Las Tablas de Daimiel: un humedal en llamas.
En 1986 el país padecía ─una vez más─ una prolongada sequía. El día 6 de septiembre el telediario de la tarde abrió con el titular: «Arde la zona húmeda de Las Tablas de Daimiel». Dejando aparte el contrasentido del título, resultaba que el presidente del Parque Nacional de Doñana era Alfonso Guerra, también vicepresidente del Gobierno. El tema del incendio tomó el cariz de asunto de «gobierno», sobre todo porque enseguida hubo voces críticas pidiendo la «descatalogación» de dicha zona del Convenio de Ramsar sobre humedales de importancia internacional, en la que Las Tablas figuraban entre los cuatro espacios españoles de categoría A junto a Doñana, Delta del Ebro y Albufera de Valencia. Rápidamente el vicepresidente ordenó que se hiciese un estudio sobre posibles soluciones para evitar la pérdida de prestigio internacional que acarrearía la descatalogación.
En general había escaso interés en los ámbitos administrativos y profesionales por «los patos». La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ostentaba la presidencia del Patronato del Parque Nacional desde su creación en 1973, pero en aquellas fechas su actividad en este campo se reducía a actuaciones de tipo político; en el Patronato se comentaba con humor que el vuelo de la autonomía era como el de los patos, con arranque pesado y alicorto. El ICONA ostentaba el mando efectivo sobre el espacio natural, nombrando a su director-conservador. Los representantes en el Patronato de los municipios ribereños (Daimiel y Villarrubia de los Ojos) y de los ecologistas eran muy críticos sobre la gestión que se venía llevando a cabo en los años anteriores sobre el agua y el espacio natural.
El incendio rápidamente se extendió al sustrato del Parque Nacional formado por una amplia y extensa turbera. Las autoridades afirmaron que, al originarse en tres puntos distintos simultáneamente, se trataba de un incendio provocado. Pero las fotos de satélite correspondientes a los quince días anteriores al incendio ponían de manifiesto que el incendio se había originado precisamente en las tres áreas que mostraban mayor sequedad. Los expertos en incendios forestales indicaron que bastaban unas gotas de agua de condensación nocturna (rocío) para actuar a modo de lupa e iniciar la ignición. Para apagar el gran brasero de la turbera entraron en servicio varios bulldozer y tres hidroaviones. Los cortafuegos que se abrieron resultaron contraproducentes, pues favorecían la entrada de oxígeno en el gran brasero, activándolo. Los hidroaviones tampoco resultaron efectivos, pues el agua que dejaban caer se introducía en la turbera formando una chimenea. No había agua próxima en cantidad suficiente para inundar la turba incandescente. La solución que se mostró más eficaz fue la de aislar la entrada de oxígeno compactando la capa superior de la turbera. Cuando se dominó el incendio la zona presentaba un aspecto dantesco.
En busca de posibles soluciones.
Pocos días después del incendio, Francisco Ortuño, veterano santón del ICONA (había sido en 1972 su primer director general), convocó una reunión en la Gran Vía de San Francisco. Asistieron unas 12 personas, casi todos del ICONA. Como suele ser frecuente en estas reuniones se divagó largamente sobre posibles soluciones, aportando argumentos sobre la necesidad de nuevas leyes prohibitivas y otras actuaciones de carácter legal. Un asistente externo expuso que lo más necesario sería aportar agua, pues el humedal descansaba sobre el acuífero 23, también denominado acuífero de la Llanura Manchega, gran embalse subterráneo que se encontraba sobrexplotado, con secado de las surgencias de los Ojos del Guadiana, salidas o alfaguaras del acuífero que anteriormente constituían la principal alimentación hídrica del humedal. Añadió que en razón a la creciente sobreexplotación del acuífero, el Parque Nacional estaba condenado a la desaparición si no se le metía en la UVI y se le hacia una «transfusión hídrica». La mayoría de los asistentes se mostraron en desacuerdo con la exposición; alguno la adjetivó de catastrofista. El foco de atención se puso sobre unos cordones de tierra o presillas dentro del Parque, cuya destrucción años atrás provocó el desagüe y secado de los tablazos de agua. Se reconoció que, efectivamente, ese era el detonante inmediato de su secado, pero que aparte de entablillar el brazo roto había que tratar el cáncer que padecía el enfermo; es decir, la sobreexplotación del gran acuífero subyacente que soportaba el humedal.
