«¿Qué quieren, que volvamos a plantar cereales; o acaso que se recorten los regadíos?», se pregunta Lucas Jiménez. «La Administración siempre nos animó a modernizar los regadíos, como hemos hecho, y a invertir muchísimo dinero en las explotaciones agrícolas. Ahora no pueden venir diciendo que no hay garantías de agua. Nos quieren abocar a un cambio de modelo productivo, ¿acaso para potenciar el turismo, que es un sector vulnerable a determinados factores? No hay que cambiar el modelo, sino resolver un grave problema de falta de recursos que nadie quiere abordar», concluyó.
(texto extraído de la noticia «¿Quieren que volvamos a plantar cereal?»; La Verdad, 7/6/2017)
A principio de la década de 1950 el deseo de ampliar el regadío de los terratenientes murcianos chocaba con los regadíos existentes y la carencia de agua. Se intentó poner orden en 1953 con el Decreto de 25 de abril y Orden Ministerial de Obras Públicas de la misma fecha, en la que se marcaba un orden de prioridades de los regadíos, quedando en último lugar, en la práctica sin garantía alguna, los potenciales nuevos regadíos. Esta situación soliviantó a los terratenientes, proponiéndose una «fórmula conciliatoria, en la que todos los murcianos se encuentran unidos»: recuperar el trasvase Tajo-Segura, propuesto pero no aprobado en 1933 (véase la entrada «1953. Regadíos del Segura y trasvase»).
En 2017, 64 años después de que se resucitara la propuesta del trasvase Tajo-Segura y 37 de su puesta en marcha, continúa el problema de la falta de agua para los regadíos del Sureste. Pero agravado, pues no se trata de regadíos potenciales, sino que ya están desarrollados. Además, esta falta de recursos se ha intentado paliar con una sobreexplotación extrema, que ha causado estragos tanto en la cuenca del Tajo como en la del Segura. A esto hay que unir las cuantiosas subvenciones que tiene el agua trasvasada, lo que cuestiona también la supuesta y pregonada rentabilidad económica.
El modelo del desarrollo del regadío en el Sureste, basado en la sobreexplotación del trasvase Tajo-Segura y de los recursos del Segura, está siendo un fracaso estrepitoso, con graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Es una situación insostenible, visible claramente en la situación del Mar Menor o los embalses de la cabecera del Tajo. Cerrar los ojos no es la solución. Tampoco seguir insistiendo en el error como hasta ahora, o plantear destrozar otras cuencas con nuevos trasvases. No se trata de una «sequía estructural», sino de un «fallo estructural» del modelo; urge cambiarlo.
Aunque el SCRATS se haga la víctima, es el principal causante del problema. No se trata de una situación nueva, inesperada o sobrevenida. Se ha dado en el pasado, en periodos de sequía anteriores, en los que siempre ha salido «compensado» generosamente. Cuando se alertó de la situación, en el borrador fantasma del plan del Tajo de 2011, presionó para que se retirara e impulsó el Memorándum para que se olvidara. De cara al futuro, ¿continuará el SCRATS marcando el tempo de la política del agua, magnificándose el desastre? ¿O bien la Administración actuará responsablemente, tomando consciencia de todos los problemas reales ─incluida la situación del Tajo─, planteando una gestión del agua propia de un país civilizado?
