El lobby del trasvase Tajo-Segura, la sequía y la exportación de agua

Mancur Olson (1932-1998) fue un prestigioso economista y sociólogo estadounidense. Quizá su obra más famosa ha sido The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities (1982). Existe una traducción al español: Auge y decadencia de las naciones (Barcelona, Ariel, 1986). En EEUU, en memoria de Olson, se ha instituido un premio anual a la mejor tesis doctoral sobre Economía Política.

Olson dedicó la mayor parte de sus escritos a la dinámica de los grupos de presión. En la obra citada arriba expone que grupos como los cultivadores de algodón, los productores de acero y los sindicatos de empresarios tienen incentivos para formar grupos de presión y para influir en la política a su favor. Las políticas resultantes de estas presiones tenderán a ser proteccionistas y contrarias a las innovaciones, y finalmente comprometerán el crecimiento económico. Pero dado que los beneficios de estas políticas se concentran en los escasos miembros de estos grupos de presión, en tanto que los costes están difuminados por toda la población, la lógica dicta que habrá poca resistencia pública contra ellos. Por lo tanto, con el paso del tiempo, según estas coaliciones aumenten de tamaño y número, el sector y la región afectada entrará en declive económico.

Como ejemplo de esta situación, Olson expone el proceso de la agricultura del Mercado Común Europeo (MCE) (ahora Unión Europea). Los agricultores europeos capitaneados por los franceses ─afirma Olson─ reclamaron y obtuvieron protecciones compensatorias contra la competencia de terceros países, que se añadían a la ya muy alta barrera arancelaria exterior del MCE. El resultado ha sido: rigideces sociales, altos precios de los alimentos, y un notable perjuicio a la competitividad de la industria europea en el exterior. En definitiva, la agricultura se ha convertido en una rémora olsoniana para el resto de la economía y de la sociedad europea.

Además se da la circunstancia de que, tanto la UE como en los EEUU, con las altas barreras arancelarias respecto a terceros países y las fuertes subvenciones a la producción agraria y a la exportación, impiden que los países menos desarrollados lleven a cabo la única producción en la que son competitivos: la agraria. Como consecuencia, se producen olas de emigración desde estos países poco desarrollados hacia los más desarrollados.

El Sindicato Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) es un buen ejemplo de los grupos de presión que describe Olson. Ha logrado esquilmar los recursos de agua de la cuenca alta del Tajo para su exclusivo beneficio, poniendo a la Administración del agua a su entero servicio y logrando que se promulguen o cambien leyes no solamente a su entera satisfacción sino, incluso, a su capricho. Sin recato alguno ponen encima de la mesa de discusión sus hectáreas de regadío, el número de sus comuneros, la facturación que logran en la exportación de productos agrarios y los votos electorales de que disponen, cifras infladas a conveniencia, claro. Han convertido al Organismo de cuenca en una mera correa de transmisión de sus intereses. En cuanto no se satisfacen sus peticiones de inmediato, amenazan con cortar carreteras y calles con tractoradas. Los gobiernos democráticos se acobardan ante chantajes de este tipo.

Los estudios sobre el resultado económico del trasvase Tajo-Segura han concluido que su rentabilidad ha sido negativa para la economía nacional, según ha puesto de manifiesto en su tesis de doctorado Enrique San Martín (Un análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: el trasvase Tajo-Segura; UNED; 2012). Resultados que serían incluso más negativos teniendo en cuenta la disminución del agua trasvasada en los últimos años y las subvenciones encubiertas no consideradas y valoradas en el trabajo anterior (véase la entrada «Las trece subvenciones encubiertas del trasvase Tajo-Segura y un epílogo imposible»).

Sin embargo, debido a la presión de los lobbies de regantes, y a las amnistías periódicas de la Administración de los riegos ilegales, las superficies de regadío en el área del Trasvase no han hecho más que crecer, con el viento a favor de la entrega de las autoridades hidráulicas a los intereses de los grupos de presión. En los años 90 decía un experto en planificación hidrológica. «La cuenca del Segura es una demanda de agua creciente y acelerada en busca de recursos externos».

Esta ansia insatisfecha por el agua tenía que recorrer las tres etapas clásicas citadas en la literatura dedicada a la sobreexplotación de los recursos naturales: degradación ambiental (Mar Menor y sobreexplotación de acuíferos), declive económico (menores recursos, mayor coste del agua desalada y competencia de otros mercados), desintegración social (protestas por el desigual reparto de agua escasa, mercados irregulares entre usuarios, con posiciones dominantes, etc.).

La guinda en la cuesta abajo productiva la puede poner la última sequía. Los lobbies exportadores de productos agrícolas de la región recurren a materias primas procedentes de otras regiones españolas o terceros países, pues su negocio no entiende de la procedencia de los productos, limitándose a los beneficios de la comercialización, con menor valor añadido. Con lo cual están señalando un camino de futuro en contra de la economía de la región, pues los beneficios de la exportación ─disminuidos por mayores precios de origen─ quedarán en buena parte en manos de multinacionales.

Se da la circunstancia además, que mientras el país sufre una sequía (agravada por la mala gestión de los recursos hidráulicos), la exportación de productos agrícolas se puede ver desde la vertiente del agua necesaria para la producción de los mismos. En definitiva, se exporta agua. Aquí se cierra el círculo de los despropósitos: en un país seco, donde ha habido que hacer un gran esfuerzo económico en construir infraestructuras hidráulicas pagadas por todos los españoles vía impuestos, y se ha subvencionado más que generosamente el trasvase Tajo-Segura (financiado también por todos los españoles y esquilmando los recursos de la cabecera del Tajo), con amenazas de sequía recurrentes y aceleradas por el cambio climático, nos dedicamos a exportar productos agrícolas, también con sus correspondientes ayudas. En conclusión: se benefician unos pocos, los lobbistas; perdemos todos los demás, bien a través de nuestros impuestos, bien pagando más caros los alimentos. Una cosa es la producción de alimentos para el consumo interno (sin barreras arancelarias que los encarezcan) y otra es establecer una cascada de subvenciones y ayudas para exportar agua cara a través de alimentos a precios baratos. 

Todo ello nos conduce al debate existente en nuestro tiempo sobre el papel de la agricultura en una sociedad dominada por la economía del sector servicios y la producción industrial. En este contexto, ¿qué papel puede tener la producción de alimentos? Por una parte, se manifiestan opiniones dominantes en considerar la agricultura como un sector estratégico, con un papel preeminente en la geopolítica económica mundial, sosteniendo que quién domine la producción de alimentos dominará la escena mundial. Pero, por otra parte, los más duros críticos sostienen que «invertir en agricultura es invertir en pobreza». El debate no está cerrado.