Pocas fechas después de la reunión Ortuño solicitó que se preparase una memoria para la contratación de una asistencia técnica para el estudio de las soluciones, asistencia que financiaría el ICONA. Se tenía una idea clara de cómo proceder: pinchar el compás en Las Tablas e ir trazando círculos que cortasen corrientes de agua, cuyos caudales se pudieran transportar hasta el Parque Nacional. Se elaboró un listado de 30 posibles soluciones, llegando hasta el bombeo de aguas del Júcar, aunque la mayor parte de las soluciones se podían descartar tras un sencillo análisis. Se adjudicó el estudio a la empresa Eptisa.
La gloria administrativa del estudio de las soluciones correspondió al ICONA y el protagonismo técnico a la consultora, que apareció en los medios de comunicación como «inventora» de las 30 soluciones. Por su parte, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que hasta entonces se había preocupado poco por Las Tablas y raramente asistía a las reuniones del Patronato, perforó rápidamente unos pozos con los que alimentar el humedal, aunque sólo pudieron conseguir el encharcamiento de unas hectáreas con aguas de dudosa calidad. Esta actuación presentaba el inconveniente de aumentar las extracciones sobre un acuífero sobreexplotado, sirviendo de mal ejemplo a los regantes. Al contrario, se comenzaba a plantear una limitación general de las extracciones y la posible anulación de las que se efectuaban en las inmediaciones del Parque Nacional, pues resultaba penoso ver pívots regando grandes superficies de maíz en verano, a pleno sol, al lado de las lagunas secas.
Esquema de funcionamiento de Las Tablas de Daimiel.
Se tenía un buen conocimiento del problema hidrogeológico de La Mancha en relación con Las Tablas gracias a los estudios que venía realizando en el Servicio Geológico de Obras Publicas desde mediados de los años 70; estudios que eran continuación de los realizados por el IGME al principio de la década. Los trabajos consistieron principalmente en el seguimiento de las superficies puestas en riego por medio de fotografías de satélite (técnica que se utilizaron por vez primera para estos seguimientos, pues sólamente lo habían sido hasta entonces por los seguros agrarios), así como el control de una red de piezómetros que indicaban el vaciado acelerado del embalse subterráneo. Con una superficie del acuífero de unos 5000 km² en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, los riegos con aguas subterráneas alcanzaron unas 120 000 hectáreas, extensión similar a la del renombrado Plan Badajoz, de iniciativa pública, con volúmenes procedentes de una serie de embalses superficiales sufragados por el erario público, así como las redes de canales de transporte y distribución. Pero en La Mancha la transformación en regadío había sido llevada a cabo por los particulares a sus expensas, con créditos bancarios de amortización a largo plazo. Se perforaron, equiparon y electrificaron unos 20 000 pozos. Los riegos constituían el auténtico motor del desarrollo regional, pronto transmitido a otros eslabones de la cadena económica (maquinaría y equipamiento agrícola, agroquímicos, viviendas, comercio, etc.). Se detuvo la endémica emigración de la población de la región, que en los años 50 y 60 afectó a casi la mitad de la misma. Las extracciones del acuífero por medio de pozos llegaron a superar los 600 hm³/año, doblando a la recarga media del acuífero. Se produjo un vaciado del mismo de unos 4 000 hm³. El vaciado del acuífero se vio acelerado por la secuencia de años secos del principio de la década del 80, lo que a su vez motivó mayores transformaciones y extracciones. La administración hidráulica anterior a la Ley de Aguas de 1985 era prácticamente inexistente para las aguas subterráneas; después de la entrada en vigor de la nueva ley tardaría aún algunos años en tomar cartas en el asunto. Es decir, se producía una de las clásicas situaciones descritas por Garret Hardin en su célebre obra «La tragedia de los (bienes) comunes» (1968).
Las Tablas de Daimiel, de unas 1800 hectáreas de extensión superficial, se sitúan junto a la descarga principal del acuífero a través de los denominados Ojos del Guadiana, unas surgencias kársticas de unos 4 m³/s en régimen no influenciado existente décadas atrás. Las surgencias de los Ojos formaban el nacimiento del río Guadiana, que tras un recorrido de unos 3 km entraba en Las Tablas por el sur de la laguna. El humedal se originaba históricamente por el juego de las aportaciones de agua de distintas procedencias y calidades. Junto a las descargas de los Ojos, de gran regularidad y con salinidad moderada (menos de 1 g/l ), el río Gigüela entraba en la laguna por el norte, con aportaciones irregulares de agua de mayor salinidad (hasta 4 g/l), largas temporadas (incluso décadas) sin aportación y avenidas con periodo de retorno de unos 25 años. Completan las fuentes de recursos las entradas directas procedentes de escorrentías de la Sierra de Villarrubia, situadas al norte, con agua de excelente calidad. El juego de estas diversas fuentes de agua y sus distintas calidades producían una diversidad de ambientes (biotopos) que daban origen a una vegetación diversificada (masiega, espadaña y tarayes) y una preferencia de las anátidas por este lagunazo estepario en las etapas de su migración anual.
