Desde el principio del verano, el MAPAMA está paseando repetidamente su «Pacto Nacional del Agua». En su «Sala de prensa» se da cumplida cuenta de que su Directora General del Agua mantiene muchas reuniones, sin exponer lo realmente tratado en las mismas. Sólo se da una declaración de intenciones de lo que para el MAPAMA debe ser su pacto: «recoger las propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos existentes».
El MAPAMA habla mucho del Pacto Nacional del Agua, pero no dice nada. No obstante, quien quiera entender puede ver sus intenciones. Uno de los que parece haber visto la jugada es el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, dispuesto a propiciar un «acuerdo entre todos» para no perder parte del pastel («CLM pide “acuerdo entre todos”, incluidas CCAA, para sellar un Pacto Nacional»; La Verdad, 15/9/2017); ¿volverá el Gobierno de Castilla-La Mancha a vender el Tajo por un plato de lentejas?
Los primeros engaños del «Pacto Nacional del Agua» están en su título. Más que un «Pacto Nacional» se trata de una especie de chantaje ministerial, con efectos en la recepción de fondos del MAPAMA así como en el reparto del botín; quien se mueva no saldrá en la foto. Por otra parte, el objeto real del supuesto pacto no es la política del agua, sino la agraria.
Cuando la ministra afirma que «No había planificación en el agua en España» o bien está haciendo una demostración de su ignorancia o bien está realizando un ejercicio de manipulación. Lo cierto es que España cuenta con una larga historia de la planificación del agua, pero su objetivo no ha sido la protección del recurso sino principalmente el desarrollo del regadío. Lo que se ha realizado con los planes hidrológicos aprobados, de los que presume la ministra, es continuar con la planificación tradicional, empleando terminología y vocabulario de la Directiva Marco del Agua, pero evitando que molestara a los lobbies agrarios.
La ministra de las lechugas y su séquito reducen la Directiva Marco del Agua a un obligación burocrática impuesta por la Unión Europea, que ha de salvarse preferentemente con mareo de documentos. Mientras, continúan con su política de sobrexplotación insostenible del recurso. Manejan los conceptos de «demandas insatisfechas», «cuencas deficitarias» o «déficit estructural», pero ignoran «gestión irracional» o «agotamiento del recurso». Utilizan frecuentemente el término «medioambiental» como condimento o adorno floral en sus discursos, pero dista de ser el eje de su política.
Una política del agua adaptada a nuestro tiempo requiere que la protección del recurso sea su objetivo, en línea con la Directiva Marco del Agua. Que el regadío sea considerado como una presión y no como la finalidad. Que anteponga el interés general de la sociedad y no ceda ante grupos de presión y lobbies de regantes. Además de su uso para regar, el agua aporta bienes económicos, sociales y ambientales que se ven seriamente dañados por la degradación y sobreexplotación.
Para proteger el agua basta aplicar la legislación, sin engaños. Prevé mecanismos de diálogo y participación abierta. Requiere honestidad, plantear francamente los problemas y huir de manierismos. Partir de la realidad y ser conscientes de que es imposible proteger el recurso mientras se sobrexplota para beneficiar a un grupo de interesados. Pero ésta no es la línea que se quiere seguir. El MAPAMA apuesta por el Pacto Nacional del Agua o Memorándum 2.0 para hacer los cambalaches que sean necesarios entre las sombras, a costa de un deterioro aun mayor del agua y la degradación máxima de su política. Un cambio de cromos con el que contentar al lobby de regantes a costa una vez más del interés general. El objetivo no es afrontar los problemas del agua, sino destrozarla más.
