PACTO NACIONAL DEL AGUA: NOTA NEGOCIACIÓN

Contexto y diagnóstico

Todos los españoles tenemos “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y todos tenemos “el deber de conservarlo”. Lo consagra nuestra Constitución en su artículo 45, al tiempo que establece que los poderes públicos, apoyándose en la “indispensable solidaridad colectiva”, debemos “velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente”.

Nuestra Constitución reconoce, por tanto, el carácter público, demanial, del agua en nuestro país. Los distintos Gobiernos de la Democracia han venido trabajando para contribuir al desarrollo de una política del agua adecuada a este marco constitucional y al sistema político de distribución de competencias entre las diferentes Administraciones Públicas. Una política capaz de atender las demandas de agua en cantidad y en calidad en todo el territorio, para todos los usos y en todo momento, de manera solidaria y compatible con la protección del medio ambiente.

El marco regulador promovido con la aprobación de la Ley de Aguas de 1985, primero, la aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional en 2001, después, y las sucesivas modificaciones legislativas y desarrollos han adecuado la legislación a los compromisos asumidos en el marco de la Unión Europea y han dotado a nuestro país del marco necesario para alcanzar los objetivos que los Gobiernos se han ido marcando para avanzar en la mejora de la gestión del agua en España. Objetivos cuya consecución es hoy más compleja, por los retos derivados de la escasez y por el impacto negativo del cambio climático.

Si hay un recurso valioso y estratégico, cuyo deterioro y escasez supone una señal de alarma para el mundo, y de cuya conservación depende nuestra supervivencia y nuestro bienestar, es el agua. A diferencia de otros recursos naturales, el agua no tiene sustituto; sólo puede sustituirse por agua.

Tiene una importancia fundamental para la vida, para el crecimiento económico, para el desarrollo social. Para la producción agroalimentaria, para la generación de energía. Y, en un escenario global tan cambiante como el actual, con reajustes muy importantes en el mapa geopolítico y geoeconómico mundial, el agua cobra un valor mayor y juega un papel todavía más relevante.

El agua es un recurso escaso, en España y en el mundo. Según los datos de Naciones Unidas, entre 1.800 y 2.300 millones de personas no tienen acceso a una fuente segura de agua y el mundo tendrá que hacer frente a un déficit hídrico del 40%, en un contexto de aumento significativo de la demanda, que se incrementará previsiblemente en un 55% para 2050. Consecuencia, entre otros factores, del crecimiento de la población, del desarrollo económico y de los procesos de urbanización. Esta situación de escasez hídrica se ve agravada por el problema creciente de la contaminación de las fuentes de agua y el del deterioro de la calidad del agua. Todo ello, en un contexto de cambio climático que va agudizar tanto el problema de la escasez como el de la contaminación de las aguas.
España no es ajena a esta situación de escasez y estrés hídrico; ni al riesgo de deterioro medioambiental de nuestros recursos hídricos, pese a la mejora experimentada en los últimos años. Y lo que es más grave, España es un país donde el uso del agua tiene un valor capital para el desarrollo de actividades económicas fundamentales, como la agricultura de regadío, el turismo o la producción de energía; y un país que, por su ubicación geográfica en el Mediterráneo, es especialmente vulnerable al cambio climático.

Si hay un ámbito donde los efectos del cambio climático son más severos y más evidentes, es el de los recursos hídricos. La mayoría de los estudios científicos vienen a confirmar que España sufrirá una reducción de recursos hídricos como consecuencia de un aumento de la temperatura y una reducción de la precipitación, aunque con grandes incertidumbres en este último aspecto. Esta reducción será más grave a medida que avance el siglo XXI, llegando a pronosticarse para el periodo 2070-2100 reducciones de escorrentía comprendidas entre el 13 y el 24%, dependiendo del escenario de emisiones.

Estos estudios también pronostican un aumento en la frecuencia y la severidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que más afectan a España como son las sequías y las inundaciones.

