En realidad era mi intención hacer unos comentarios a la excelente entrada «Después del saqueo del Canal de Isabel II (caso Lezo), ¿qué rumbo tomar?» de la que es autor Santiago Ramos, pero me fui liando y … Decía Ortega (de la firma Ortega y Gasset) que «los jóvenes deben actuar desde el amor y la indignación» (Vieja y nueva política, 1914), cosa que ha hecho ejemplarmente el autor de la entrada arriba citada. Pero quisiera yo tratar de un asunto que parece que se le ha olvidado a don Santiago y también me llena de indignación.
Porque, según la auditora KPMG, el Canal de Isabel II Gestión SA tuvo en 2016 unos beneficios de unos 230 millones de euros, cifra muy superior a cualquiera de los ejercicios anteriores de la historia del Canal. Hasta su privatización, puesta en marcha en 2012, el Canal como empresa pública tenía que ajustar las tarifas del agua para cubrir sus gastos e inversiones, pero no tenía sentido obtener beneficios. Los auténticamente beneficiados eran los ciudadanos, al disponer de un buen servicio de abastecimiento y depuración de las aguas con unas tarifas ajustada. Es decir, funcionando como un auténtico «servicio público».
Pero los políticos de ideología neoliberal que se hicieron cargo del Canal, se dedicaron a saquear la «gallina de los huevos de oro». Y una de las cosas que hicieron fue la de subir rápidamente las tarifas para la «creación de valor”, como se denomina en su jerga a la obtención de beneficios crematísticos para el partido y/o para el bolsillo.
Del reparto de los 230 millones de euros de beneficios en 2016, según la consultora KPMG unos 150 millones se destinaron al reparto de dividendos entre los accionistas de la SA. ¿Quiénes era los accionistas? Pues el 82,4% de las acciones pertenecen a la Comunidad de Madrid, el 10% al Ayuntamiento de la capital y el restante 7,6% a otros ayuntamientos de la Comunidad.
O sea, el principal accionista de largo y el principal receptor de los beneficios del Canal es la propia Comunidad de Madrid, administración de la que depende el Canal, que aprueba sus presupuestos y sus tarifas. Con lo cual se cierra el círculo (¿vicioso?): el gobierno regional que debe aprobar las tarifas, resulta ser el principal beneficiario de la aprobación que lleve a efecto. ¿Cómo se llama en derecho esta figura?
Sigamos adelante. Según la encuesta de la EPA, en la Comunidad de Madrid había unos 2,8 millones de personas ocupadas en 2016. Por consiguiente, a cada trabajador (suponiendo que son los que pagan el consumo del agua propio y del resto de la familia) le corresponde como media pagar unos 55 euros al año. En otras palabras: cada trabajador soporta un «impuesto adicional» en su recibo del agua, sin que sea consciente de este hecho. El 82,4% del impuesto encubierto tiene por destino la Comunidad de Madrid, administración que tiene la responsabilidad de aprobar las tarifas de las que se beneficia.
De ahí mi creciente indignación, pues la corrupción puede tener muchas caras. En este caso no se trata del saqueo de unas personas determinadas a las instituciones, como el caso Lezo. Se trata de un saqueo del bolsillo de los madrileños por las instituciones. ¿Por qué a través del recibo del agua hay que pagar a las administraciones autonómicas y locales? ¿Cuál es la legitimación de este impuesto? ¿Se está pensando en el servicio público a los ciudadanos o en la acción política de los partidos y sus militantes? ¿Por qué la nueva dirección del Canal no quiere liquidar este reparto de sinecuras? ¿Se pretende, acaso, tener sumisos políticamente a los ayuntamientos con pago de bagatelas? ¿Por qué no se devuelve a los madrileños los 230 millones de euros y se ajustan (bajando sustancialmente) las tarifas del agua para los próximos años?
