Finalidad de la nueva visión.

La teoría de los Espacios del Agua es una proposición de nueva política territorial poniendo el foco sobre el agua y su entorno ambiental, social y económico superando e integrando la visión actual centrada en los usos productivistas del agua.

La finalidad de la nueva cosmovisión es la protección, conservación y recuperación de los espacios del agua. Protección de cara a las posibles agresiones futuras; conservación de los elementos actuales; recuperación de los elementos destruidos en el pasado.

Se trata ─repetimos─ de cambiar la atención prioritaria desde los usos productivos del agua a la conservación del agua y sus vasos, continentes, acuíferos. Porque ─también─ la mejor manera de conservar los usos productivos del agua de manera sostenible es conservar los usos ecológicos del agua, los espacios del agua. Se trata, por consiguiente, de una visión comprehensiva del agua y su medio.

La nueva cosmovisión afecta a todo el sistema/tinglado del mundo del agua: los sistemas geomorfológco-fisicoquímico-biológico que lo sustentan; los usos y aprovechamientos de los recursos que lo presionan; la superestructura/metafísica de leyes e instituciones que lo gobiernan; la financiación que los alienta/condiciona/altera; los planes desarrollistas que intentan su perpetuación vía transformación. Se trataría en cierto modo de una gran reforma que, por no escandalizar, no la llamaremos revolución. En todo caso, sería una especie de revolución dentro de lo establecido por la Unión Europea a través de su Directiva Marco del Agua: una revolución conservadora.

Aproximación a los elementos que la constituyen.

Lo primero que habrá que considerar son los usos del agua en la producción de alimentos, al que se destina el 70-80% del agua de nuestro país. No se trata ahora de ampliar las zonas regables para producciones masivas de poca calidad. Al contrario. Europa está girando hacia las producciones de calidad, con alimentos saludables y exentos de contaminantes nocivos. No se trata de exportar, a través de los alimentos, agua cara ─con infraestructuras subvencionadas fuertemente vía impuestos─, a precios baratos, compitiendo con terceros países por medio de barreras arancelarias favorables. Los nuevos proyectos destinados a la mejora y competitividad de nuestra agricultura vía calidad y producciones saludables deberán pasar las pilas bautismales de la eficiencia económica, la aceptación social y la sostenibilidad medioambiental. Se deberá tener en cuenta los posibles efectos sobre el cambio climático (positivos y/o negativos). Quizá haya que devolver a los espacios forestales algunos terrenos marginales puestos en riego inadecuadamente. No se trata de producir más; se trata de producir mejor, con mayor calidad y rentabilidad, al tiempo que se protegen los recursos y el medio ambiente. Se debe decretar el «cierre hidrológico» de las cuencas que tengan sus recursos comprometidos, evitando vestir a un santo desnudando a otro. Habría que plantear la disminución de la presión de los riegos frente a las funciones medioambientales del agua. Todos estas y otras posibles actuaciones estarían presididas ─repetimos─ por la protección, conservación y recuperación de los espacios del agua, incluyendo destacadamente los aspectos ecológicos y sin perder de vista las funciones sociales de estos espacios. En el convencimiento de que la protección ambiental es la forma sostenible del mantenimiento de los usos productivos sostenibles. Si los recursos disminuyen, los usos entran ─además─ en crisis económicas, sociales y políticas (véase el caso del Trasvase Tajo-Segura).

Los abastecimientos a las ciudades y a la industria deberán seguir siendo prioritarios indiscutiblemente. Se comprende mal que la Administración general haya abandonado esta tarea dejando la iniciativa totalmente en manos de las administraciones autonómicas y locales. El Estado de bienestar también se manifiesta en que los ciudadanos cuenten con sistemas de abastecimientos seguros, saludables, equitativos y a precios asequibles. Se hace necesario seguir con las actuaciones de mejora y prevención de los efectos del cambio climático. Se trata de contar con sistemas más robustos y resilientes (palabreja ahora de moda). Resulta inadmisible que los abastecimientos de las ciudades ─que vienen a representar un 15% del total de los usos consuntivos─, tengan restricciones en cuanto se presenta una de las sequías recurrentes propias del clima mediterráneo. El agua debería ocupar en las ciudades un lugar importante en el riego de jardines públicos, láminas de agua, deportes, ornato, etc., es decir pasar el ciudadano y los servicios públicos a un primer término, frente a los beneficios y beneficiarios particulares.