Gracias a la elaboración y aprobación de los Planes Hidrológicos de Cuenca tanto del primer ciclo (2009-2015) como del segundo ciclo (2016-2021), hoy se cuenta con una información completa y actualizada de los recursos de los que disponemos, de las demandas que existen, de los déficit que se registran en determinados territorios, del estado medioambiental de las aguas que circulan por nuestros ríos y de las actuaciones a acometer en cada cuenca para, de manera equilibrada y sostenible, proteger el medio ambiente, atender las demandas de agua, y prevenir y mitigar los fenómenos hidrometeorológicos extremos en un contexto de adaptación al cambio climático.

Con la aprobación de estos planes, España cumplió el compromiso adquirido con la Unión Europea de disponer de una planificación del agua que, sin perjuicio de atender a las demandas hídricas de nuestro país, responde a los objetivos de protección ambiental de nuestras aguas que todos los países asumimos con la Directiva Marco del Agua. Pero sobre todo, entramos en un ciclo de mejora continua, que debe seguir avanzando.

Con los planes del segundo ciclo, además, hemos actualizado el diagnóstico medioambiental de nuestras aguas que se realizó por primera vez en España con los planes de cuenca del primer ciclo, fijando, además, los objetivos ambientales a alcanzar de aquí a 2027 y las actuaciones a poner en marcha para su consecución:

• Definición de nuevos regímenes de caudales ecológicos.
• Identificación de las medidas de conservación necesarias para la protección de nuestros espacios naturales –incluida la creación de reservas naturales fluviales–.
• Impulso decisivo a la mejora de la calidad de las aguas, definiendo la inversión en saneamiento y depuración para los próximos años.
• Puesta en marcha de las actuaciones de control de la contaminación difusa y ejecución de toda una serie de medidas para reducir la presión sobre nuestros ríos procedentes de las extracciones de agua, de manera que se pueda seguir haciendo uso de este recurso en el desarrollo de actividades clave para nuestra economía y para nuestra sociedad.

Para reducir estas presiones sin poner en riesgo la garantía del suministro, se ha incrementado la oferta de agua tanto con recursos tradicionales como los recursos no convencionales, y aumentado la eficiencia de nuestros sistemas de suministro. Así, hemos puesto en marcha nuevas obras de regulación y de interconexión. Además hemos impulsado la desalación, completando las infraestructuras necesarias para poder suministrar agua desalada y trabajando para integrar este recurso en el conjunto del sistema.

Complementariamente, se ha seguido apostando, por la reutilización de las aguas depuradas y por la modernización nuestros regadíos para promover el uso más eficiente del agua disponible.

Se ha integrado en la planificación hidrológica las herramientas de planificación y gestión de los fenómenos meteorológicos extremos para reforzar nuestra capacidad de prevención y mitigación de sus efectos, agravados, como se señalaba, por el cambio climático. Así, nuestros planes de cuenca incorporan la variable del cambio climático, mediante la integración de la planificación de la gestión de las sequías y de la gestión del riesgo de inundación. Esta integración ha permitido, a partir de la planificación hidrológica, mitigar los impactos negativos del cambio climático sobre los objetivos de atención de las demandas y de protección ambiental de manera simultánea. Todo ello, compatible con la gestión de los episodios de inundaciones y de sequías.

Los planes de cuenca logran un equilibrio entre la protección medioambiental y la atención de las demandas, haciendo compatible la garantía en el suministro con la efectiva aplicación del principio de no deterioro de nuestro medioambiente hídrico, tal y como demanda nuestra sociedad y exigen la legislación europea y la nacional. Es decir, la gestión del agua se ha situado en la senda de la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Todo este proceso ha venido marcado por la participación y la transparencia. De hecho, los planes de cuenca fueron aprobados con un consenso superior al 80% en el Consejo Nacional del Agua.

Por todo ello, este es quizá el momento más adecuado para impulsar un gran acuerdo político por el futuro del agua. Los retos que plantea la gestión del agua en nuestro país, en el actual contexto de adaptación al cambio climático, demandan un pacto que defina una política de Estado, integradora, consensuada, y solidaria; con vocación de continuidad a largo plazo.

Un Pacto que asegure el equilibrio la protección medioambiental del medio hídrico y la atención de las demandas en todo el territorio nacional y que, al mismo tiempo, refuerce la capacidad de nuestra sociedad para prevenir y mitigar a los impactos negativos del cambio climático.

