«El director del Instituto Euromediterráneo y experto hidrólogo, Francisco Cabezas, ha augurado hoy un recorte de regadíos en la cuenca del Segura si no hay nuevos recursos porque la reducción de aportaciones en la propia cabecera y en la del Tajo, junto a la sobreexplotación, hacen “insostenible” la situación de los regantes».
(Extraído de la noticia «Cabezas augura recorte de regadíos en el Segura si no hay nuevos recursos»; www.abc.es, 23/11/2016).
¡Vaya! Por fin se comienza a reconocer la situación de «fuera de control» de los regadíos de la cuenca del Segura. Un largo viaje para admitir lo evidente. En este blog de Acuademia se han presentado diversas entradas que tratan la desastrosa situación creada y se apuntan distintas soluciones. No se trata ahora de repetir lo ya expuesto con anterioridad. Paro sí de recordar los elementos esenciales de la situación con el objeto de evitar su agravamiento, pues si se cierran los ojos a la realidad, toda situación mala puede llegar a ser catastrófica, y toda situación catastrófica puede llegar a ser aun peor.
- Primer error. El planteamiento del Trasvase Tajo-Segura (1967) provoca una gran apetencia de agua en el Sureste. Ante el anuncio de trasvasar 1000 millones de metros cúbicos anuales desde la cabecera del Tajo, se desató una espiral de especulación alrededor de los terrenos y el agua de la región, tanto en las zonas dentro del perímetro potencialmente beneficiado con las aguas del Trasvase como en las áreas fronterizas, en la idea de que los terrenos marginales se podrían beneficiar de los pozos que dejasen de utilizar las primeras zonas mediante la compra de sus caudales. Las administraciones hidráulica y agrícola hicieron como si no se enterasen.
- Segundo error. La sobrexplotación de acuíferos fue consentida por la Administración, ante la idea de que se trataría de una solución transitoria hasta la llegada de las aguas del Trasvase. Ante la espiral de especulaciones que se desató, este problema se ha agudizado aceleradamente. En la región se decía que quien tenía éxito al perforar un pozo se hacia rico en poco tiempo vendiendo el agua, y arruinaba a varios que intentaban hacer lo mismo que el primero en los terrenos inmediatos, con créditos bancarios, hasta que mermaban los caudales o se secaban los pozos.
- Tercer error. No hubo forma por parte de administración central de fijar los límites de los perímetros de riego de la región, a pesar de varios intentos infructuosos. Ganaron siempre la partida las autoridades regionales, que fueron dando largas y «haciendo la vista gorda». De vez en cuando se «amnistiaban los regadíos ilegales» mediante normas legales ad hoc. Se decía que los técnicos de la Confederación eran funcionarios por la mañana y regantes por la tarde. En esas circunstancias, la burbuja hidro-económica siguió creciendo y creciendo.
- Cuarto error. El fiasco de los volúmenes trasvasados. Los políticos redujeron mediante ley en el Congreso los volúmenes máximos trasvasables en una primera fase a 600 hm³/año, en lugar de los 1000 hm³/año propuestos por los «expertos hidrólogos». A pesar de esta corrección de los políticos a los técnicos, desde 1980, que inició su funcionamiento el ATS, el volumen que ha llegado al Sureste ha sido de unos 300 hm³/año (200 hm³/año para los riegos); es decir menos de la tercera parte del proyectado por los «expertos hidrólogos» y la mitad del fijado por los diputados.
