Recientemente se han publicado en Acuademia.com tres interesantes entradas sobre la gestión del agua en Madrid: «Después del saqueo del Canal de Isabel II (caso Lezo), ¿qué rumbo tomar?» (Santiago Ramos, 5/1/2018), «Sobre los saqueos “por” las instituciones. A propósito del Canal de Isabel II» (El Mengue, 11/1/2018) y «Aproximación a la metafísica de la corrupción» (Gregorio Villegas, 12/1/2018). En la segunda, se pone de manifiesto la existencia de un beneficio de 230 millones de euros en el año 2016, de los que 150 millones se repartieron como dividendos entre los accionistas del Canal de Isabel II (Comunidad de Madrid y ayuntamientos), definido muy acertadamente por El Mengue como «un saqueo del bolsillo de los madrileños por las instituciones». Esta situación contrasta con lo establecido en la planificación hidrológica del Tajo, en la que se definen varias masas de agua de la Comunidad de Madrid con «Objetivos Menos Rigurosos». Para más escarnio, la inversión realizada por el Canal de Isabel II en 2016 en depuradoras ha sido escasa (24 millones de euros), especialmente comparada con los dividendos repartidos (150 millones de euros).
Por tanto, la fuerte alteración de los ríos en la Comunidad de Madrid justifica que se fijen en ellos unos objetivos menos rigurosos. Pero esta declaración no debería significar desentenderse del problema, sino todo los contrario: adoptar todos los medios posibles para conseguir «el mejor estado ecológico y estado químico posibles», como se indica en el artículo 37 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Ha de tenerse en cuenta que no sólo se ven afectadas las masas de agua de Madrid, sino todas las del río Tajo aguas abajo de Aranjuez (confluencia con el río Jarama), a lo que hay que sumar la reducción de caudal que sufre el río Tajo por las detracciones del trasvase Tajo-Segura. Así, cuanto más limpios estén los ríos madrileños, mejor será el estado del río Tajo a partir de Aranjuez.
En resumen, la fijación de Objetivos Menos Rigurosos en los ríos de la Comunidad de Madrid puede estar justificada por su fuerte alteración hidrológica, pero no la dejadez en no perseguir el mejor potencial posible, la mayor reducción posible de la contaminación. La depuración en Madrid es mejorable, pero las inversiones realizadas son insuficientes siquiera para alcanzar lo que figura en las medidas del Plan del Tajo. En 2016 la inversión en EDAR fue menos de la sexta parte de lo repartido como dividendos entre los accionistas (administraciones públicas); significativo del reprobable comportamiento de nuestras administraciones, más preocupadas por saquear el bolsillo de los ciudadanos que por ejercer sus funciones de protección y mejora del medio ambiente.