Hacia la fecha del incendio (1986) el río Gigüela llevaba una década sin correr. Los Ojos del Guadiana comenzaron a secarse en 1984, dando la razón a los modelos que se habían elaborado en el Servicio Geológico. El primer año se secaron sólo en verano, recuperándose algo las surgencias con las lluvias de otoño e invierno; un par de años después, cesaron las salidas de agua de forma permanente. Posteriormente, hacia 2010, el agua se situaba a más de 10 m de profundidad.
En este escenario nada halagüeño, Las Tablas constituían un auténtico «termómetro» del estado del acuífero, que era tanto como decir de la salud de la economía regional. El Patronato del Parque Nacional, al tener representación de distintos departamentos ministeriales (Agricultura, Obras Públicas, Energía, …), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos del entorno, Confederación del Guadiana, Cámaras agrarias, asociaciones ambientales nacionales y regionales, etc., constituía un auténtico parlamento regional del agua. Además no había otro, pues entonces las aguas subterráneas no contaban con representación en los órganos de las confederaciones hidrográficas. Cuando se produjo el incendio de 1986 se reactivó el Patronato, apareciendo en representación de los departamentos ministeriales varios directores generales. Pero carecían de una visión certera del problema y, más aún, de las posibles soluciones, pretendiendo sólamente adquirir protagonismo en los medios de comunicación.
Se produjeron tensiones con los agricultores de la zona, pues sospechaban que, para mantener el humedal, se les iban a limitar los riegos. Hubo reuniones del Patronato en las que, a la entrada del Parque Nacional, se presentaron unos cientos de agricultores con tractores para impedir el paso a sus miembros. Tuvo que intervenir la Guardia Civil para abrir paso. Luego, la reunión del Patronato resultó tan agitada que casi tuvieron que solicitar que la benemérita entrase a la sala de reuniones para poner paz.
El trasvase desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS) a las Tablas de Daimiel.
Desde el principio se recogió la idea de uno de los coautores del trasvase Tajo-Segura, de hacer una derivación del ATS cuando atravesaba en su recorrido los ríos Riánsares o Gigüela, soltando agua desde el Acueducto y dejándola correr por gravedad por los cursos que en su recorrido terminaban en Las Tablas. O sea, un trasvase menor desde el gran Trasvase.
Esta solución presentaba la ventaja de que las aguas se hacían discurrir por cauces naturales. Se tuvieron que acondicionar porque después de más de una década sin corriente los cauces estaban invadidos por la vegetación. El Parque de Maquinaria del ministerio de Obras Públicas se encargó de limpiar y desbrozar los cauces y acondicionar pasos y puentes. También hubo que resistir las protestas de algunos ecologistas que, en cuanto veían una pala mecánica en un cauce limpiando la vegetación, se oponían acaloradamente.
En cuanto a la objeción de que se iban a aportar al humedal aguas de calidad diferente a la «autóctona», se argumentó que el país geológico de la procedencia de las nuevas aportaciones (cabecera del Tajo) era el mismo que de las antiguas (cabeceras del Gigüela y Riánsares, contiguas a la anterior), por lo que la salinidad y la composición química era similar. Por otra parte, como se expuso más arriba, Las Tablas se habían creado por el juego de aguas con distintas procedencias y diferentes calidades, lo que les daba su biodiversidad. En esas condiciones, el biotopo se adaptaba muy bien a las cambiantes condiciones de tipo natural. Otra cosa sería posteriormente el incidente de contaminación artificial sufrido por vertidos de tipo industrial (aceites y queserías) del polígono industrial de Alcázar de San Juan, vertidos que alcanzaron el Gigüela y posteriormente Las Tablas, destruyendo en pocas horas la pradera sumergida del humedal al impedir la oxigenación de las aguas en superficie (aceites) junto a la anoxia de la masa de agua por los residuos de la fabricación de queso, con gran DBO.
