El editorial «Hartazgo de tanta palabrería sobre la condena a muerte del Tajo: Así no vamos a ningún sitio» (El DigitalCLM, 10/8/2017) saca a colación el desentendimiento de la población de la cuenca del Tajo de las afecciones causadas por el trasvase Tajo-Segura, que no es exclusivo de Castilla-La Mancha sino que también incumbe a Madrid ─gran ausente en la defensa de la cuenca Tajo, a la que pertenece en su práctica totalidad─, Extremadura, Castilla y León e incluso Aragón. Pero el editorial continúa con unas divagaciones sobre políticos y alternativas al Trasvase que, a nuestro entender, están desenfocadas.
Parece que no está claro el principio de la prioridad de la cuenca cedente y que todo el agua que se trasvase ha de ser excedentaria. O bien que irresponsablemente se renuncia a él. La cuenca del Tajo (sociedad, medios, partidos políticos) está bajo el síndrome de Estocolmo; asume que una falsa solidaridad y el beneficio de los regantes del Trasvase está por delante del propio desarrollo económico de los habitantes de la cuenca del Tajo, así como de la mejora de su calidad ambiental.
El editorial relaciona la derogación del trasvase del Ebro con la mayor presión sobre el trasvase Tajo-Segura. Es cierto, como se pudo comprobar, que se intentó apretar el trasvase Tajo-Segura al máximo … pero no se pudo porque no daba para más y coincidió con el periodo seco 2004-2009. Es ilusorio pensar que si se hubiera realizado el trasvase del Ebro se hubiera reducido el Tajo-Segura. En la legislación se plantearon como complementarios, no habiendo ningún indicio oficial de que se pensara reducir la presión sobre el trasvase Tajo-Segura. Su precio por m³ sería más barato que el del Ebro, por lo que ─como se ha visto con la gestión del agua desalada─ se habría preferido trasvasar desde el Tajo que desde el Ebro. Por otra parte, con toda seguridad, y aunque estuviera contraindicado por el propio Plan Hidrológico Nacional, la demanda agraria del Segura habría aumentado ─por incrementos imprevistos o no planificados de la superficie de regadío y por buscar mayores ciclos de cosecha sobre la misma parcela─, que unido a que el trasvase del Ebro no habría dado el caudal prometido, significaría un agravamiento del «déficit estructural» del Segura; y por tanto mayor presión sobre el Tajo.
También plantea el editorial, aunque sin nombrarlos explícitamente, un nuevo acueducto desde el Tajo medio, que además de suponer presiones adicionales a otros tramos del río, sería igualmente ineficaz para reducir la presión sobre la cabecera. Se puede realizar un razonamiento similar al anteriormente expuesto para el del Ebro. Con mayor precio por m³ que desde la cabecera, el lobby trasvasista no aceptará una reducción voluntaria de la toma de Entrepeñas y Buendía. Las demandas del Segura aumentarían y el Tajo medio tampoco tendría capacidad para atenderlas. Para el Tajo supondría mantener el destrozo causado en la cabecera e incrementarlo en tramos inferiores.
No menciona el editorial a las desaladoras, pero tampoco se puede condicionar el trasvase Tajo-Segura a su uso. Desde el punto de vista de la cuenca cedente le ha de ser indiferente que se usen más o menos. Sólo ha de fijarse en la presión sobre el Tajo. En este sentido entendemos que, aunque se hubiera realizado una gestión racional de las desaladoras, la presión sobre el Trasvase sería similar, por razones de precio y volumen.
Los redactores del Plan de Obras Públicas de 1940 tenían una concepción más clara del problema; se ha de considerar que, en lo referente al agua, es prácticamente el Plan de Obras Hidráulicas de 1933 ─que no se aprobó─ sin el trasvase Tajo-Segura. Entre otros aspectos, en su memoria adicional se indica: «El problema de la ampliación y mejora de riegos del Levante hay que plantearlo tomando como pauta fundamental los caudales sobrantes que puede haber en otras cuencas, y que, económicamente, sean de posible trasvase, dejando como cuestión secundaria el fijar la extensión de la superficie de posible riego, ya que estas superficies son enormes y todos los caudales que llevemos encontrarían, con el tiempo, su aplicación al riego». Teóricamente este concepto se encuentra en la legislación de aguas al afirmarse que sólo pueden trasvasarse aguas excedentarias y que la cuenca del Tajo es prioritaria. Pero su traslación a la práctica es una sucesión de engaños, con el retraso en la elaboración del Plan del Tajo de 1998 que dio una definición de excedentes absurda e insuficiente (se declararon de excedentarias lo que estuviera por encima del 10% en Entrepeñas y Buendía) y culminado con el despropósito del Memorándum.
Para defender los intereses de la cuenca del Tajo no hay que preocuparse en plantear alternativas al Trasvase. Además de entrometerse en asuntos ajenos, no hay ninguna necesidad. Basta con hacer valer su condición de cuenca preferente e insistir para que la definición de excedentes sea la correcta, que se realice mirando únicamente la realidad del Tajo, con todos sus usos y factores sociales, económicos y ambientales; sin tener en consideración aspectos y agentes externos a ella. Y sin complejo de culpabilidad, pues hay que considerar que el abastecimiento a la población de la cuenca del Segura puede darse sin necesidad del Trasvase y que lo que se llama «solidaridad» no es más que asumir graves daños para beneficiar a un lobby de regantes ajeno a la cuenca.