- Quinto error. Creación de un potente lobby regional por los beneficiarios del Trasvase (SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura), con posición dominante sobre el resto de los regadíos de la región, con gran capacidad de manejar a los políticos regionales y nacionales del sector del agua y los riegos. Mediante la exageración de las hectáreas regadas, el número de regantes y el valor de la producción, han alcanzado un gran poder político-ecnómico. Manejan con soltura la propaganda y contratan estudios técnicos, económicos y bufetes de abogados. Han llegado a financiar obras en los locales de la propia Confederación y adelantar el pago de la nómina de su personal. Sus cuentas están exentas de fiscalización pública. Asimismo han ligado a sus intereses y deseos al sector regional de exportación de frutas y verduras, reforzando el lobby de terratenientes. Emplean gran cantidad de mano de obra inmigrante, con escasa vigilancia de condiciones de trabajo y salarios. Aunque reconocen y condenan el mercadeo del agua trasvasada, tanto para riegos como para los desarrollos urbanísticos y deportivos, no han efectuado ninguna denuncia, a pesar de que las comunidades de regantes tienen la consideración legal de corporaciones de derecho público.
- Sexto error. Las bajas tarifas del Trasvase. Una trasnochada política paternalista del Estado decidió fijar unas bajas tarifas para el agua trasvasada. Al final de la vida útil de las infraestructuras, solo se habrá amortizado un 30% de la inversión inicial del Estado. Los gastos fijos y variables (energía para la elevación y conservación de las infraestructuras principalmente) son eximidas de pago con gran frecuencia ante situaciones de sequía; situaciones que, naturalmente, son provocadas artificialmente por los interesados. Las tarifas actuales para el riego, fijadas en unos 0,10 €/m³, son incluso inferiores a las iniciales. Se produce una transferencia de fondos desde los ciudadanos a los agricultores al ser la tarifa para abastecimientos el doble que para los riegos. Sin embargo, frente a una baja disposición a pagar (0,10 €/m³ que puede llegar a 0,30 €/m³ como máximo para las aguas de mar desaladas) los propios agricultores valoran las pérdidas de la falta de agua en cuantías 500 veces mayores por m³. En los estudios económicos que sufragan no aparecen estos datos. Estos aspectos económicos son la razón principal de la apetencia desordenada de agua de la región.
- Séptimo error. La promesa política del trasvase del Ebro. Se trata de un ritornello de nuestra política de aguas. Cada vez que plantea un Plan Hidrológico Nacional, surge el tema del trasvase del Ebro. Es un tema cerrado ante la firme oposición política de los gobiernos autonómicos de Aragón y Cataluña. La UE se opone a su financiación ante la falta de viabilidad económica y ambiental. Por otra parte, en una hipotética situación de que se llegara a realizar este trasvase, el grifo estaría en manos de la Generalitat, con incertidumbres futuras hacia su disponibilidad.
- Octavo error. Las desaladoras financiadas sin acuerdo previo con los beneficiarios. Se ha llenado la fachada mediterránea de desaladoras financiadas en gran parte por la UE. Pero los regantes rechazan el agua desalada por su alto precio resultante, habiendo puesto en circulación el mito de que se tratan de «aguas desmayás», impropias para el riego. La Administración cometió el error de no llegar a un compromiso previo con los regantes sobre volúmenes y precios, con lo cual la explotación de las desaladoras multiplican su coste por deseconomías de escala. Los regantes realizan una doble maniobra ventajosa: reclaman volúmenes ante la sequía (con gran capacidad de agit-prop) y exigen a la vez fuertes subvenciones para el agua suministrada. Su propensión al pago es como máximo de 0.30 €/m³. En caso de que la Administración no se pliegue a sus intereses, amenazan con manifestaciones en la calle.