Se ha abierto un proceso participativo para iniciar los trabajos técnicos de preparación del pacto nacional por el agua.

Así, en el Consejo Nacional del Agua de marzo de 2017, se presentó la hoja de ruta para dichos trabajos, de modo que, en julio de 2017, se convocó, en una primera fase, a los representantes de las Comunidades autónomas, usuarios, organizaciones ambientales y profesionales.

Desde entonces, se han celebrado más de 120 reuniones con todos los implicados en la gestión del agua. Reuniones que se han prolongado hasta hace escasas semanas, y en las que han participado unos 600 representantes de todos los ámbitos relacionados con el agua: todas las Comunidades Autónomas, usuarios del agua, tanto de regadío como los hidroeléctricos y los usuarios de aguas subterráneas, Mesas del Agua de Almería, Alicante y Murcia, entidades de abastecimiento y saneamiento, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organizaciones no gubernamentales ambientales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias, asociaciones del sector del agua, y asociaciones y fundaciones de otros sectores, colegios profesionales, universidades, departamentos ministeriales y delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas.

Como resultado de esta primera fase de reuniones técnicas, se ha consolidado la propuesta de cuatro grandes ejes de actuación entorno a los que estructurar un pacto:

1. Cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos de cuenca, para garantizar el cuidado del agua, la conservación de nuestros ecosistemas hídricos; de manera que podamos asegurar la disponibilidad de agua de calidad para las generaciones futuras.
2. Atención de los déficits hídricos, para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro, también en cantidad.
3. Puesta en marcha de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de la manera más eficaz y eficiente posible.
4. Mejora de la gobernanza del agua, para seguir mejorando la gestión de este recurso en nuestro país, incentivando el ahorro, la eficiencia y la transparencia.

Este proceso participativo para negociar un pacto nacional por el agua debe servir para transformar el agua en una auténtica política de Estado, aportando el mayor número de soluciones a los problemas relacionados con la gestión del agua en todos los territorios, soluciones de Estado que demandan un acuerdo a nivel nacional destinado a logar un uso más eficaz, solidario, sostenible e integrado de los recursos hídricos que existen en España.

EJES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PACTO NACIONAL POR EL AGUA

Las líneas que se recogen dentro de los 4 ejes descritos serían las siguientes:

EJE 1: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

El diagnóstico del estado medioambiental de nuestros ríos y acuíferos, que se ha hecho por primera vez con los planes hidrológicos del primer ciclo, ha evaluado las casi 6000 masas de agua que hay en nuestro país, identificando las medidas a ejecutar para alcanzar los objetivos ambientales asignados, también por primera vez, para cada una de esas masas de agua. Medidas que permiten configurar una hoja de ruta a corto medio y largo plazo, para que en 2027 logremos lo que la Directiva Marco del Agua define como “buen estado medioambiental” de esas masas de agua.

Se trata de asegurar la conservación de nuestros ecosistemas hídricos, de preservar la salud de nuestro medio ambiente hídrico y, por extensión, el bienestar de las personas. Y se trata también de promover una gestión sostenible del recurso que no hipoteque el futuro de las generaciones venideras y permita garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y en calidad en el futuro. Las líneas propuestas para conseguirlo son las siguientes:

