Introducción.
La lucha contra la corrupción se ha situado en las agendas políticas como una de las prioridades de la mayoría de los Gobiernos del mundo, sobre todo en los países desarrollados. El soborno, el beneficio ilícito, la prevaricación o el enriquecimiento privado a costa del dinero público generan cada vez más rechazo entre los ciudadanos.
Cinco son los sectores en los que se ha identificado una mayor extensión de las prácticas corruptas: la construcción, la sanidad, la justicia, el agua y la enseñanza. En las líneas que siguen nos referiremos al agua. Para el lector interesado en los otros sectores recomendamos la publicación de Pere Ríos Ríos (2016). «La factura de la corrupción pública y privada», texto del que somos deudores también en nuestra exposición.
Dentro del mundo del agua, los grandes trasvases entre distintas cuencas hidrográficas constituyen una de las actuaciones que más se prestan a este tipo de prácticas. Las razones son claras. Por un lado, benefician grandemente la economía y el empleo de las regiones receptoras del agua, que son las que disponen de mayor nivel de desarrollo económico, rentas y poder político. Por otra parte, los perjuicios que causan se reducen a regiones que ceden (o son expoliadas de) sus recursos naturales, de menor renta y desarrollo, con menor capacidad política. En tercer lugar, la administración pública que debe autorizar las transferencias de agua se encuentra presionada por grupos de poder, resultando más fácil ceder a sus exigencias, aun violando la equidad, que enfrentarse a lobbies con tanto poder político y económico como falta de ética. Adicionalmente se mueve una pléyade de «partes interesadas» favorable a estas transacciones por venalidad, favores políticos, inercia profesional o prestigio académico. La consecuencia es que los grandes trasvases pueden servir de ejemplo de corrupción política, económica, social, administrativa, legislativa, ética, intelectual y cultural. Al lector interesado en cómo se crea, desarrolla y mantiene este gran engaño y corrupción intelectual le remitimos a la tesis doctoral de María Victoria Aragón García La construcción social del discurso en torno al agua y su contribución a la creación de opinión pública. Una aproximación empírica al territorio de la Región de Murcia (enlace al apartado de conclusiones).
La toma de conciencia del problema de la corrupción.
A partir de la década de 1960, la corrupción fue tratada en los trabajos de la llamada Escuela de Virginia de economía política, grupo de estudiosos estadounidense al que se debe una teoría muy influyente acerca de la búsqueda de las rentas en el sector público. Pieza clave de este análisis fue el ensayo El cálculo del consenso (1962), original de Buchanan y Tullock. Según estos economistas. la actividad de los grupos de presión resulta determinante para entender los comportamientos de políticos, burócratas y ciudadanos. Se trata de colectivos que solo buscan en la actividad política el beneficio personal para sus miembros, una actuación que definieron como rent seeking o «búsqueda de rentas».
Buchanan sostuvo que en el caso del rent seeking el beneficio empresarial surge no de la satisfacción de una necesidad comercial en un contexto competitivo, sino a través de un monopolio artificial con favores de tipo legal incluida la limitación de la competencia. La característica más clara del rent seeking es que el beneficio de un grupo de empresas solo es posible a costa de perjudicar a otros y de la captura de subvenciones y beneficios procedentes de los contribuyentes.
El buscador de rentas no se comporta como un empresario que quiere generar un nuevo bien o un proceso productivo con un menor coste, sino que su objetivo es que el gobierno le otorgue un poder monopolístico e impida la entrada de potenciales competidores. En el caso de los trasvases, el poder monopolístico se obtiene a costa de los regantes de la cuenca cedente y de los otros regantes de la cuenca receptora anteriores en el tiempo, por medio de la creación de un gran grupo de presión o sindicato de los nuevos regantes con aguas trasvasadas. Estos colectivos, grupos o sindicatos ─continúa Buchanan─ que tienen como un objetivo principal lograr los favores gubernamentales, deberán despilfarrar una gran cantidad de recursos en promocionar y publicitar su postura para persuadir a los poderes públicos. Para ello no dudarán en recurrir a intrigas políticas, promulgación de nuevas leyes a medida, manifestaciones callejeras de sus partidarios, cortes de carreteras, participación directa o indirecta en campañas políticas o de otro tipo, favores a los medios de comunicación adictos, promoción de programas de televisión, subvenciones a publicaciones, cursos, conferencias y dictámenes jurídicos, así otras diversas actuaciones de agitación y propaganda en defensa de sus intereses. No dudan en aprovechar su carácter de corporación de derecho público, lo que las sitúa a sotavento de fiscalizaciones públicas.
Buchanan aseguraba que el buscador de rentas no es más que un falso empresario, un cortesano del Estado y la legislación. No podría prosperar si las instituciones no funcionasen de una manera deficiente. Las rentas solo favorecen a quien las recibe, colectivos muy reducidos, sin que aumente la riqueza del conjunto de la sociedad cuando se realiza una honesta valoración económica de los proyectos. En el caso del trasvase Tajo-Segura véase el trabajo de Enrique San Martín Un análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: el trasvase Tajo-Segura (UNED; 2012). Este comportamiento institucional es el germen de las prácticas corruptas de todo tipo (cesiones encubiertas y venales de agua a terceros, discriminación en la concesión de ventajas o favores, pagos «de prestigio», subvenciones a medios de comunicación o profesionales, etc.), en diversos lugares y por distintos procedimientos que no serían posibles sin la cobertura de la legislación o las políticas que aplican los poderes públicos por medio de órganos no imparciales (caso de las comisiones para las tomas de decisiones «técnicas», claramente influenciadas).
Según la Escuela de Virginia, esta actuación de rent seeking por parte de los grupos de presión, posible origen de algunas prácticas corruptas, solo resulta factible porque el Gobierno interfiere en el proceso de ajuste de los mercados con su poder discrecional (o, en ocasiones, posiblemente arbitrario) a través de concesiones, cuotas, subsidios, permisos, legislación «ad hoc», asignaciones, etc. En el caso de los trasvases, el uso de su poder coactivo para asignar recursos naturales de unas regiones a otras, inversiones a fondo perdido o con recuperación parcial, amortizaciones mínimas, frecuentes exenciones, etc.
Antídotos.
Para afrontar estas situaciones, y como forma de control del gasto público, los miembros de la Escuela de Virginia reclamaron con insistencia el establecimiento de limitaciones legales para el gasto público con destino a los grupos de presión, en especial el capítulo de inversiones (inacabables, irracionales y escasamente justificadas), con fiscalización pública de sus ingresos y gastos, y eliminación de subsidios y ventajas que alteren la equidad y la competencia entre empresarios de la misma región o de otras distintas. No está fuera de su visión la posible ayuda a las regiones perjudicadas por estas prácticas (en el caso del trasvase Tajo-Segura, la cuenca del Tajo) para su propio desarrollo mediante el uso de sus propios recursos naturales, que le posibilitarían exportar sus producciones agrarias en una primera fase (y comercializarlas directamente más adelante), en lugar de las prácticas «coloniales» de limitarse a exportar las materias primas (el agua); prácticas basadas en un concepto de solidaridad egoísta, arcaico y ventajista, claro ejemplo de la denominada «ley del embudo».
