Sobre la comparecencia de la Ministra en diciembre de 2016

El pasado 21 de diciembre de 2016 la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, compareció a petición propia, para explicar las líneas generales de su Departamento, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. Tras un inicio en el que muestra autocomplacencia con el trabajo realizado en los últimos cinco años, continúa con una breve mención al episodio de lluvias registrado en los días anteriores a la comparecencia ─transmitiendo sus condolencias a las familias de las víctimas mortales─, seguido por un repaso de las líneas de actuación en cada área competencial del Ministerio.

Como era de esperar, el Medio Ambiente fue el último punto de su intervención. Comienza esta parte haciendo ver la importancia que tiene el Medio Ambiente; es interesante saber que al menos tiene conocimiento de la teoría. Pero a continuación pone como ejemplo la planificación hidrológica realizada para cubrir los dos primeros ciclos de planificación contemplados en la Directiva Marco del Agua. Así, realizar una planificación de espaldas a la ciudadanía, anteponiendo los intereses creados del regadío sobre la protección de las masas de agua, promoviendo y aprobando legislación específica ─memorándum mediante─ para evitar que en el Plan del Tajo se adoptaran medidas ambientales que molestaban al SCRATS (Sindicato, Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) y, en definitiva, reducir la planificación hidrológica a preparar un formalismo que intente salvar la cara ante la Unión Europea … es su modelo de política ambiental.

Como ejemplo, remarca la creación de las Reservas Naturales Fluviales (RNF), que no son más que unas figuras propagandísticas, de nombre pomposo pero sin relevancia en la práctica (véase la entrada «Sobre las Reservas Naturales Fluviales»); hasta ahora, lo único que se ha conseguido con la declaración de RNF es que se organicen excursiones para visitarlas (creando sobre las masas de agua una presión que antes no tenían) y anestesiar la acción de alguna asociación ecologista favorecida económicamente. Amenaza con la declaración de 53 RNF y el desarrollo de una estrategia para su gestión y protección. Desconocemos si estas RNF son adicionales a las ya declaradas o bien es la redeclaración de una parte, así como cuál es el auténtico alcance de su esta estrategia. Pero es de prever que no sea más que la continuación de la misma estratagema propagandística.

Su antecesor y mentor, Miguel Arias Cañete, en su comparecencia de presentación en febrero de 2012, criticaba las desaladoras y las asumía como un lastre («el coste de producción por metro cúbico en el caso del regadío ─1,10 €/m³─, que es uno de los usos básicos previsto en el Plan de desaladoras, es muy superior a lo que pueden soportar los costos del sector, que se sitúan en 0,30 €/m³ como máximo. Por tanto para hacer viable el uso de las desaladoras hay que acudir a una cadena de subvenciones encubiertas, porque si no los agricultores no demandan el agua de la desaladora, al no poder costear su importe»). Ahora es un «recurso no convencional» que se ha integrado en la planificación, en la que «sin ser sustituto de los recursos tradicionales, asume un papel complementario y estratégico que permitirá reforzar las garantías de suministro». Varias desaladoras ya están operando a máxima capacidad y se está acometiendo de urgencia la ampliación de la planta de Torrevieja. Sobre el coste de la desalación, según se deduce de la nota de prensa del entonces MAGRAMA «García Tejerina anuncia un acuerdo para reducir el precio del agua desalada en Murcia», el coste del metro cúbico de agua desalada de la desaladora de Torrevieja es de 0,50 €/m³, que con una subvención de 0,20 €/m³ se queda en 0,30 €/m³. Obsérvese la diferencia entre 1,10 €/m³ que decía Arias Cañete que costaba la desalación en 2012 y los 0,50 €/m³ considerados como coste real en la nota de prensa del Ministerio de 2015; un factor de 2,2. Que tengamos constancia, no ha habido ninguna explicación oficial de este fenómeno.