Aprobada la solución de trasvase desde el ATS, la superioridad ordenó a la Confederación del Tajo elaborar el proyecto y realizar las obras de enlace del ATS con alguno de los ríos que podían conducir el agua hasta Las Tablas. Se eligió el arroyo Valdejudíos, tributario del Gigüela, cerca de Carrascosa del Campo, pues al atravesar el ATS los ríos Riánsares y Gigüela por medio de elevados acueductos a lo romano, hubo que buscar un punto en el cual el agua pudiera pasar fácilmente desde el Acueducto al cauce de un arroyo. En el canal del Trasvase las obras consistieron en pasar de la sección semiexagonal a un tramo de sección cuadrada por medio de superficies curvas de enlace de entrada y salida, con una compuerta lateral que vertía el agua al arroyo Valdejudíos con un salto muy pequeño, reforzando con mampostería el cuenco de recepción y un tramo del arroyo.
La ley de derivación de aguas desde el Acueducto Tajo-Segura a Las Tablas de Daimiel.
Mientras se desarrollaban las anteriores obras de enlace, la Dirección general de Obras Hidráulicas preparó un borrador de ley para poder derivar agua desde el ATS a Las Tablas. Rápidamente el borrador de anteproyecto pasó al Gobierno para su tramitación. Era un texto muy breve, como se pensaba entonces que debían ser las leyes.
También fue necesario preparar el discurso del ministro Cosculluela para la defensa de la ley en el Congreso de los diputados. Casi simultáneamente, un diputado del PP por Ciudad Real solicitó igualmente un borrador de respuesta al ministro. Los dos discursos encajaron perfectamente y ambos parlamentarios estuvieron acertados en la defensa del proyecto de ley. La «Ley 13/1987, de 17 de julio, de Derivación de Volúmenes de Agua de la Cuenca Alta del Tajo, a través del Acueducto Tajo Segura, con carácter experimental, con destino al Parque Natural de Las Tablas de Daimiel» autorizaba la derivación de hasta 60 hm³ en tres años, sin que se pudiese pasar de 30 en un año. Se aprobó en el Congreso con un solo voto en contra; todos los demás diputados presentes (más de 180) votaron a favor. Si algún lector tuviese la curiosidad de leer el preámbulo y el texto articulado de la ley, podría darse cuenta de que los redactores del proyecto de ley no tenían seguridad alguna de que la operación fuese a funcionar.
A los representantes en el Patronato de distintos intereses, se les comentó que la derivación de aguas desde el ATS, rompía por vez primera el monopolio del aprovechamiento del agua de la cuenca alta del Tajo por el Segura. Hasta entonces el Trasvase servía exclusivamente a los abastecimientos y riegos del Segura. Rompiendo este monopolio quedaba abierto el camino para que en el futuro Castilla-La Mancha pudiera beneficiarse de ese «nervio hidráulico». Por otra parte, el volumen de agua aportado a Las Tablas se infiltraría en una buena proporción recargando el acuífero subyacente. A los ecologistas presentes en el Patronato se les expuso que las opciones que se presentaban eran entre meter al enfermo en la UVI y hacerle una «transfusión hídrica» por ver si en el futuro podría sobrevivir o, en otro caso, enterrar a un muerto. Lo entendieron bien y lo apoyaron.
Promulgada la ley y realizadas las obras de derivación sólo restaba poner en marcha la operación experimental. Con la Comisaría de Aguas del Guadiana, encargada oficialmente de vigilar la derivación, se planificó la operación. Lo primero era fijar el caudal a derivar para que llegase el agua a Las Tablas, distantes 140 km del punto de derivación, teniendo en cuenta que desde hacía 10 años los cursos estaban secos, con su cauce lleno de arbustos e, incluso, árboles, y se habían construidos puentes de acceso a fincas por los particulares estrechando el cauce. Se llegó a la conclusión que se deberían hacer circular unos 4 m³/s; con mayor caudal se corría el riesgo de desbordamientos y anegamientos de terrenos próximos; con menor caudal, se podía infiltrar en su totalidad a lo largo de su recorrido y no llegar el agua a su destino. Además se movilizó el Parque de Maquinaria del ministerio, desplegando bulldozer y retroexcavadoras en puntos estratégicos a lo largo del recorrido del agua. También la Comisaría vigilaría que no hubiese derivaciones subrepticias (robos) del agua durante su transcurso, pues se tenía constancia de la existencia de tomas ilegales desde el río Gigüela a las lagunas del Taray y de Villafranca de los Caballeros, en la provincia de Toledo. Con los medios del Servicio Geológico se controlaron una serie de pozos próximos a los cauces utilizados como piezómetros de control con objeto de vigilar la infiltración de agua; además se efectuó una campaña de toma de muestras para el seguimiento de la calidad del agua a lo largo de su recorrido. Por último se tuvo una ocurrencia «ventajista»: se llevaría a cabo la derivación una vez que hubiese llovido y los ríos comenzasen a correr, pues «había que hacer circular el agua sobre agua y no sobre un cernedor o una esponja».