Los aprovechamientos hidroeléctricos han llegado a su asíntota, al estar utilizados los mejores y medianos saltos de agua. El papel futuro se centrará en servir de regulador del sistema eléctrico en relación con el creciente uso de energías alternativas. Esta función se debe compatibilizar con la no perturbación por las turbinaciones de los caudales ecológicos de los ríos, tanto en los nuevos como en los saltos existentes.

Se debería aumentar la exigencia respecto a la depuración de aguas residuales. El principio de «quien contamina, paga», debería hacerse disuasorio frente a la contaminación. Se trata de evitar la sopa química a en la que nos hace vivir la sociedad industrial, beneficiándose de las externalidades y tratando de especular con los derechos de emisión, es decir, convirtiendo la contaminación en fuente de negocio. Pero no se trata de sustituir las aguas limpias por aguas depuradas: los ciudadanos deben tener prioridad; su salud exige evitar cualquier grado de riesgos. Los valores límites de emisión o de otro tipo no pueden ser tomados como un permiso para contaminar.

Los espacios fluviales, que abarcan los valles fluviales en sentido amplio, quizá los espacios del agua de mayor extensión e importancia, merecen una atención especial. Por ellos discurre el mayor flujo del agua. En ellos se establecen ciudades importantes, áreas industriales y de cultivo, infraestructuras hidráulicas y vías de comunicación. Sufren o pueden sufrir el anegamiento por inundación. Han sido muy alterados en muchos casos. Se hace necesario llevar a cabo reconversiones de estos espacios: el ejemplo de la ría de Bilbao podría servir de inspiración. Aquí tienen un campo de actuación muy importante las técnicas de ordenación del territorio, renaturalizando los espacios del agua para la conservación del recurso y la protección ambiental. Podría ser necesario el cambio de lugar de algunas infraestructuras. Pueden demandar grandes recursos de inversión. Se deben tener en cuenta los efectos del cambio climático.

Una cuestión importante, necesaria de más amplio debate, es el caudal ecológico de los ríos. Quizá el tema se haya ido de las manos, tanto la trasposición de la DMA como la propia DMA. Nos explicaremos. No por definir un mayor número de masas de agua, en una carrera entre nuestras cuencas por ver cuál de ellas tenía el mayor número, se logra mayor precisión y protección. Es ilusorio querer implantar un régimen de caudales ecológicos en unas 4000 masas de agua en nuestro país. Carece de visión ingenieril y administrativa. ¿Quién manejará, vigilará y controlará este régimen teniendo en cuenta que estará constituido por caudales mínimos, máximos, sus distribuciones mensuales, tasas de cambio y caudales de crecida? Se tiene dicho que hay dos formas que llevan al desastre: pedir lo imposible y retrasar lo inevitable. Esta falsa visión de los ríos como canales de un centro de experimentación es carne de los tribunales de justicia por la impericia de los técnicos y abogados de la Administración.

Las aguas subterráneas merecen ser tenidas en serio por vez primera. No para su explotación intensiva o sobreexplotación como desgraciadamente ha sucedido en muchos casos. Al contrario, para su mejor uso y la conservación de los ecosistemas asociados (Doñana, Daimiel, La Albufera, etc.). La forma más directa de evitar su sobreexplotación y volver a situaciones de sostenibilidad, será exigir que el caudal de descarga de los acuíferos no sea inferior a un porcentaje determinado (por ejemplo 40-50%) de su recarga media en régimen natural. De esta forma contribuiría al caudal ecológico de los ríos. Una buena parte de sus recursos quedarían en reserva para periodos de sequía. Son necesarios expertos con ideas claras; no se resuelven los problemas en este campo suprimiendo unidades administrativas, sino con programas de formación.

