El hombre es un animal que habla, pero miente mucho. El papel de la literatura es decir la verdad y, como sabemos, la verdad no es agradable.
(Philippe Sallers, 2002)
En otra entrada de www.acuademia.com, bajo el título de «Una reunión de altura en el palacio de Fontes», comenté mis primeros pasos profesionales dentro de la administración del agua. Desde esos primeros momentos, mi perplejidad no ha dejado de crecer. Sobre todo en cuanto a la relación entre los ingenieros funcionarios del ministerio y de las confederaciones hidrográficas por una parte, y los regantes por la otra; mejor dicho, las comunidades de regantes de primero, segundo y de orden mayor, pues de todo hay.
Después, a lo largo de mis distintos destinos en otras unidades o ministerios como letrada, he tenido oportunidad de asistir en representación oficial a bastantes reuniones de las Juntas de Gobierno de varias Confederaciones Hidrográficas, así como otras reuniones y congresos convocados por las comunidades de regantes o de su federación nacional (Fenacore). En todas ellas me llamó la atención el elevado nivel de vida que denotaban los presidentes y secretarios de dichas comunidades, con frecuentes apellidos ilustres entre ellos, encontrándolos bien enterados de los asuntos que les concernían, expertos en la obtención de las ayudas procedentes de Bruselas. Ingenuamente pensaba yo a priori que me podría encontrar con personas más «pegadas a la tierra». En los viajes de vuelta por tren de estas reuniones me dediqué a releer el libro de Joaquín Costa «Oligarquía y caciquismo».
Mi perplejidad aumentó cuando me enteré de que muchas comunidades de regantes tenían como patrimonio propio poco más que una silla y una mesa. La sede que ocupan era un lugar cedido por la correspondiente Confederación Hidrográfica. En cambio se dice que en otros casos ha sido un sindicato de regantes el que ha financiado la sede de la Confederación y ha adelantado en alguna ocasión las nóminas de su personal. ¿Cómo resulta posible tamaña diferencia de unas a otras comunidades o sindicatos teniendo el mismo fin?
También me han mandado asistir a varios Congresos de regantes. Estaban muy concurridos, con escasísimas ponencias técnicas, muchas visitas de turismo por la zona, y comidas y cenas como en las bodas de Camacho. Eso sí, al comienzo de cada congreso se oficiaba una misa solemne de acción de gracias. En todos los congresos se hacía intervenir al ministro de turno, que se cuidaba bien de prometer más pantanos, que era lo que esperaban oír los asistentes. Recuerdo que en el congreso celebrado en Granada en 1988, le tocó el turno al ministro Cosculluela. El salón se encontraba abarrotado. Como no cabía el público que se había presentado a la cena de clausura, se había acondicionado otra sala anexa a continuación, también llena, creando desde la mesa presidencial una perspectiva de multitud ilimitada. El ministro se fue calentando a medida que avanzaba su parlamento. En un momento dijo: «en cuanto a los pantanos a construir, yo voy a ser franco…». En ese momento vimos que el ministro se había dado cuenta que caminaba por terreno escabroso e hizo una leve pausa involuntaria. Una voz potente del salón auxiliar, sin darle tiempo a continuar, exclamó ostentóreamente: «¡Qué más quisieras!». La carcajada inundó los dos salones. El ministro, cortado, no sabía por dónde seguir.
Me hice más preguntas. Como resulta que había tenido un destino en una oficina presupuestaria, me dio por pensar en qué partida presupuestaria se imputarían las subvenciones que el ministerio y las confederaciones concedían tan generosamente para congresos y viajes, y cómo se justificarían estos gastos. Preguntas que se ampliaron cuando tuve conocimiento de los frecuentes viajes que hacían los directivos de los regantes, con delegaciones bien nutridas, señoras incluidas, con duración amplia. El objeto del viaje era conocer los riegos de otros países entre los que se incluía, por ejemplo, Australia y China. Me dije ingenuamente: «Si presumimos que nuestros regadíos son los mejores del mundo, ¿para qué tantos viajes y a lugares tan lejanos?»
Más tarde, hacia 1997 0 1998 asistí a una reunión en Murcia sobre los mercados del agua. Se trataba de un tema de moda por aquellos tiempos como solución «mágica» a la escasez de agua. Se pensaba, ni más ni menos, que cada concesionario que había obtenido aguas públicas gratuitamente pudiese vender su concesión a otra persona lucrándose de la venta del bien público. A esto se llamaba «poner en valor» los bienes públicos, a modo de una «moderna Desamortización». Dada mi formación jurídica en los temas de bienes de carácter público, estos negocietes me parecían una aberración importada de California o Chile, basados en las ideas de la Escuela de Chicago de Milton Friedman.
El acto del Foro del Agua en Murcia estuvo presidido por el inevitable presidente de la Región de Murcia José Luis Valcarcel. Los ponentes, en un clima de gran euforia, glosaron las maravillas del trasvase Tajo-Segura y dieron por sentado que habría inmediatamente un nuevo trasvase del Ebro y, en el futuro, otro del Ródano. Entrando en el tema de los mercados del agua, que se iban a incorporar a la ley de aguas inmediatamente, reconocieron con «la boca pequeña» que existía un mercado encubierto e informal de aguas en la región, incluso entre los beneficiarios de las aguas trasvasadas, aunque las autoridades de Sindicato Central del Trasvase condenaban «de boquilla» tal mercado.
