Mix Trasvase-desalación, ¿un nuevo pelotazo?

La noticia «El ‘mix’ trasvase-desalación marca un punto de inflexión entre los regantes» (La Verdad, 23/2/2018), que figura en la portada de la edición impresa bajo el epígrafe «Cambio de ciclo para los regantes (Que asumen las dos nuevas desaladoras, pero sin relegar el Trasvase)», muestra una maniobra del SCRATS para controlar las aguas subterráneas y la desalación, a lo que se añade el agua proveniente del trasvase Tajo-Segura. Pretende ser el adjudicatario de toda concesión posible, para luego repartir el agua entre sus afiliados. A su vez, La Verdad acompaña la noticia con otra, «Águilas: ofrecen 10 hm³ pero piden 70», que empieza con «Pasan los meses y la Confederación Hidrográfica del Segura aún no ha resuelto el procedimiento público para adjudicar 10 hectómetros de agua de la desaladora de Águilas (…)», termina con «”se trata de un trabajo complejo”, apuntó la Confederación Hidrográfica» y entre medias se argumenta que «los regantes hacen otra interpretación y lo atribuyen a la “lentitud e incapacidad” de la CHS para afrontar un trámite que tenía que estar resuelto hace tiempo». Se nos presenta a la Confederación Hidrográfica como una Administración lenta e ineficiente en la asignación del recurso, mientras que el SCRATS es capaz de repartirlo ágilmente entre los usuarios reales. Es decir, el discurso de las ventajas de la privatización.

Recordemos que el agua desalada se encuentra subvencionada en el Sureste, tanto con la construcción de las instalaciones con cargo a fondos europeos y presupuestos del Estado (cuya amortización no se repercute íntegra en la tarifa) como por subvenciones adicionales aprobadas por el MAPAMA. Ayudas que al parecer se pretenden establecer de manera continua, según se interprete la disposición adicional cuarta del «Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio)», con su tramitación en el Congreso de los Diputados ya terminada.

Disposición adicional cuarta. Impulso de la desalación.

1. Se impulsará el uso de la desalinización a todos los ámbitos en los que el recurso se pueda poner en valor.
2. El Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios en aquellas demarcaciones hidrográficas que cuenten ya o que pudieran contar con sequía declarada en virtud del correspondiente real decreto, a fin de que el precio del agua desalada para riego, a la salida de las instalaciones desaladoras del Estado, no exceda los 0,3 €/m³. Estos mecanismos serán tales que hagan compatible la subvención otorgada con el cumplimiento del principio de recuperación de costes establecido en el artículo 111 bis del texto Refundido de la Ley de Aguas, así como en la Directiva Marco del Agua, al objeto de garantizar el principio de recuperación de costes, y en ningún caso podrán comprometer los fines ni el logro de los objetivos medioambientales.

(Texto copiado del BOCG Serie A Num. 8-6, 13/02/2018, Pág: 28 . Texto remitido por el Senado del «Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (procedente del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio)»).

Como se comenta en entradas anteriores, el concepto de «riegos del Trasvase» no casa con una gestión realizada por cuencas. Los trasvases se realizan entre ámbitos de planificación (cuencas hidrográficas); una vez trasvasada el agua del Tajo al Segura, es agua de la cuenca del Segura, incluso mezclada físicamente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala esta concepción. Lo que se conoce como regadíos del Trasvase son realmente regadíos del Segura, pues hacen uso del agua del Segura. Pero la Administración les da un trato especial, acepta al SCRATS como interlocutor y como pseudo-operador del recurso. Así, el SCRATS decide en la práctica actualmente el reparto del agua del trasvase Tajo-Segura, que se encuentra fuertemente subvencionada (véase «Las trece subvenciones encubiertas del Trasvase Tajo-Segura y un epílogo imposible»), además de los acuerdos sobre el agua desalada en el marco de los decretos de sequía. Se postula asimismo para controlar la nueva desalación que se plantea ─damos por hecho que cuentan con pagar un precio máximo de 0,30 €/m³─, y también del agua subterránea. Pero, ¿quién controla al SCRATS? (véase «¿Se fiscalizan las cuentas de las comunidades de regantes?»).

Castilla-La Mancha y su perpetua transición con el trasvase Tajo-Segura

A este afán de promover la subvención agua desalada se quiere sumar el Gobierno de Castilla-La Mancha, como expone en su nota de prensa «El Gobierno de Castilla-La Mancha elevará a las Cortes regionales una resolución con un escenario de “transición” para el trasvase Tajo-Segura». Puede que esta iniciativa responda a un rédito de posicionamiento político respecto a otros partidos, aspecto en el que intencionadamente no queremos entrar. Centrémonos en el contenido práctico de la propuesta: subvencionar el agua desalada para que «las derivaciones desde la cabecera del Tajo no sean “necesarias”». Una frase corta, pero que contiene una triple aberración.