1. Saneamiento y depuración
   • Acometer prioritariamente las actuaciones en saneamiento y depuración que actualmente se encuentran incursas en procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva 91/271 por parte de todas las administraciones, para asegurar que nuestras aguas estén en buenas condiciones y cumplen objetivos ambientales. Un objetivo que debemos alcanzar con la colaboración de todas las Administraciones competentes, ya que los servicios urbanos de saneamiento, depuración y abastecimiento son competencia municipal.
   • Conveniencia de una auditoría continua para verificar el cumplimiento efectivo de nuestras obligaciones con la UE en el marco de la Directiva 91/271.
   • Complementariamente, resolver el déficit de inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración afectas a los servicios urbanos, incluyendo la renovación del importante parque de infraestructuras e instalaciones existentes.
2. Acuerdos medioambientales para espacios naturales emblemáticos
   • Identificación de espacios emblemáticos para una protección a largo plazo de determinadas masas de agua asociadas. La mayoría de las Comunidades Autónomas han presentado su propuesta de los espacios naturales a considerar, de modo que pueda abordarse en el pacto un espacio para cada Comunidad Autónoma. Concretamente:
     • Doñana en Andalucía.
     • Delta del Ebro en Aragón y Cataluña.
     • Vegas fluviales, ría de Villaviciosa o embalse del Alton Nalón en Asturias
     • Parque Natural de la Albufera de Mallorca en Baleares
     • Marismas de Santoña en Cantabria
     • Tablas de Daimiel en Castilla-La Mancha.
     • Lago de Sanabria en Castilla y León.
     • Plan de gestión Integral de especies Invasoras (p.e. “camalote”) en Extremadura.
     • Rías en Galicia.
     • Mar Menor en Murcia.
     • Tramo bajo del Bidasoa en Navarra.
     • Reserva de Urdaibai en el País Vasco.
     • L`Albufera en Valencia.
   • Complementariamente, coordinar con las diferentes administraciones públicas competentes, en el marco de la lanificación hidrológica, las acciones necesarias para reforzar la protección de cada uno de estos espacios naturales emblemáticos y garantizar sus necesidades hídricas, estableciendo criterios comunes en los distintos territorios.
   • Por último, desarrollar una Estrategia de protección integral para ejecutar esas acciones y hacer un seguimiento y control de su eficacia.
   • En paralelo, impulsar los Planes de gestión de las reservas naturales fluviales para garantizar su conservación y su puesta en valor; de manera que funcionen como “observatorios” que permitan avanzar en el conocimiento de las condiciones de referencia, necesarias para establecer los objetivos ambientales de nuestras aguas.
3. Avanzar en la mejora de la concertación de los caudales ecológicos para la preservación de nuestros ecosistemas y para mejorar la salud de nuestros ríos
   Hay que avanzar en completar esta tarea con el máximo acuerdo posible, tal y como está previsto en los Planes Hidrológicos, con un horizonte que se establece en el año 2019 y que nos permitirá, desde la experiencia adquirida desde 2013, mejorar el control y seguimiento de dichos caudales y definir otros nuevos en aquellos tramos fluviales donde la información disponible en el ciclo anterior no lo permitió.
4. Impulsar el drenaje urbano sostenible
   Se trataría de afrontar la gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva diferente a la convencional. El Real Decreto 1/2016 de aprobación de los Planes Hidrológicos de cuenca del segundo ciclo ya establece la obligatoriedad del uso de sistemas urbanos sostenibles.
   • Fomentar las buenas prácticas en materia de drenaje urbano sostenible, elaborando una Guía de buenas prácticas sobre drenaje urbano sostenible que preste especial atención a los aspectos de mejora de calidad de las aguas y al mantenimiento de los sistemas de drenaje de las ciudades.
   • Incorporar estas técnicas en todos Planes hidrológicos del tercer ciclo.
   • Posible elaboración de una Ordenanza tipo de gestión de aguas pluviales.

EJE 2: ATENCIÓN DE LOS DÉFICITS HÍDRICOS

La gestión integrada de los recursos hídricos, convencionales y no convencionales, y su uso eficiente y sostenible debe ser un elemento fundamental para la atención del déficit hídrico estructural que se produce en algunos territorios de España. Las líneas propuestas son las siguientes:

1. Ejecutar en cada una de las demarcaciones hidrográficas de aquellas infraestructuras convencionales y no convencionales que aumenten las garantías de satisfacción de las demandas de agua en un escenario de cambio climático.
   El punto de partida, planteado en las reuniones mantenidas, sería considerar como actuaciones prioritarias aquellas nuevas infraestructuras que figuran en el programa de medidas de los Planes Hidrológicos Cuenca vigentes en el horizonte 2021 y, a ser posible, dispongan de una tramitación ambiental favorable o en su caso una viabilidad ambiental posible. Se sumarían a estas actuaciones las propuestas por las Comunidades Autónomas y los usuarios, una vez analizadas técnica, ambiental y económicamente.
2. Poner en marcha un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas existentes, que dan soporte a los servicios del agua y que tienen un carácter estratégico para garantizar la seguridad hídrica, con el objetivo de incrementar la oferta de recursos y la eficiencia en el uso del agua, además de reforzar la capacidad de nuestro sistema para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático.
3. Impulsar el uso de sistemas no convencionales como la desalación o la reutilización. En materia de desalación, se trata, no sólo de impulsar nuevas infraestructuras para las que exista acuerdo, sino de promover mejoras en materia de eficiencia energética en las instalaciones.
4. Promover un uso eficiente del agua y fomentar el ahorro y la eficiencia en todos los sectores económicos y en el uso doméstico; y en particular en la agricultura, como principal consumidor del agua adaptando la agricultura de regadío a los nuevos desafíos del cambio climático para garantizar la sostenibilidad del sector.
   • La modernización de regadíos será un elemento clave en la mejora de la gestión del agua y estará orientada, fundamentalmente, a impulsar aquellas nuevas actuaciones necesarias. Actualmente se estima en 800.000 ha la superficie de actuación en modernización de regadíos.
   • A ello se sumaría las actuaciones de mejora de los canales principales gestionados por los Organismos de cuenca.
   • Complementariamente, los Ayuntamientos deberán involucrarse activamente en la operación y mantenimiento de sus redes de agua, para mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos hídricos que gestionan, y promover el ahorro.
5. Impulsar las interconexiones para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca. El objetivo es disponer de una red de infraestructuras interconectadas para poder suministrar más eficientemente desde cualquier punto al sistema. Las interconexiones que podrían plantearse son:
   • la que permiten de explotación que utilizan recursos convencionales.
   • las conectar distintos sistemas que mejoren la conexiones actual de las desaladoras existentes, para un mejor y mayor aprovechamiento de este recurso no convencional.
   • las que permitan interconectar los recursos convencionales y no convencionales.
6. Transferencias entre distintos ámbitos de planificación para mejorar las garantías de suministro. Hay que diferenciar entre las transferencias existentes y las nuevas. En relación a las transferencias que ya están en funcionamiento existentes:
   • sería necesario contar con el Catálogo de transferencias de agua actualmente existentes en España, en cumplimiento de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, con el objetivo de disponer de las condiciones de cada una de transferencias, los condicionantes funcionales y la norma jurídica que los habilita.
   • se podría avanzar con la creación de la comisión de gestión para cada transferencia, se dispondría así de un órgano que de mayor transparencia a su gestión e incluso, si se acordara, podría completarse con la definición de una regulación específica de cada transferencia (como p.e. con el ATS o el trasvase del Negratín Almanzora).
   • en la actualidad existen transferencias que es necesario ordenar, como, por ejemplo el Bitrasvase del Ebro y la transferencia del Guadiana a las Cuencas Internas del Tinto-Odiel-Piedras, de la cual parte la transferencia de esa Cuenca Interna a la cuenca del Guadalquivir, conocido como el trasvase de los 4,99 hm3. La propuesta a plantear sería definir la regulación de su funcionamiento completamente.

   En cuanto a las nuevas transferencias, se propone estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de aquellas transferencias de agua entre las distintas demarcaciones hidrográficas siempre que cuenten con el consenso suficiente para una respuesta de largo plazo. Las nuevas transferencias aprobadas contarían con una regulación específica tanto técnica como jurídica y económica, y siempre garantizarían la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso.

EJE 3: PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES

La Directiva de inundaciones de la Unión Europea de 2007 ha traído consigo la modificación del marco regulador de la gestión de las avenidas e inundaciones y ha impuesto sobre todos los Estados Miembros la obligación de realizar planes de gestión del riesgo de inundación por un periodo de seis años.

La Directiva incorpora un nuevo enfoque con el que se persigue abordar la gestión del riesgo de inundación desde una óptica integrada que coordine la política de planificación hidrológica a nivel de cuenca con la planificación de la gestión del riesgo de inundación.

Los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación, en proceso de revisión, deben considerar de una manera efectiva la variable del cambio climático a través de la evaluación de los efectos del clima y sus cambios en la gestión de los riesgos de inundación.

