias o grandes chalets), con lo que grandes consumidores se zafan de contribuir a los gastos generales de la empresa pública (administración y depuración principalmente).
• Se debería intensificar la política de selección de personal de forma imparcial, basada en el mérito y la capacidad, eliminando las redes políticas clientelares. Aprobación de un Convenio colectivo que refuerce el papel de los agentes sociales.
• Establecer el principio de que los ingresos procedentes del agua deben dedicarse al agua exclusivamente. Los ciudadanos no deben pagar en el recibo del agua cantidades para otras actuaciones decididas por el poder político. Igualmente, la empresa pública no tiene por qué producir beneficios, debiendo ajustar las tarifas para equilibrar ingresos y gastos. En esas condiciones los madrileños se verán beneficiados con una rebaja muy sustancial de sus recibos. Los recibos del agua perderían su condición de un impuesto más llevado a cabo por un servicio que constituye un monopolio natural. Resulta sorprendente que en los últimos 10‑12 años la recaudación por el agua se haya casi duplicado, produciendo cuantiosos beneficios, mientras que el volumen de agua distribuido haya descendido del orden del 20%.
• Los aspectos de la denominada «pobreza hídrica», es decir, el suministro de agua a los ciudadanos de muy bajos ingresos, debe ser analizado. Por una parte, la robustez de una empresa pública depende de la disciplina del pago del servicio; si éste se degrada se les daría la razón a los privatizadores. Por otra parte, los servicios sociales municipales deberían tomar una postura decidida en este campo.
• Debe reforzarse el papel de una Intervención independiente en los asuntos económicos, con el objeto de que la contratación de obras y servicios se ajuste a la ley de contratación de las administraciones públicas, con especial atención a la transparencia y participación en los procesos tanto del personal facultativo de la empresa como de los interesados en general.
• Reforzamiento de los aspectos técnicos del Canal, primando la innovación y retribuyendo adecuadamente al personal con objeto de que el Canal siga siendo una empresa pública de desempeño excelente, que pueda servir de ejemplo nacional e internacional en dicha línea. Se debería reducir drásticamente el tamaño de las unidades económicas y comerciales, sobredimensionadas para atender el proceso de privatización anterior. Asimismo, determinadas funciones desarrolladas por la secretaría general en los procesos de contratación deberían pasar a la Intervención independiente.
• Sería deseable que tanto el director general del Canal como su cúpula directiva procediesen del sector del agua, con conocimientos sobre la gestión de una empresa de servicios públicos, primado la promoción interna. Desde 1995 los directores generales han procedido de fuera del campo del agua, nombrados por razones políticas o de amiguismo, teniendo que recorrer una curva de aprendizaje con la consiguiente ralentización de la empresa durante periodos dilatados, y sufriendo, en algunos casos, su falta de profesionalidad.
• Deben revisarse los objetivos de la Fundación Canal, evitando que se convierta en un lugar de colocación de personal procedente del partido gobernante, con actividades culturales de bajo interés y sin relación alguna con las actividades de la empresa pública.

La renovada empresa pública debería recuperar el uso de las residencias de Manzanares el Real (la denominada «Casa de la pradera») y la del embalse de Valmayor, que han sido «privatizadas» para el uso particular de la élite política de la Comunidad de Madrid. Se deberían dedicar al uso exclusivo de actividades de la empresa. Igual se debería hacer con el denominado «Palacio de Arteaga», de Torrelaguna, edifico histórico de significación en la historia del Canal.