El diario ABC publica una entrevista con la ministra del MAPAMA (9/10/2017). Con preguntas cómodas para el lucimiento del personaje. Y, efectivamente, el personaje se luce con un alarde de manipulaciones con las que pretende tapar su pésima gestión del agua. Mezclando conceptos, manoseando palabras agradables e incluso retorciendo la legislación, entreteje un discurso ajeno a la realidad. Es el sello del MAPAMA.
El entrevistador comienza preguntando «¿En España falta agua, infraestructuras o solidaridad?». Una pregunta que omite el aspecto ambiental del agua, además de ignorar la adaptación de los usos a los recursos. Pero la ministra no hace ningún comentario sobre estas omisiones y en seguida saca a relucir la sequía. Otrora pertinaz sequía, ahora sequías recurrentes, pero nos pillan por sorpresa. Si las sequías son recurrentes, no son algo excepcional, y por tanto se tendrían que poder gestionar desde el marco de la planificación hidrológica realizada. No obstante, la ministra presume de estar publicando reales decretos desde 2015, sin ser consciente de que estos parches son consecuencia de una mala gestión y mala planificación.
Relacionado con los decretos de sequía, la ministra argumenta orgullosa las inversiones de 83 millones de euros en las cuencas del Segura y del Júcar. Sobre esto, ¿qué parte es inversión y cuál es gasto? Por ejemplo, subvencionar el agua desalada a los regantes del trasvase Tajo-Segura es un gasto. Pero a pesar de que la práctica totalidad de este dinero público ha ido para beneficio de los regantes, remata la respuesta con que el fin es «que no le falte agua a la población». Recurre al miedo a la sed, a la falta de agua para beber, para justificar inversiones públicas para favorecer a los lobbies amigos.
El guión de la entrevista lleva al pacto nacional del agua. Define que tiene que tener cuatro puntos. Casualmente coinciden con la clasificación de los temas importantes de los planes de cuenca, pero se pretenden hacer pasar por novedosos. Así, ¿para qué sirven los planes de cuenca? No valen para las sequías recurrentes y las medidas que planteaban están condicionadas a un pacto nacional para dar respuesta a los mismos problemas.
Espera la ministra que el pacto esté listo en 2018. Pero, ¿entienden todos los agentes lo mismo por el pacto? En el Sureste lo ven como el medio para plantear nuevos trasvases, algo que la ministra ni niega ni afirma. O bien está dando falsas esperanzas a los trasvasistas ─cosa que dudamos─, o bien veremos un intento de meter nuevos trasvases con calzador cuando el pacto tome forma.
La cumbre del cinismo la alcanza con la frase: «No vamos a hacer nada en contra de nadie». Se ha de aclarar que no está en el contexto de un arrepentimiento por el continuo pisoteo y ninguneo que ha realizado a la cuenca del Tajo, con daños graves a su medioambiente y desarrollo socioeconómico de sus habitantes, especialmente los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Ni mucho menos. Es más, a continuación se saca la expresión «hacer una regulación más horizontal de los trasvases y poner normas comunes» (ni idea de lo que quiere decir) para poner el trasvase Tajo-Segura y su memorándum como ejemplo.
Al hablar del trasvase Tajo-Segura enlaza una cadena de desvaríos. Afirma que en «la legislatura pasada se aprobó una ley que quitó todo tipo de irregularidades»; ¿cuáles son estas irregularidades de todo tipo? ¿Qué el carácter excedentario de las aguas a trasvasar se fijaran en el plan del Tajo, como marca la Ley 52/1980? ¿Qué la Confederación Hidrográfica del Tajo pudiera gestionar y planificar la cuenca del Tajo? Continúa afirmando que la cuenca cedente (Tajo) tiene más agua, porque se subió el umbral de no trasvase de 240 a 400 hm³, en un momento en que Entrepeñas y Buendía almacenan 235 hm³. Con este tipo de manifestaciones muestra en realidad su ignorancia. Subir el umbral mínimo de no trasvase no significa que la cuenca del Tajo tenga más agua, como se ha demostrado en la práctica. En la entrada «Del trasvase Tajo-Segura y sus miserias: irrelevancia del maquillaje frente a la sobrexplotación» se muestra la ínfima repercusión que tiene subir el nivel mínimo del 10% (240 hm³) al 16% (400 hm³). En cualquier caso se estaría ahora unos 120 hm³ por debajo de la línea roja. Además no dice que esa legislación limita el caudal para el Tajo a unos desembalses de referencia.
