El Ministerio del ramo, es decir, el de Agricultura y toda la pesca, acaba de publicar una nueva disposición sobre la sequía. Vosotros querréis saber su título, ¿verdad? Pues allá va: Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Por longitud de título que no quede.
Vosotros también querréis saber de qué va la cosa. Pero, claro, no querréis que os lo explique algún abogado del Estado, pongamos por caso, con su inevitable prosopopeya, inmisericorde detalle y habitual prepotencia. Además queréis «verle las tripas al asunto», ¿no? Trataremos de complaceros con lenguaje llano.
Lo primero que podemos deciros es que desde la guerra civil por lo menos, no ha habido casi periodo de tiempo en que alguna parte de nuestro territorio no hay estado bajo alguna disposición de sequía, comenzando por «la pertinaz» de los años 40 del pasado siglo. Pero resulta que nuestras autoridades del líquido elemento (más claro: ¡agua!) no acaban de enterarse de que estamos en un clima mediterráneo; clima caracterizado por veranos largos, secos y calurosos y frecuentes episodios de sequías plurianuales. Es decir: en nuestro país las sequías son un clásico elemento de nuestro paisaje físico, cultural, económico. social, político, turístico, procesional, siestero, etc. ¿Cuándo se acabarán de enterar los que mandan y sus áulicos asesores?
Y cada vez que aparece una sequía nuestros políticos reaccionan indignados: ¿cómo ahora?, ¿a nosotros cuando estamos recuperando nuestra maltrecha economía? ¡Saca la bolsa Cristóbal antes de que nos saquen los tractores! Antes sacaban los santos, que molestaba menos. ¡A ver si nos va a costar votos! Y Cristóbal, que está para eso, no deja en la estacada a su buena amiga, la ministra sin mangas.
En resumen, se cierran las seseras ante los fenómenos naturales y su previsión y se abre la bolsa del común para los protestantes. ¡Dinero va! Hasta 54 millones de euros, 36,9 para la cuenca del Segura, que es donde más protestan. Y de ellos, la inmensa mayor parte para los lobbystas del trasvase Tajo-Segura, 35 millones de euros, ¡faltaría más!
Se dice que un país civilizado se caracteriza por su capacidad de previsión. Willy Brandt venía a decir que planificar es prever, es encontrar entre las brumas del futuro los posibles caminos para alcanzar determinados fines. También decía que «las barreras mentales perviven por más tiempo que las de hormigón». Pero, a lo que íbamos: ¿ha habido una previsión real sobre las sequías anticipándose a su inicio? Porque los pomposos «Planes Especiales de Sequía (PES)» contemplan en general medidas «a toro pasado», cuando ya nos encontramos instalados en la sequía, con escasa o nula capacidad de anticipación. Se ha dicho con razón que las sequías se combaten desde la normalidad. La gestión de los sistemas hídricos debe ser contemplada para prevenir las situaciones de sequía. Siempre hay que tener en cuenta los años de vacas gordas y los de vacas flacas. En el antiguo Egipto se construían graneros para estas contingencias; en Celtiberia, se han construido embalses, pero nos da por vaciarlos enseguida, sin pensar que pueden venir ─y vienen─ las vacas flacas.
Pero también ha resultado un fiasco la llamada «gran planificación», que en España equivale a decir la política de trasvases para el Sureste: el malhadado trasvase Tajo Segura y el nonato del Ebro. Pues resulta que lo que se ha venido llamando tradicionalmente la «solución definitiva para resolver el déficit estructural» (¡cuánta palabrería!) ha resultado que ni es solución, ni es definitiva, ni es estructural. No ha sido solución ante unas demandas desbocadas de poner en riego todo que lo pueda producir beneficios privados en la seguridad de que la administración central les proporcionase toda el agua que necesitasen a precios baratísimos (Agua para todos, o sea, agua para unos pocos pagadas por todos los españoles). No es solución definitiva, pues el trasvase Tajo-Segura ha generado más problemas que los existentes antes del Trasvase (ahora se clama por trasvases del Ebro, del Duero, del Ródano, del Rhin o de Siberia). No se trata de un problema estructural, sino creado artificialmente por el ansía de lucro de determinadas oligarquías de terratenientes, que primero crean un problema y luego claman ─con amenazas─ para que la administración central se pliegue a sus intereses lucrativos.
Lo demás del Real Decreto Legislativo es la morralla de siempre: exenciones de las tasas hidráulicas, moratorias en el pago de determinadas obligaciones, adelanto de los pagos de las ayudas comunitarias, facilidades de negocietes entre concesionarios de un bien público (léase banco del agua dentro de cada cuenca) y, sobre todo, pago por la administración del Estado del agua desalinizada porque los señores del agua la quieren «baratita». Y además, como siempre, la chapuza acostumbrada: exención/liberación del pago de la parte de la tarifa del trasvase Tajo-Segura correspondiente a los gastos fijos y variables, como si dichos gastos no se produjesen. Sorprendentemente, sin embargo no se exime de pago la parte de la tarifa correspondiente a la amortización de las infraestructuras, en razón de que dicha parte constituye «las compensaciones» que se transfieren a las comunidades autónomas de la cuenca cedente.
O sea, ventajas múltiples para las oligarquías del Trasvase, de manera que los beneficios sean mayores en los periodos de sequía que en las situaciones de normalidad. Todo aprovecha para el convento. De la igualdad de las condiciones de la competencia, de la protección del medio ambiente, de la equidad social, de las necesidades de la cuenca cedente (Tajo)…ni una sola palabra. Conclusión: los políticos de turno se apuntan el tanto, las oligarquías «fenacorinas» incluso incrementan sus beneficios con la sequía y… ¡pagamos todos los españoles!