Necesidad de una nueva superestructura.

En cuanto a la superestructura/ideología/mundo/valores se puede indicar que se trata de dar una nueva orientación a los Organismos de cuenca en relación con las nuevas funciones. Como queda dicho anteriormente, se están convirtiendo en jinetes sin caballos; se trata de reforzar sus funciones público-administrativas, alejándose del proyecto y construcción de obras que los tiene enviciados. Hay que regenerar los Organismos de cuenca y fortalecerlos, pues en la nueva cosmovisión serían primeros actores.

Por otra parte, la legislación de aguas clama por una tremenda simplificación al haber llegado a la decadencia super-barroca de su contenido, esperando a los bárbaros que rejuvenezcan el sistema. Su punto de vista no puede ser exclusivamente la seguridad jurídica de los beneficiarios. Además y quizá con preeminencia se debe considerar la seguridad jurídica de las funciones y servicios públicos del agua, teniendo en cuenta que «toda buena causa justifica un poco de ineficiencia» (Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, 1970). Con los espacios del agua apoyados en la DMA, se abre una gran oportunidad para planteamientos más actuales, claros y sencillos. En cualquier caso se debe dar prioridad a los intereses generales y sociales frente a los particulares y de los lobbies, y construir el nuevo sistema partiendo de la conservación del agua y no de la importancia de las infraestructuras económico-productivas.

Poco hay que añadir respecto al régimen económico-financiero del agua. El diagnóstico y la solución están recogidos en los considerandos de la Directiva Marco del Agua europea: propone la recuperación íntegra de costes como herramienta para cumplir los objetivos ambientales del buen estado de las masas de agua y ecosistemas asociados. Pero falla lamentablemente en su aplicación, permitiendo numerosos portillos para que los Estados miembros puedan escapar de su cumplimiento. Tal es el caso de España, que ha optado por la elusión en este crucial asunto.

Por último, la planificación hidrológica. La Ley de Aguas de 1985 estableció los planes hidrológicos como las piezas angulares del sistema, a los que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico (artículo 1º.4 de la Ley de Aguas de 1985). Ello ha dado lugar a que en cada plan de cuenca haya surgido un nuevo licurgo, con pretensiones desorbitadas, elaborándose planes cerrados, en los que se han asignado (¡de una vez por todas!) la totalidad de los recursos. A tal punto que un Estatuto de Autonomía, el de la Comunidad Valenciana, viene a decir que se queda con los recursos no asignados en los demás planes de cuenca. Además, los planificadores carecen, en general, de una visión adecuada de lo que es un sistema natural. Imaginan los ríos como canales de hormigón de un centro de experimentación, por los que se hace discurrir los caudales que se deseen durante le tiempo que se precise; nada más alejado de la cambiante realidad y sus circunstancias. Conciben las cuencas hidrográficas como nodos (embalses) conectados a través de flechas (ríos). En definitiva, una visión cerrada, simplona y ridícula. Ante ello se propone eliminar la planificación tal como está concebida, dirigida al aprovechamiento productivo del agua, y sustituirla de forma total por los planes de gestión de cuencas, siguiendo a la DMA y de acuerdo con la cosmovisión del agua que hemos intentado exponer de una forma liminar.

Los usos productivos y las nuevas iniciativas quedarían en manos de la iniciativa particular. El Estado se reduciría al marco planificador no productivista (siguiendo los planes de gestión de la DMA), la concesión del recurso y autorización de las obras, vigilancia, control y régimen sancionador dentro de los espacios del agua como extensión del dominio público hidráulico. Se reservaría las ayudas financieras a los servicios públicos (en su caso), tipo Agencias del Agua francesas, así como las actuaciones de conservación del recurso y de tipo ambiental. En definitiva, la Administración no debe remar sino llevar el timón.