Parece ignorar la ministra que entre los usos de los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran los recreativos y turísticos, que lo son de la cuenca del Tajo y por tanto prioritarios a cualquier uso del Trasvase. Estos usos recreativos y turísticos fueron una fuente de riqueza y desarrollo en el pasado en estos embalses. Sin embargo, la gestión realizada del Trasvase truncó y revirtió este desarrollo, pues las extracciones excesivas de agua han ocasionado que el nivel medio de llenado desde que opera el Trasvase sea del 30%. Lo que se necesita para recuperar estos usos recreativos y turísticos, con efecto directo sobre la economía de los municipios ribereños es que los embalses se muevan en unos niveles de llenado medio-altos (entre el 60 y el 90%) para hacerlos atractivos. Sin embargo, tras la legislación del Memorándum, lo que se ha conseguido es que se esté más tiempo en situación de excepcionalidad hidrológica que en normalidad, que los propietarios de las embarcaciones se las lleven de los embalses y que sufra aún más el turismo de la zona.
La ministra continúa las alabanzas al memorándum con los beneficios para la cuenca receptora: «se establecieron unos criterios objetivos y regulados de cómo y cuándo se trasvasa. Por tanto, no es a la decisión arbitraria de nadie, ni siquiera del ministro de turno, sino que hay unas reglas conocidas, transparentes, objetivas, que te habilitan o no para que se produzca el trasvase». Lo primero a advertir es que, contradiciendo estas palabras de la ministra, en nivel tres de las reglas de explotación corresponde a la ministra autorizar arbitrariamente el caudal a trasvasar (hasta un máximo de 20 hm³/mes). Ahora, en nivel 1 y 2 de las reglas de explotación la autorización del trasvase es automática. Pero, ¿para qué ha servido? Para alcanzar antes el nivel 3. Antes, la aplicación de las reglas era orientativa y había meses en los que se tenían expectativas negativas en los que no se autorizaba el máximo permitido, con lo que se retrasaba o evitaba entrar en nivel 3.
Tanto el entrevistador como la entrevistada pasan muy de soslayo por el trasvase realizado entre el 29 y 30 de septiembre, que tratamos en las entradas «Trasvasando bajo mínimos» y «El Trasvase de septiembre: despotismo y despropósito». Lo más interesante de su respuesta es cuando afirma que «nos pasamos el día desmintiendo informaciones acerca del agua»; desconocemos si se pasa el día desmintiendo, pero seguramente le dedique más tiempo que a dar información relevante, pues como criticamos en la entrada «Desdén del MAPAMA por dar información relevante al público» no hay explicación pública del MAPAMA de este trasvase en su página web.
Cuando explica la cesión de derechos, da la sensación que la ministra maneja una legislación diferente a la que está publicada en el BOE. Afirma que «Cuando una confederación hidrográfica otorga agua a una comunidad de regantes no se puede retirar, y si tiene excedente se puede ceder. No se les puede quitar salvo para abastecer a la población, sería una enorme arbitrariedad». Pero cuando el Texto Refundido de la Ley de Aguas se refiere a la cesión de derechos (artículos 67 y ss.) establece una serie de condicionantes y garantías, sobre los que hay serias dudas de que se hayan cumplido en este caso. Y no los limita al abastecimiento de la población, sino que en el artículo 68.3 se indica que se podrá no autorizar si «afecta negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos o si incumple algunos de los requisitos señalados en la presente sección». Por tanto, la respuesta dada por la ministra no es acorde a la legislación. Y puesto que el sistema de explotación de cabecera está en emergencia es difícil de justificar que sacar un recurso para otra cuenca no lo afecte negativamente. Difícil de justificar, pero no imposible para la ministra.
Luego está el tema de la semántica. Ha salido agua del Tajo por el trasvase Tajo-Segura que ha llegado al Segura. Físicamente es un trasvase, que no se tendría que realizar «en ningún caso», conforme a la disposición adicional tercera de la 10/2001 (PHN). Sin embargo, la ministra parece asumir los postulados de Humpty Dumpty: «Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. La cuestión es saber quién es el que manda…, eso es todo». Puede que este razonamiento sea válido en el país de las maravillas, que quizás añore la ministra y donde pudiera ser viable el Trasvase, pero es indefendible en un Estado de derecho.
En resumen, una entrevista en la que si la ministra quiere pasar por imbécil, va por buen camino. Y si lo que quiere es tomarnos por imbéciles, que lo consiga depende de cada uno. En estas líneas mostramos nuestra opinión.
