El SCRATS está impulsando el «Manifiesto levantino por el agua» como parte de su campaña para conseguir mayores beneficios, compensaciones y prebendas en una coyuntura de sequía. Una situación «de extrema gravedad» a la que ha contribuido el propio SCRATS que se presenta ahora como víctima. Simultáneamente, sale el borrador del pacto regional del agua de Murcia, documento con el que los partidos políticos murcianos representan su sumisión al SCRATS, recogiéndose en el mismo informe como anexo las matizaciones pertinentes del sindicato. Control de la opinión pública y del poder político para defender los intereses particulares de un lobby.
La propaganda, ejercer una «acción continuada cerca de la opinión pública en el ámbito nacional y regional» en favor del Trasvase era clave para la delegación murciana del Sindicato Vertical (vid «1953. Regadíos del Segura y trasvase»). Actividad asumida por el Sindicato Central de Regantes desde su constitución, con grandes presupuestos y la colaboración de los medios de comunicación regionales. Como premio, el discurso del SCRATS ha sido asumido como creencia por la sociedad murciana, llegando a confundirse como parte de la identidad regional murciana. Por contra, el comportamiento chulesco y caciquil del Sindicato está despertando el recelo de intereses económicos murcianos, a lo que se une cierto malestar de la población local al comprobar, entre otras cosas, el daño infringido por la actividad agraria al Mar Menor. Además, las movilizaciones realizadas en abril de 2017 en la ciudad de Murcia, con el bloqueo de la ciudad durante dos días, mostraron las artes de los regantes (vid La «manifestación pacífica» del regadío murciano).
Es de destacar que, a pesar del nombre de «manifiesto levantino por el agua», la campaña está impulsada directamente por el SCRATS y no por su «círculo por el agua», que forjaron en enero de 2017. Desconocemos las razones (¿afán de protagonismo del SCRATS?, ¿recelos del resto de miembros?, etc.). Puede que una de las finalidades de la campaña sea verificar el compromiso con la causa de los distintos agentes, y señalar a quien no firme o no aplauda.
Es de esperar que consigan un número elevado de firmas. Al fin y al cabo, a pesar de estos recelos, hay muchos convencidos del dogma trasvasista, como se refleja en las «razones» esgrimidas por los que apoyan la campaña en la plataforma web change.org. A modo de ejemplo, se reproducen a continuación alguna de estas razones:
- «Es la base de la vida y de la agricultura, por tanto de nuestra subsistencia económica».
- «Porque el agua es de todos y hay que utilizarla (con inteligencia , mesura y solidaridad ínter territorial) allí donde más falta pueda hacer y más rentable sea sin dañar ningún entorno ecológico».
- «Agua para todos, el agua es trabajo y el trabajo da la vida a muchas familias».
- «El agua es necesaria en la vida y debe de ser de todos y ayudar los unos a los otros».
- «Lo veo de conciencia que se les dé agua».
- «Como murciano me afecta todo lo relacionado con la escasez de agua».
- «Repartir el agua,para no empobrecer esa zona de España».
- «Necesidad del agua».
- etc.
Es una muestra de cómo sigue interiorizado en parte de la población el discurso de la escasez de agua y su influencia en la economía regional. En este contexto, la campaña del SCRATS logra afianzar este sentimiento, a la vez que manda otro aviso al MAPAMA de su poder.
En cuanto al escrito, es grotesco, propio del SCRATS. Con afirmaciones quiméricas, como que la huerta levantina es «orgullo para el país» o «que suministra los más elevados porcentajes de las mejores frutas y hortalizas a nuestros hogares españoles y a los del resto de Europa». Al menos en nuestro caso, ni estamos en condiciones de asegurar que produzcan las mejores hortalizas y frutas, ni no nos supone motivo de orgullo, especialmente cuando se tienen en cuenta las atrocidades y salvajadas que se han realizado y se pretenden seguir haciendo.
Sin trasvases, ¿será el fin del sector hortofructícola? ¿No tendremos lechugas? A pesar de que las estadísticas oficiales suministradas por el MAPAMA/INE hacen difícil el tratamiento sistemático y la agregación de producciones, sí permiten formar una idea de que la producción de hortalizas en las tres provincias receptoras del trasvase Tao-Segura es alta, si bien en total es inferior al 40% del total nacional. Pero al analizar estos números hay que tener en cuenta que se tratan de valores provinciales, en los que el valor más alto corresponde a Almería, cuya participación en el Trasvase es testimonial. Si tomamos como baremo la relación entre el porcentaje de superficie de tierras regadas con aguas trasvasadas y el porcentaje de las exportaciones en la provincia de Alicante, se puede intuir que la producción y exportación de frutas y hortalizas de la «zona Trasvase» suponen menos del 10% del total nacional.
