Llevamos meses con la matraca de los pactos del agua ─regional murciano y el nacional─, si bien parece que en el mes de julio se les está dando un impulso. Es la respuesta política que se está dando a la sequía, que parece estar consiguiendo calmar temporalmente los soliviantados ánimos del lobby de regantes. Eso sí, acompañados de reales decretos para otorgar compensaciones y «obras de emergencia» a beneficio del lobby, pero pagadas por el Estado.

En la Región de Murcia se anuncia que ya hay un acuerdo para el «Pacto Regional del Agua de Murcia» entre tres de las cuatro formaciones políticas del parlamento («Gobierno destaca que el Pacto Regional del Agua tiene que ser “un acuerdo de máximos”»; Europa Press, 13/7/2017), en el que si bien no existe borrador del mismo, parece que la reclamación de más trasvases es la línea principal; la formación morada, a tenor de lo publicado en los medios, no parece proclive a sumarse al acuerdo más por temas formales que de fondo. Este Pacto Regional del Agua está costando salir, a pesar de que todos los partidos están de acuerdo en lo mismo: ser el medio de reivindicación de los intereses del SCRATS. Quizás, lo difícil del pacto sea encontrar el equilibrio para que todos los partidos escenifiquen que son los que apoyan más al sindicato. O expresado en otros términos, este «Pacto Regional del Agua de Murcia» aparenta no ser más que una vía para que los partidos figuren como defensores de los intereses de los regantes del Trasvase.

Por otra parte, a finales de junio, la ministra del MAPAMA, posiblemente para calmar los ánimos del SCRATS, anunció la activación en julio de los contactos para el «Pacto Nacional del Agua» («Tejerina se reúne en julio con todas las administraciones y usuarios implicados para abordar el Pacto Nacional del Agua»; Europa Press, 27/6/2017). Para escenificarlo, el MAPAMA está publicando varias notas de prensa en las que se destaca que «La directora general del Agua se reúne con …» (días 7/7/2017, 11/7/2017, 12/7/2017 y 13/7/2017). Siguiendo la línea de comunicación del Ministerio, son notas redactadas con una finalidad propagandística, evitando dar información. Incluyen múltiples fotos de la Directora General del Agua sentada a la mesa con sus interlocutores, a modo de prueba de vida para dar fe de que las reuniones se están realizando; pero ni palabra sobre lo que defiende cada Comunidad Autónoma. Así, esta transparencia informativa del MAPAMA sirve para que quien tenga ganas y valor pueda hacerse un álbum con la Directora General del Agua con distintas poses y modelos sobre el mismo escenario, con distintos acompañantes. Pero es totalmente inútil para quien quiera enterarse de los asuntos tratados por debajo de la careta del Pacto Nacional del Agua.

Estas notas de prensa se van completando con el paso de las reuniones, incorporando un listado de las Comunidades Autónomas contactadas. Además, se avisa que una vez hayan terminado con las Comunidades Autónomas, se invitará a otros agentes. Finalizan adoctrinando sobre lo que debe ser el Pacto Nacional del Agua, del que se marcan 4 capítulos:

1. la atención de déficit,
2. el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos,
3. la puesta en marcha de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación
4. y otra serie de medidas en materia de gobernanza del agua.

Formalmente, esta definición difiere de la proposición no de Ley presentada en el Congreso en septiembre de 2016, si bien en el fondo el fin es el mismo: buscar un apaño para contentar a los regantes del Trasvase, ya sea con más trasvases, subvenciones u otras compensaciones.

Es muy preocupante el capítulo 2, pues refleja el total desprecio del MAPAMA a la planificación hidrológica. No es que nos sorprenda, pues hay que recordar que tanto la Directora General del Agua como el Subdirector de Planificación y Uso Sostenible del Agua actuales firmaron y promovieron el Memorándum contra el plan del Tajo, instrumento pernicioso pensado para burlar la legislación y la lógica, pero que la Naturaleza está poniendo en su sitio. Si los planes hidrológicos están aprobados, el cumplimiento de sus objetivos ambientales ha de realizarse con independencia del Pacto Nacional del Agua. Pero el que se incluya, y se le de tanta relevancia, no hace más que alimentar las sospechas de un chantaje para conseguir el apoyo al Pacto a cambio de inversiones estatales.

En resumen, no hay motivos para albergar esperanzas de que con el Pacto Nacional del Agua se busquen soluciones a los problemas del agua. Todo apunta a que va a ser un cambio de cromos para favorecer al lobby de regantes.