Primero, ¿por qué tenemos que subvencionar el agua desalada? Es una materia prima o un medio de producción, según se plantee, de una actividad económica. Hacerlo es una distorsión del mercado, con perjuicio para otros productores, incluidos los castellanomanchegos. Además, ¿no hay cosas más interesantes para invertir el dinero público?

Segundo, porque el trasvase Tajo-Segura no es necesario. La cuenca del Segura cuenta con recursos para atender sus abastecimientos. El regadío, insistimos, es una actividad económica. Simplemente, el trasvase Tajo-Segura es rentable para unos privilegiados, que obtienen un recurso por debajo del coste, que repercute en las cuentas generales y afecta negativamente a la cuenca del Tajo (económica, social y ambientalmente).

Tercero, porque la buena gestión de la cuenca del Tajo ha de hacerse incondicionalmente, con independencia de si el agua trasvasada puede ser sustituida por otra fuente o no. Si el volumen trasvasado está causando daños a la cuenca del Tajo es porque lo que se está trasvasando no son excedentes. La cuenca del Tajo es prioritaria. El agua a trasvasar ha de ser en todo momento excedentaria. Esto es, depende únicamente de las disponibilidades y necesidades del Tajo, no de las necesidades del otro lado del Trasvase.

¿Saldrá Castilla de su síndrome de Estocolmo? Hay dos problemas diferentes: que no se trasvasen aguas que no sean excedentarias y la gestión del regadío en el Sureste. La preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha debería ser la primera. Si en sus ratos libres quiere estudiar y aportar soluciones al problema del regadío levantino, que lo haga sin mezclar conceptos y sin condicionar la buena gestión del Tajo al interés económico del lobby trasvasista, y sin perjudicar los intereses de la región que gobierna.

Además, parece no aprender de la historia.En el pasado ya se prometieron «transiciones» que estaban lejos de cumplirse, ni siquiera de que hubiera intención real. Por ejemplo, cuando en 1997 se desatascaron los planes hidrológicos, el gobierno de Castilla-La Mancha aceptó renunciar al planteamiento de excedentes que había y aceptar el umbral de 240 hm³ pues entendía que con el trasvase del Ebro se quitaría presión sobre el Tajo-Segura; el trasvase del Ebro no se ha hecho, pero en su planteamiento no se contemplaba que se fuera a trasvasar menos desde el Tajo. Tras la derogación del trasvase del Ebro, se prometió que con el tiempo el trasvase Tajo-Segura se sustituiría por la desalación; incluso figuró en la Ley, eso sí más como un deseo a futuro que como una realidad en el presente, algo sin fecha y que nunca se puso en marcha, consiguiendo el lobby de regantes eliminar la tentación al derogarla tras el Memorándum.

Con esta propuesta, el Gobierno de Castilla-La Mancha entra en el juego del SCRATS. Supongamos que se alcanza un volumen de 400 hm³/año de desalación, con desladoras como las actuales, financiadas con fondos públicos. Y que para usar esa agua, se da una subvención por metro cúbico de 0,20 €/m³, como parece que se hace ahora. Esto serían 80 millones de euros anuales de una subvención, difícil de justificar desde la ética, la competencia de mercados y el control de Hacienda. Algo que se esgrimirá, como así ha sido hace unos años, como excusa para mantener plantas paradas y apretar al máximo al Trasvase. Argumentarían que con el mix Trasvase-desalación tendrían un agua de mejor de calidad (menos boro) a la vez que habría también un mix de precios, que al tener tarifas bajas del Trasvase gracias a subvenciones encubiertas ya asumidas, se podría equilibrar el saldo. Es decir, que la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha lo que provocaría sería el mantenimiento del Trasvase. Con una transición perpetua.

Epílogo

Tenemos un escenario en el que hay ansias por alcanzar un pacto del agua. Da igual cómo o en que consista, sólo que se consiga. Una situación que será aprovechada por los distintos lobbies para sacar ganancia. De momento, el posicionamiento del SCRATS parece ser el de convertirse en el controlador del «agua extraordinaria» de la cuenca del Segura, con sus correspondientes ayudas y subvenciones. A efectos prácticos, una «gestión privada» que repartirá el agua, sin los controles y garantías del organismo de cuenca. Esto sin renunciar a nuevos trasvases, de difícil materialización. Por supuesto, manteniendo el trasvase Tajo-Segura, que continuarán exprimiéndolo al máximo, ante la complacencia del MAPAMA y la Confederación Hidrográfica del Tajo. En éstas, aparece el Gobierno de Castilla-La Mancha con una propuesta estrambótica, vestida de búsqueda de consenso y buenas palabras, que en la práctica supone continuar con la mala gestión del trasvase Tajo-Segura a la vez que se habilitan más subvenciones para el lobby, a cambio de una promesa de transitorio hacia el fin del Trasvase que la experiencia ha demostrado que no hay intención de aplicar.