Con un mercado de productos agrícolas saturado, con escasa capacidad para absorber mayor producción, el resto de provincias tiene capacidad para compensar un descenso de producción en el Levante. Expresado en otros términos, las ayudas dadas a los riegos del Trasvase son un castigo a otras zonas regables. En la práctica, a tenor de declaraciones y noticias publicadas en la prensa, parece que parte de la producción está yendo a otras provincias. Ni está en peligro el suministro de alimentos ni es un cataclismo económico nacional. Puede ser una pérdida de negocio del SCRATS, pero no del sector. Puede pensarse que la sequía está corrigiendo situaciones de injusticia territorial.
Los autores del manifiesto sufren un repentino furor pseudo-ecológico al advertir que están a las «puertas de un jaque mate más de cuarenta y cuatro millones de árboles». Un argumento que recuerda la justificación del Trasvase para mantener un caudal ecológico en el Segura, o defender las extracciones del acuífero del Campo de Cartagena para evitar que los nutrientes ─aportados por el regadío─ lleguen al mar. Una preocupación medioambiental sesgada, empleada a conveniencia para la defensa de sus intereses. Por supuesto que es preocupante la situación de estos árboles, pero si quieren buscar las causas han de mirarse a ellos mismos. La razón de existir de esos frutales es la obtención de beneficio. Si su preocupación ambiental por la subsistencia de estos árboles fuera sincera, se habrían preocupado por hacer una gestión que permitiera garantizar un riego mínimo en cualquier circunstancia. Pero con las actuales reglas de explotación del Trasvase ─impulsadas por ellos mismos─, con los propios números que «las justifican», se estima que durante el 30% del tiempo se estaría en situación de excepcionalidad hidrológica. Es el concepto de arramplar con todo el agua que pueda y, cuando no haya, clamar para que se le resuelva la papeleta. Una motivación ecológica llevaría a plantear una agricultura sostenible adaptada a las posibilidades y características del entorno, no pensada sólamente para llenar los bolsillos del lobby.
Han estado boicoteando la planificación hidrológica, con el apoyo de las Administraciones, para evitar que se cuestionara el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura: forzaron la retirada del Esquema de Temas Importantes del Segura, bloqueando la planificación hidrológica, porque contemplaba de modo hipotético un escenario sin el trasvase Tajo-Segura; presionaron y consiguieron que se retirara un borrador del Plan del Tajo porque no les gustaba su diagnóstico de la situación y la subsiguiente definición de excedentes; obligan al Gobierno a aprobar legislación a su capricho; etc. Pueden doblegar a la Administración, manipular la opinión pública, pero no engañar a la realidad. El trasvase Tajo-Segura ha demostrado ser un fracaso. Con su «perdurabilidad» lo que se garantiza es continuar con este fracaso, tanto en la zona receptora como en la cedente. Ponen como excusa la pervivencia de sus poblaciones, pero nuevamente lo que lo motiva son los dineros del lobby.
Solicitan la adhesión a un estudio que no han hecho público; es decir una adhesión ciega. No obstante marcan las líneas de lo que dice este estudio. Una de ellas es «facilitar los mecanismos de la cesión de derechos» (nótese la omisión del término «temporal» con el que se define en la legislación), eufemismo empleado para pedir que se quiten las cautelas que hay en la legislación, para así poder especular con un bien demanial (del dominio público, es decir, de todos). Si lo consiguen, aumentará la sobreexplotación, pues las únicas cesiones que consiguen son las del agua que no se usa, pero no están dispuestos a pagar el precio suficiente para que les cedan el agua que realmente se usa en otros sitios.
Exige el SCRATS la «imperiosa necesidad de conseguir el objetivo de máxima producción posible de las desaladoras existentes en nuestra demarcación». Lo que ahora es imperiosa necesidad antes era un lujo innecesario. Además está imperiosa necesidad no va acompañada de compromiso alguno por parte del SCRATS. El bochorno del SCRATS con la desalación se aprecia claramente con la planta de Torrevieja. Su capacidad nominal actual es de 80 hm³/año, ampliable a 120. Pero en la práctica está limitada a 40 hm³/año por la acometida eléctrica. Se está corrigiendo con urgencia ─para tener los 80 hm³/año─, y no es de extrañar que si continúa la sequía se amplíen también los bastidores para alcanzar los 120 hm³/año. ¿Cuáles son las causas de la limitación en la acometida eléctrica? ¿Por qué no se denunció hace años? En el informe de viabilidad de la planta de Torrevieja, de abril de 2006, se contempla que la capacidad nominal de la planta (80 hm³/año) se repartiera a partes iguales entre la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el SCRATS. Pero el SCRATS, si bien alcanzó en su momento un acuerdo verbal con el Gobierno, se negó en asamblea a firmar el convenio (véase la noticia «El agua ya circula en pruebas por la desaladora de Torrevieja», El País, 12/5/2013). Por tanto, ante la negativa del SCRATS para asumir compromisos de utilización de la planta, es entendible que en la práctica la producción estuviera limitada al único convenio firmado. Sin embargo, mientras se ha podido se ha dado al SCRATS la producción de la planta, con su correspondiente subvención adicional. Por la vía de urgencia y pagada con dinero público se están realizando las obras necesarias para que el SCRATS tenga agua desalada subvencionada para sus negocios, sin asumir ningún compromiso de utilización futura y sin que al parecer eso importe a la Administración. Si el SCRATS ve una imperiosa necesidad en la desalación, y es tan rentable su actividad, ¿por qué no aborda la construcción de sus propias plantas, como hacen otros regadíos cercanos?