Ello requiere de la colaboración de todas las Administraciones para avanzar en dos grandes líneas de trabajo: el desarrollo de proyectos ambientales de adaptación al cambio climático y la implantación efectiva de las medidas de los planes de gestión de riesgos ante inundaciones, para hacer frente a la mayor concurrencia de intensidad de las inundaciones.

Ambas líneas requieren del impulso continuo de estudios globales de cómo el cambio climático puede afectar al riesgo de inundación en nuestro país que definan las mejores herramientas para adaptarnos al cambio climático en el medio y largo plazo.

Los trabajos iniciales apuntan a que tendremos más inundaciones frecuentes, por ejemplo en zonas con rápidos deshielos, más frecuencia de “gotas frías”, etc.

1. Proyectos de adaptación al cambio climático:
   • Actualización de la evaluación del impacto del cambio climático en relación con las inundaciones.
   • Coordinación entre proyectos con objetivos ambientales y disminución de los riesgos de inundación mediante la ejecución de obras en cauces de dominio público hidráulico para la adaptación al cambio climático, incluyendo obras de restauración fluvial.
   • Creación de una red de seguimiento del impacto climático en las reservas naturales Fluviales para poder valorar los impactos causados por el cambio climático en los ecosistemas hídricos y definir así las correspondientes estrategias de adaptación.
2. Implantación efectiva de las medidas de los planes de gestión de riesgos ante inundaciones
   • Elaboración de una guía para el desarrollo de las medidas de los PGRI. La puesta en marcha de estas infraestructuras estratégicas se realizará teniendo en cuenta que, tanto la Directiva de Inundaciones como el Real Decreto que la traspone al ordenamiento jurídico español, establecen que las obras estructurales de defensa de inundaciones deben llevar un estudio de coste beneficio que las avale.
   • Definición de las infraestructuras estratégicas de protección frente a inundaciones. Se trata de desarrollar las medidas previstas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, de forma ordenada y sostenible. Aplicando criterios comunes que permitan priorizar su ejecución conforme a su análisis coste-beneficio y a su viabilidad ambiental. Una estrategia común de aplicación es la clave.

Para abordar este tipo de soluciones es imprescindible la coordinación y cooperación de todas las Administraciones implicadas en gestión de inundaciones, para impulsar las mejores medidas de protección de las ciudades, los bienes y el medio ambiente

EJE 4: MEJORA DE LA “GOBERNANZA” DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Un eje fundamental de la Gobernanza del agua es la mejora de la gestión de nuestro sistema del agua, con criterios de racionalidad, eficacia, transparencia, garantizando el cumplimiento de nuestros compromisos con la sociedad para la atención sostenible de las demandas de modo compatible con la protección medioambiental de nuestras aguas, y dotando al sistema de gobierno del agua de la estabilidad económico-financiera.
Tratándose de un recurso natural valioso y escaso, es imprescindible reforzar el rigor, control y transparencia en su gestión, procurando la máxima eficiencia y promoviendo los máximos incentivos para el ahorro y el uso sostenible, en beneficio del conjunto de la sociedad.

Además, la mejora de nuestro sistema de gobernanza del agua debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Directiva Marco del Agua, dando respuesta a las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea a España en el marco de la evaluación del cumplimiento de la condicionalidad ex ante del sector agua en los Programas operativos FEDER 2014-2020 y en los programas de Desarrollo Rural 2014-2020. Dichas recomendaciones son las siguientes:

• Aplicar plenamente los instrumentos de tarificación del agua, incluyendo el priorizar la adopción de un nuevo tributo ambiental que incluya los costes ambientales y los del recurso, tal y como exige el artículo 9 de la Directiva Marco del Agua.
• Priorizar la extensión de la cobertura de los sistemas de medición y de los contadores de agua en la agricultura.
• Priorizar la eliminación de extracciones no autorizadas.
• Avanzar en los programas de seguimiento de las masas de aguas superficiales y subterráneas.
• Mejorar la definición de las condiciones de referencia y de los objetivos ambientales, así como en el control de los impactos de las medidas.

Por todo ello, es necesario impulsar acuerdos que permitan desarrollar medidas de ordenación económica, de modernización organizativa e institucional y de racionalidad regulatoria y mejora de la eficacia de los procedimientos administrativos.

