Partiendo del trabajo «La factura de la corrupción pública y privada», de Pere Ríos Rico (2016), Ed. RBA, se aplica la técnica de la «intertextualidad»; técnica, al parecer, bastante socorrida en los estudios y tesis doctorales, sobre todo de políticos en ejercicio1.
A partir de la década de 1960, la corrupción fue tratada en los trabajos de la llamada Escuela de Virginia de economía política, grupo de estudiosos estadounidense al que se debe una teoría muy influyente acerca de la búsqueda de las rentas en el sector público. Pieza clave de este análisis fue el trabajo de Buchanan y Trullock (1962) «El cálculo del consenso». Según estos economistas la actividad de los grupos de presión resulta determinante para entender el comportamiento de políticos, burócratas y ciudadanos. Se trata de colectivos que solo buscan en la actividad política el beneficio personal para sus miembros, una actuación que definieron como «búsqueda de rentas», en contraposición al concepto de «búsqueda de beneficios» para el conjunto de la sociedad.
En el caso de «búsqueda de rentas», el beneficio empresarial surge no de la satisfacción de una necesidad en un contexto competitivo, sino a través de la creación de un monopolio artificial, por ejemplo el caso del trasvase Tajo-Segura y el papel del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS). La característica más clara de la «búsqueda de rentas» es que el beneficio de un individuo o grupo solo es posible a costa de perjudicar a otros (en el ejemplo anterior, los usuarios y el medio ambiente de la cuenca del Tajo, así como otros empresarios agrícolas de la propia cuenca del Segura).
El buscador de rentas tampoco favorece la innovación tecnológica o empresarial. No se comporta como un empresario que quiere generar un nuevo bien o un proceso productivo con menor coste, sino que su objetivo es que el gobierno le otorgue un poder monopolístico e impida la actuación de otros agentes perjudicados. Para mantener las posiciones monopolísticas, los grupos favorecidos por los favores gubernamentales deberán despilfarrar una gran cantidad de recursos en promocionar y publicitar su postura para persuadir a los poderes públicos y a los ciudadanos.
Frente a esta actuación, las instituciones pueden actuar de manera acertada: a) mediante el respeto a la libre competencia (no alterando la distribución de los factores productivos mediante una cascada de subvenciones más o menos encubiertas a los trasvases ─y también a las desaladoras─); b) la igualdad efectiva ante la ley (absteniéndose de promulgar leyes «de parte»); c) la libertad de mercado (no impidiendo la competencia con otras zonas hortofrutícolas españolas con menores subvenciones); d) la fiscalización efectiva de los grupos de presión (para mantener el principio de igualdad de las condiciones de la competencia); e) el funcionamiento eficiente de la justicia (no alterando las reglas de juego mediante un cambio engañoso de la legislación a su favor); f) la actuación íntegra de los gobernantes (no dejándose amedrentar con amenazas de movilización pública o pretendidas pérdidas de votos).
Buchanan sostiene que todas estas virtudes de gobernanza favorecen las actividades productivas que crean riqueza real y sostenible en beneficio del conjunto de la sociedad, no de una minoría. El «buscador de rentas» no es más que un falso empresario, un cortesano del Estado y la legislación, que no podría prosperar si las instituciones no funcionasen de una manera deficiente. Las rentas solo favorecen a quien las recibe, por lo general sujetos o colectivos muy reducidos, sin que aumente la riqueza del conjunto de la sociedad. En el caso del trasvase Tajo-Segura, los estudios económicos ex post han demostrado que dicha actuación ha proporcionado pérdidas para el conjunto de la sociedad (vid «Un análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: el Trasvase Tajo-Segura», tesis del profesor Enrique San Martín González ─UNED; 2012─).
Conclusión: ¿No parece llegada la hora de llevar a cabo algún trabajo (académico o no) en España sobre el tema de la corrupción, o mejor aún, de las corrupciones, pues pueden ser muchas y variadas?2.
1 Se podría recordar como ejemplo el caso de don Alejandro Lerroux, quien siendo presidente de un gobierno de la República, realizó un viaje en barco a Tenerife. En la universidad de La Laguna, en solo una mañana, logró aprobar todas las asignaturas de todos los cursos de la carrera de derecho. Más recientemente, un vicepresidente económico en ejercicio de un gobierno democrático, logró el sobresaliente cum laude por unanimidad en su tesis de doctorado que versaba (y defendía) la política económica que su gobierno llevaba a cabo en plena burbuja económico-financiera.
2 En el mismo libro citado en el primer párrafo, los ejemplos que se mencionan como corrupción pública se refieren a casos de construcción de presas para aprovechamientos hidráulicos. Aunque nadie estará libre de pecado, los ejemplos podrían indicar simplemente que se trata de una rama más transparente que saca sus trapos sucios a ventilar, a diferencia de otras actividades de mayor opacidad.