Reclaman mayores volúmenes de regeneración de aguas depuradas. Coste de la regeneración que es asumida por los abastecimientos. Al respecto, hay que diferenciar entre depuración avanzada ─que sí sería exigible a los abastecimientos─ y regeneración. Conforme se puede apreciar en el anexo IA del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, los criterios admisibles de las aguas regeneradas se centran en Nematodos intestinales, Eschericia Coli, sólidos en suspensión, turbidez y otros, parámetros que por norma general no son contemplados en los condicionantes de las concesiones de vertido de las aguas residuales. Además del tratamiento, se encuentra la infraestructura de transporte. De nuevo, se imputan a otros usos costes del suministro del agua para riego.
Reivindica el SCRATS la «ejecución de obras hidráulicas necesarias para garantizar el acceso al agua ─de regadío y abastecimiento─ en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos del país». De nuevo se utiliza el abastecimiento a la población como escudo. El Segura tiene recursos propios para atender los abastecimientos. El problema es que, históricamente, se ha dado prioridad a los regadíos sobre esos recursos. En el trasvase Tajo-Segura se incluyeron nominalmente los abastecimientos para darle una apariencia de legitimidad y hacer subvenciones cruzadas a los regadíos. En la actualidad cuenta con la desalación como sustituto de los recursos propios de la cuenca que no puede utilizar por estar comprometidos para el regadío, a pesar de tener menor preferencia. Pero eso no quita para que el SCRATS continúe utilizando la población como escudo para pedir más trasvases. Este posicionamiento lo adorna demagógicamente con la petición de condiciones de igualdad para todo el país, escondiendo que lo que vale para el abastecimiento no vale para el regadío. Pretender hacer «la huerta de Europa» en el «lugar más seco de Europa» es una incongruencia de la que no se puede ni debe hacer partícipe a toda la nación. El agua para el regadío es un medio de producción de una actividad económica, no una necesidad básica.
La última petición es una tarifa para abastecimientos y riegos justa, «proporcionada» al resto de usuarios de la nación. De nuevo utilizando a la población como rehén. De nuevo apelando a la demagogia para justificar subvenciones. Si el coste del agua es más caro en Murcia que en otros lugares se debe en gran parte a los «peajes» que tiene que pagar para ayudar a los regantes, pues a pesar de ser un uso prioritario, se ve obligada a recurrir a la desalación, pagar tarifas de trasvase, asumir los costes de la regeneración, etc., mientras que los recursos superficiales del Segura se dedican en su práctica totalidad al regadío. Por otra parte, el agua es un recurso natural. En el marco de una gestión sostenible, el coste de su utilización, especialmente cuando se trata para una actividad económica (caso del regadío), ha de ser repercutido en los usuarios, para evitar que un abaratamiento artificial del precio suponga un estímulo para la sobrexplotación, como de hecho está ocurriendo.
Comentábamos al principio que, en paralelo al Manifiesto, ha salido un borrador del pacto regional murciano del agua (vid Comentarios al Pacto del Agua Nacional–murciano), que incluye un anejo con las aportaciones del SCRATS en la línea del Manifiesto, aunque con mayor extensión. Quieren que haya más capacidad de desalación, pero no aparece compromiso de su utilización ni de afrontar su coste. Empleando la terminología del profesor Enrique San Martín, en su tesis (Un análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: el trasvase Tajo-Segura; UNED; 2012), hay «willingness to play» (disposición a jugar) pero no «willingness to pay» (disposición a pagar). Es decir, el agua para ellos y los costes para los demás.
En resumen, con este Manifiesto el SCRATS pone nuevamente de manifiesto su capacidad para la propaganda, la manipulación y el chantaje a la Administración. Pretende que la Administración del agua siga estando a su servicio y continúe con la política de prebendas y subvenciones, a lo que parece que el MAPAMA actual no pone objeciones. Está maquinando el pacto nacional del agua para poder dar respuesta a las peticiones del lobby, además de usarlo para ganar tiempo y tapar su inutilidad. Pero a esta situación se ha llegado gracias al abyecto comportamiento del MAPAMA, que ha antepuesto «las soluciones» del SCRATS sobre el sentido común y los estudios técnicos basados en la realidad. Y pretenden seguir por la misma senda.