En cuanto a las líneas de actuación en materia del agua pone en primer lugar la consecución del Pacto Nacional del Agua, que derivará en una modificación del Plan Hidrológico Nacional y de la Ley de Aguas. Dicho en otras palabras, la principal línea de actuación será continuar la política de dar gusto al SCRATS, poniendo sobre la mesa nuevos trasvases y, ya sea como añadido o sustitución, establecer diversos complementos y subvenciones. Es decir, continuar la senda emprendida en años anteriores pero intentando involucrar a otras formaciones políticas; el desarrollo de la legislatura mostrará cuál es el debate de fondo sobre la cuestión, en especial cómo se las apañarán los distintos partidos para hacer ver al SCRATS que están con ellos y no pierdan apoyos en Murcia y Alicante.

Es de destacar que se refiriera expresamente a las actuaciones de depuración y saneamiento definidas en los planes de cuenca. Aunque da la sensación que la actuación del Ministerio estaría centrada en las declaradas de Interés General. A nuestro entender, la depuración de las aguas residuales es el mayor problema que tiene el agua en España actualmente, arrastrado desde hace más de cincuenta años. Nos ha costado tomarlo en serio y parece que todavía no lo hemos conseguido. Está bien que desde el Ministerio se aborde la situación, incluso que habilite financiación. Pero si se centra en las que tienen declaración de interés general no se resolverá el problema. Se da la paradoja que las actuaciones que cuentan con una declaración de interés general suelen ser las depuradoras de grandes poblaciones, que en teoría ─economía de escala─ tienen mayor capacidad para asumir íntegramente el coste de la depuración. Mientras, los núcleos medianos y pequeños seguirán teniendo grandes dificultades para afrontar la construcción y explotación de las plantas de depuración necesarias (véase la entrada «Depuración y fondos europeos»). Llevamos años con un planteamiento que no resuelve el problema de la depuración, por lo que urge adoptar un nuevo enfoque en el que se involucre efectivamente a los usuarios y se apoye financieramente a los que más lo necesitan.

Como tercera línea de actuación marca la protección del Dominio Público Hidráulico y la implantación de las medidas recogidas en los PGRI (planes de gestión de riesgos de inundación). Quedará por ver cual es el criterio de implementación de estas medidas, si se prima la rehabilitación del medio fluvial y su funcionalidad para mejorar su capacidad de respuesta ante los episodios de avenidas o bien se priorizan actuaciones tendentes a encorsetar los ríos y realizar actuaciones de regulación encubiertas bajo la justificación de la prevención contra las inundaciones (véase la entrada «¿Planificación o improvisación hidrológica? Nuevas presas en el Segura»).

La conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas es imprescindible, tanto para evitar accidentes que causen daños sobre la población como para garantizar una correcta atención de los usos en buenas condiciones. Está bien que lo ponga como línea de actuación, aunque convendría reflexionar por el motivo por el cual se le da relevancia. Quizás pese la mala conciencia por la reducción de asignaciones realizada en años anteriores … que puede que se sigan manteniendo.

A lo largo de su discurso aparece continuamente la muletilla «adaptación al cambio climático». Está bien que se reconozca el problema y se dejen al margen opiniones de primos y otra clientela. Pero, ¿cuáles son las líneas de actuación contra el cambio climático en materia de agua? De momento, parece que es incrementar la sobreexplotación, aumentando la presión sobre el recurso y anteponer al regadío sobre la protección del medio. Sin embargo, la principal línea de actuación contra el cambio climático en materia de aguas tendría que ser la revisión en profundidad de los principios reales que siguen la política de aguas, dándole entidad propia y quitando su carácter subordinado a la política agraria. El tiempo de Costa ha pasado, y ahora estamos ante otra realidad a la que hay que hacer frente con otro tipo de políticas.

Se trata de un discurso de presentación en la Comisión tras la reciente formación y toma de posesión de Gobierno. A pesar de un tono aparentemente conciliador y de llamamiento al diálogo y al consenso, no aporta novedades respecto a la gestión del agua. Aunque la tramitación parlamentaria de la preparación del Pacto Nacional del Agua, si se hace con algo de transparencia, puede mostrar cuáles son los intereses reales en materia del agua del elenco parlamentario.