La presa de Puente Navarro.
Para evitar que el agua se escapase del lagunazo había que reconstruir el cierre que antes hacía el molino de Puente Navarro, situado sobre el Guadiana en el punto más aguas abajo de Las Tablas, y destruido al construir la variante de la carretera Malagón-Daimiel. Hubo que imaginar una presa de cierre, situar la cerrada y llevar a cabo por el Servicio Geológico el estudio de la cimentación de la presa. Resultó que el subsuelo estaba constituido por turbas y limos hasta unos 12 m de profundidad, con comportamiento resistente de tipo plástico. Para fijar la altura de la presa sobre el terreno, se tomó la cota que había dejado el agua en el caz del destruido molino y se replanteó esa cota sobre el terreno, comprobando que era la cota que debía inundarse en la zona de Las Cañas, área seca desde 1970. El proyectista y director de las obras por parte de la Confederación del Guadiana, hizo construir la presa de Puente Navarro con 12 m bajo la superficie del terreno hasta el cimiento, y 6 m por encima de la superficie del suelo. Molestó mucho al gremio ortodoxo y exclusivo del mundo de las presas que saliese la noticia en los medios de comunicación manifestando que se trataba de la primera presa con finalidad exclusivamente ambiental que se había construido en España.
La derivación del agua desde el ATS y la llegada a Las Tablas.
Todas las circunstancias favorables para llevar a cabo la derivación se dieron a finales de febrero de 1988. El día 29 de febrero de 1988 (bisiesto) se hizo una inauguración «oficiosa» por los técnicos de la Dirección General de Obras Hidráulicas, de la Confederación del Tajo y del Parque Nacional. En la confluencia del ATS con el arroyo Valdejudios, en Carrascosa del Campo, se abrió la compuerta y se comenzaron a derivar 2 m³/s, aumentándolos paulatinamente hasta 4 m³/s. El ensayo funcionó bien, y al día siguiente, 1 de marzo, se llevó a cabo la inauguración oficial por el director general de Obras Hidráulicas, el gobernador civil de Cuenca y la televisión regional. Fue una muestra más de que las altas autoridades no confiaban demasiado en el invento de la «derivación experimental», y dejaron la inauguración para segundos niveles administrativos.
Se comprobó que el agua circulaba por los cauces a una velocidad de unos 4 km/hora, es decir, al paso de una persona. Cuando el agua llegó a Villarta de San Juan, en el cruce del Gigüela con la carretera Nacional IV, se produjo un anegamiento que tuvo que resolver la maquinaria del Parque del ministerio. Sucedió lo mismo en Arenas de San Juan, con corte durante varios días de la carretera de Puerto Lápice a Daimiel. Pero Las Tablas se llenaron hasta arriba, llegando a anegar hasta los caminos periféricos. En esta primera campaña de 1988 se derivaron del ATS unos 18 hm³, de los que llegaron a Las Tablas el 75% de lo derivado. Se consideró que se habían superado los objetivos previstos. Se inundó la zona de Las Cañas, en la parte baja de Las Tablas, seca y degradada desde 1970; la avifauna aprobó la llegada del agua, yendo rápidamente en la siguiente primavera a plantar sus nidos en el área inundada de nuevo.
Se dio el curioso fenómeno de que el agua que entraba en Las Tablas por el norte, procedente del ATS a través del Gigüela, al llegar a la zona del molino de Molemocho, remontaba desde ese punto el cauce seco del río Guadiana debido a las mínimas pendientes de la zona. Discurría durante unos 3 km hacia arriba, hasta que se encontraban con los Ojos secos del Guadiana, por donde se introducía en el subsuelo, terminando su recorrido. Era un río que circulaba al revés, cuesta arriba, desmintiendo el aforismo de que los ríos no podían volverse atrás.
No hubo entonces protestas por parte de los beneficiados en el Sureste por del Trasvase. Como excepción, el rector de la Universidad de Alicante, experto en derecho ambiental, protestó diciendo que frente al aprovechamiento productivo del agua que se hacia en el Sureste, en Castilla-La Mancha se desperdiciaba «para los patos». También fue muy crítico un catedrático de Hidrogeología, manifestando su escepticismo con toda la operación, siendo favorable a que el agua se destinase a la laguna del Taray, de propiedad privada y dedicada a actividades cinegéticas, en lugar de intentar recuperar el Parque Nacional.
