«El Ministerio de Agricultura aprueba un trasvase al Segura de 20 hectómetros» (La Verdad, 27/2/2017);
«El Gobierno regional considera “inaudito” que se conozcan los trasvases aprobados a través de los medios de comunicación murcianos» (Nota de prensa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 27/2/2017).

El primer enlace es una noticia que filtra la existencia de un acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de solicitar a la Ministra del MAPAMA un trasvase de 20 hm³ para el mes de febrero de 2017, dando por asumido que la Ministra lo autorizará. El segundo, una nota de prensa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mostrando su reacción ante la filtración.

En los últimos años, toda actuación del Ministerio competente relativa al trasvase Tajo-Segura es sistemáticamente filtrada a un medio controlado. Puede obedecer a un plan maestro trazado, ser casualidad o que exista una extrema sagacidad de un periodista. A su vez, ese medio se erige en altavoz de las pretensiones de los regantes del Trasvase, avisando al Gobierno de límites, líneas rojas y posibles movilizaciones. Parece que es una situación cómoda para el MAPAMA, que no hace nada por evitar estas filtraciones, alimentándose la sospecha de que pudieran ser intencionadas.

Pero la nota de prensa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone de manifiesto un problema grave: la falta de diálogo entre Administraciones Públicas. Nuestros gobernantes anteponen intereses partidistas y posiciones sectarias frente al buen gobierno. En el propio Texto Refundido de La Ley de Aguas se promulga la «cooperación» entre Administraciones que, por lo que se ve, es reducida a mero formalismo. ¿Es creíble siquiera que el MAPAMA tenga voluntad de plantear un auténtico «Pacto Nacional por el Agua» cuando desprecia reiteradamente a otras Administraciones Públicas ─y a la ciudadanía─ por su sesgo político?