- Noveno error. El Memorándum. Se trató de un trágala para la cuenca del Tajo y el gobierno de Castilla-La Mancha, perpetrado por su propia presidenta. Consistió en darle la vuelta a los derechos tradicionales recogidos en la legislación de aguas de nuestro país. Con las disposiciones legales emanadas de un acuerdo político opaco, la cuenca cedente (la del Tajo) perdió todo derecho sobre las caudales de su cabecera, que pasaron legalmente al Segura. A la cuenca cedente se le dejaron «de gracia» unos mínimos caudales que no cumplían lo determinado en la Directiva Marco del Agua europea para la consecución del buen estado físico-químico, biológico y geomorfológico del río Tajo. El error se incrementa con acuerdos posteriores para la cesión de volúmenes de agua entre los usuarios de la cuenca del Tajo y los del Segura, especulando ambas partes con un bien de dominio público, cosa que prohíbe nuestra legislación básica de aguas. En otras palabras, se produce una doble circulación: agua del Tajo para el incremento de la burbuja hidro-económica del Segura y, en sentido contrario, desde la cuenca del Segura se transfiere a la del Tajo la especulación de los bienes de dominio público y la degradación ambiental. Con lo cual ambas cuencas terminan perdiendo a costa de los negocios en una y otra de grupos de terratenientes «avisados».
- Décimo error. El caos del Mar Menor. El ansia hacia los fáciles beneficios generados por el recurso hídrico, unido a los avances tecnológicos en la desalobración del agua, han provocado en el Campo de Cartagena la puesta en marcha de más de 20 000 nuevas hectáreas de riego con desconocimiento (?) de las administraciones hidráulica y agrícola. Los «rechazos» resultantes del proceso de desalobración junto al vertido de los excesos de fertilizantes y biocidas están provocando un grave problema de deterioro de este singular ecosistema. La posición de las administraciones públicas oscilan entre la disciplina (cierre de pozos y vertidos), la pasividad, el consentimiento tácito, el paternalismo de la defensa del «valor» creado y la lucha entre los distintos grupos de interés. La situación afecta a las propiedades y al turismo de La Manga y urbanizaciones ribereñas. Una vez más se llega a una situación que se ha denominado como la los 3 «D»: Degradación ambiental, Declive económico, Desintegración social.
- Undécimo error. El Pacto Nacional del Agua. Expresión que tiene un contenido taumatúrgico, pues su propia exposición parece tener propiedades mágicas para resolver los problemas del agua. Tiene el valor añadido de que una vez tomado un acuerdo, aunque sea tan malo como el Memorándum, se pretenden eliminar las críticas y las ideas alternativas. ¿Qué se va a acordar en un Pacto Nacional? ¿Más trasvases, cuando ya están fuera de tiempo? ¿Que los españoles subvencionen masivamente al lobby de regantes murcianos? ¿Un escudo para que la administración siga repartiendo el maná de las inversiones a los especuladores de aguas y tierras?
Conclusión: ¿Un plan de reconversión para los regadíos del Segura? Un plan de reconversión de los regadíos representa el último «postureo» de los expertos hidrólogos al frente a «sus» regantes cuando no vislumbran otra forma de sacarle más subvenciones a la Administración. Es decir, invocando las reconversiones de los sectores navales, siderúrgicos o del carbón, se trata de que la Administración adquiera unas fincas de regadío al precio más elevado posible cuando… ya no tienen agua para regar. Da igual que los regadíos sean legales, ilegales, alegales o semipensionistas. Da igual que se tengan concesiones o no, autorizaciones o no, permisos o no. Todo se meterá en el saco de los derechos reales o inventados. Se trata de seguir ordeñando la vaca del Estado. A lo peor no queda más remedio que pasar por un plan de reconversión frente a otras soluciones de «salto hacia delante» que llevarían a mayores catástrofes, pues, nos guste o no, verum ipsum factum (la verdad son los hechos, G. Vico). Pero la operación se puede asemejar a la que se hizo anteriormente en el sector del viñedo respecto a las ayudas de la UE: se cobraba por arrancar viñas (viejas, cuando ya no había más remedio) y se volvía a cobrar por plantar cepas nuevas, burlando el objetivo del plan de reducción de los excedentes vinícolas. Por consiguiente, ¡aviso a los navegantes! Habrá que tener cuidado para que no continúe el trilerismo más descarado. En otro caso, la reconversión de los riegos del Segura, ¿no se trataría del duodécimo error?