Epílogo.
Hubo después otras campañas de derivación, con menor volumen de agua. Asimismo la Ley 13/1987 fue prorrogada en dos ocasiones transcurridos 3 y 6 años respectivamente. Los artífices de las primeras derivaciones marcharon a otros destinos en la Administración. Años después, en octubre de 2009, durante otra sequía, la turbera se volvió a incendiar. Se habían perdido las experiencias anteriores para aportar agua por medio de la derivación desde el ATS. Se quiso repetir la operación de derivación, pero resultó un fracaso: el agua no llegó al humedal porque durante el recorrido por los cauces secos se la tragó el terreno. Se proyectó una conducción a presión para derivación directa desde el ATS a Las Tablas, procedimiento poco ambiental al prescindir del papel de los cursos naturales. No se llegó a construir porque hizo su aparición una temporal de lluvias.
Mientra se llevaban a cabo las actuaciones anteriores también se trabajó para encauzar el problema de fondo: el «cáncer» de la sobreexplotación del acuífero de la Llanura Manchega. La cuestión residía en que si se frenaba en seco la sobreexplotación, el motor de la economía regional podría «griparse» con riesgo de derrape del desarrollo regional. Había que proceder con cautela intentando no cerrar el presente y dejar abierto el futuro. Había que tener en cuenta la evolución de la situación hidrológica en función de los parámetros de la economía agraria. Cabía la duda razonable acerca de que gracias a la riqueza que generaban los riegos se podrían desarrollar otros sectores económicos (secundarios o terciarios) que tomasen el relevo. Teniendo en mente todas estas consideraciones, se impulsó la declaración provisional de sobreexplotación del acuífero por la Confederación Hidrográfica del Guadiana el 4 de febrero de 1987. Posiblemente se trató de la primera declaración de sobreexplotación en nuestro país. Posteriormente la declaración provisional se elevó a definitiva en 1994.
En diciembre de 1991, una delegación española presidida por el Secretario de Estado del ministerio de Obras Públicas, asistió a una reunión de ministros y viceministros de la entonces Comunidad Europea en la ciudad holandesa de La Haya. En el transcurso de dicha reunión se aprobaron los planes de ayudas a la LLanura Manchega y al Campo de Montiel con objeto de proteger los humedales de Las Tablas y las Lagunas de Ruidera, compensando económicamente a los agricultores que redujesen sus riegos durante 5 años, ayudas luego prorrogadas por otro periodo idéntico. Otra cosa fue la ejecución de dicho plan, que consumió sus ayudas sin alcanzar los objetivos fijados.
A partir de 1991 tomaron el relevo otros actores. La Junta de Comunidades adquirió un papel más activo, tomando iniciativas tanto sobre el Parque Nacional como sobre los aprovechamientos del acuífero de la Llanura Manchega. La Confederación del Guadiana comenzó a preparar el «Plan especial del Alto Guadiana», aprobado en 2008 con inversiones muy ambiciosas, que desactivó la recesión económica. El Instituto Geológico y Minero de España dedicó mayor atención al acuífero y los problemas ambientales asociados.
Conclusión.
El Parque Nacional sigue vivo, salió de la UCI y, aunque enfermo, no se ha descatalogado. Sigue siendo lugar preferencial para una numerosa avifauna, siendo su especie emblemática el pato colorado (netta rufina). Es uno de los Parques Nacionales españoles que cuenta con mayor número de visitantes cada año. Recurrentemente, con cada periodo de sequía prolongada, aparece en los medios de comunicación por nuevos incendios de lo que va quedando de turbera, así como por episodios de contaminación, mostrando que sigue requiriendo cuidados ambientales. La ley de derivación de 1987 (con sus dos prórrogas trianuales), se transformó en una nueva ley (RDL 8/1995, de 4 de agosto, por la que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura), que integró la derivación para el abastecimiento de una serie de poblaciones de Castilla-La Mancha y la derivación a Las Tablas, hasta un total de 50 hm³/año procedentes del Acueducto Tajo-Segura. La brecha abierta por la ley de derivación de 1987 había dado frutos tardíos extendiendo el uso del ATS a los abastecimientos de la Llanura Manchega y a la ciudad de Albacete (3 hm³/año).