El presidente del Foro del Agua José María Fluxá, ex director general de obras hidráulicas, intentó demostrar la ventaja de un mercado «legal» del agua. Por los comentarios de pasillo que oí, los regantes no estaban nada convencidos de las pregonadas ventajas. Por dos razones: una, porque si declaraban las compra-ventas, tendrían que incluir los ingresos en la declaración de Hacienda; otra, porque las transacciones legales estarían sometidas al pago del IVA, lo que encarecería las operaciones. Resultado: que no se ha ido por la vía legal que incluyó los mercados del agua en la reforma de la ley de aguas de 1999. Me quedé estupefacta de que al final del siglo XX se saltasen con tanta soltura esta rama del derecho administrativo, con la inhibición o consentimiento de las autoridades políticas (gobierno de Murcia) e hidráulicas (dirección general del agua y Confederación del Segura). Luego me he acordado de aquel acto cuando el juez ha entrado a saco en el caso de la contaminación del Mar Menor, fruto de un descontrol increíble del desarrollo de riegos ilegales en el campo de Cartagena.
Mi compañera Admira, a la que le gusta usar el seudónimo de Ad_ministra, me contó el caso del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo-Segura, al que se le denomina frecuentemente por su acrónimo Scrats, una poderosa organización de regantes que pretende controlar todos los riegos del Sureste de España de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, con aguas procedentes de ríos, manantiales, embalses, trasvases, desalinización de aguas del mar o de tierra o y aguas residuales de las ciudades. El poder de la organización llega al caso de tratar sus problemas directamente con el ministro o ministra de turno, saltándose o ninguneando las administraciones intermedias. Se podría decir que se trata de una administración del agua dentro de la administración pública del agua.
Este Sindicato, al parecer, nada en la abundancia económica, pues promociona y/o subvenciona un sinfín de actividades: cursos, conferencias, asociaciones e institutos, reuniones, libros, medios de comunicación, una lujosa página web tipo bikini (sólo se enseña lo que interesa), informes jurídicos, informes de consultoría, premios escolares, etc.). Su influencia política y social llega al extremo de convertir los trasvases en una especie de seña de identidad regional, exigiendo a los políticos de los distintos partidos una especie de juramento usque ad efusione sanguinem, como se hace en el juramento de los cardenales para príncipes de la Iglesia. El uso de las pasiones y la posverdad para la defensa de sus intereses hacen que la razones se conviertan en simples instrumentos al servicio de los intereses.
Llegados a este punto, revisé lo que la Ley de Aguas y sus Reglamentos establecen a propósito de las comunidades de regantes en cuanto a la fiscalización de sus actividades y cuentas económicas. Encontré que están constituidas como corporaciones de derecho público, sometidas a la tutela de la correspondiente Confederación Hidrográfica, y que tienen delegadas competencias de carácter público. Enseguida pensé que no hay delegación sin control por el titular, y pasé a ver a qué tipo de fiscalización estaban sometidas. En principio se puede considerar que existe un control bastante respecto a sus actividades y obras por parte de la correspondiente Confederación, pero no se dice en la ley y los reglamentos ninguna palabra sobre la fiscalización de sus cuentas.
Me he detenido en revisar la página web del Scrats, que es la agrupación de regantes más grande de nuestro país. Sobre todo el capítulo correspondiente a los datos económicos de la memoria correspondiente al ejercicio del año 2016. En contraste con el despliegue de los otros capítulos, con gran aparato de números, cuadros, gráficos y fotografías, la parte económica aparecía sospechosamente parca. Solo saqué en limpio que la tarifa de riegos del Trasvase, unos 0,10 €/m³, estaba congelada desde 2014, habiéndose rebajado respecto a ejercicios anteriores. Por el contrario, la tarifa de los llamados recursos complementarios ascendía a 0,15-0,17 €/m³. Que la amortización de las obras hasta la fecha era de 344 millones de euros sobre una inversión de 955 millones de euros, es decir, del 36%. ¿Cómo es posible que después de 37 años de funcionamiento sólo se haya amortizado poco más de la tercera parte cuando las obras tienen una vida útil de 50 años? ¿Quiénes han pagado, pagan o pagarán el resto?
Nada se dice en la Memoria económica sobre la fiscalización de las cuentas del Scrats. Desafortunadamente en el cuadro que se presenta acerca del balance de ingresos y gastos, aparte de no dar ningún tipo de explicación sobre las cifras agregadas que se presentan, se ha producido un error informático, con lo cual tampoco se puede obtener un juicio claro sobre los escasos datos presentados. Al parecer, en otros ejercicios se ha realizado una auditoria mediante una consultora privada. Pero como resulta que a esa misma consultora se le encargó un estudio económico sobre los brillantes resultados económicos del Trasvase, dicha auditoria hay que ponerla en cuarentena.
Enseguida nos vino a la cabeza el caso de la empresa energética americana Enrom, considerada como la empresa más innovadora de los EEUU entre 1996 y 2000 por la revista Fortune, admirada por la grandilocuencia de sus instalaciones. La reputación de la empresa comenzó a decaer por los rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias. La empresa auditora Arthur Andersen avaló las técnicas contables fraudulentas de Enrom. En 2001 la empresa entró en bancarrota y Arthur Andersen, una de la cinco mayores compañías auditoras del mundo, despareció por el escándalo en 2002.
Moraleja: ¿Para cuándo auditorias públicas fiscalizadoras de las cuentas de las comunidades de regantes ─como corporaciones de derecho público que son─ con objeto de prevenir posibles escándalos financiero-económicos en el mundo del agua después del caso Lezo del Canal de Isabel II?