Estas medidas deben permitir adecuar a la estructura de la Administración del Agua para alinearla con una gestión orientada al control y vigilancia del cumplimiento de los objetivos de la política del agua. Las líneas de trabajo podrían agruparse en cinco categorías:

1. Materia económica-financiera
   Promover el principio de recuperación de costes para todos los usuarios.
   Por lo que se refiere a las tarificación para los usuarios de regadío sería necesario:
   • Establecer La obligatoriedad de la implantación de las tarifas binómicas en todas las comunidades de regantes, estimulando el ahorro a través de bonificaciones por un menor consumo.
   • Fomentar las agrupaciones de regantes en comunidades, tal como está previsto en la Ley de Aguas. Adaptar la legislación actual para posibilitar, cuando resulte necesario, el otorgamiento de concesiones a otras estructuras de mayor tamaño (que agrupen a varias Comunidades de Regantes) para que puedan cumplir más fácilmente los cometidos que tienen asignados y se racionalice la utilización del agua.
2. Racionalidad regulatoria y mejora de la eficacia de los procedimientos
   administrativos
   • Incrementar la coordinación entre Administraciones Públicas en lo que se refiere a la evaluación socioeconómica de los nuevos proyectos de desarrollo para asegurar su compatibilidad con las exigencias de la Directiva Marco del agua.
   • Impulsar las redes de seguimiento del estado de las masas de agua para monitorizar el progreso en el cumplimiento de los objetivos ambientales y actualizar la evaluación del estado de las masas de agua de cara al tercer ciclo de planificación hidrológica.
   • Avanzar en la instalación de contadores de agua inteligentes que permita hacer un seguimiento continuo y un control efectivo del agua empleada para los sectores económicos y uso doméstico y, en particular para el sector del regadío, contribuyendo incentivar un uso eficiente del recurso que redunde en una mejora del conjunto de usuarios y en la seguridad jurídica de que dispondrán de los caudales reconocidos en sus concesiones. En la línea anterior, profundizar en el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, tal como establece el artículo 55.4 de la Ley de Aguas y la Orden ARM/1312/2009, en lo referente al control efectivo de los caudales en las comunidades de usuarios.
   • Mejorar la gestión de acuíferos compartidos. Establecer las reglas comunes de gestión para un aprovechamiento sostenible de dichos recursos. Reforzar la institucionalidad de las Comunidades de usuarios para potenciar su capacidad de gestión, control del empleo de los recursos hídricos y su correspondiente tarificación. Finalizar la constitución de todas las Comunidades de Usuarios de aguas subterráneas y avanzar en la definición de sus correspondientes planes de explotación.
   • Conseguir la plena implantación del Registro de Aguas en toda España para posibilitar un conocimiento completo de los distintos derechos otorgados y facilitar al ciudadano una información rápida y veraz sobre sus derechos de uso del agua. Esta información se podrá acreditar mediante los correspondientes certificados administrativos para reforzar la seguridad jurídica de los usuarios.
   • Mejorar la coordinación del Registro de Aguas con el Catastro para que todos los títulos que reconozcan el derecho privativo al uso del agua estén vinculados a una parcela concreta y queden inscritos en el Catastro, reforzando la seguridad del tráfico jurídico mercantil y la identificación de los potenciales sujetos tributarios a los que pudiera gravarse por el uso del recurso hídrico.
   • Revisar las normas técnicas de seguridad de las infraestructuras, tal como establece la legislación de aguas, dotándolas del rango normativo preciso, en aras de reforzar su funcionalidad, de determinar los estudios y comprobaciones que periódicamente ha de realizar el titular de la infraestructura y asegurar la eficacia en la prestación de los servicios del ciclo del agua.
3. Organización y fortalecimiento institucional
   • Impulsar la Administración Electrónica y el uso de las nuevas tecnologías en los servicios del ciclo del agua para mejorar la transparencia y comunicación entre Administraciones Públicas, y entre éstas y los ciudadanos, dotando a los procedimientos administrativos de mayor transparencia.
   • Desarrollar protocolos de comunicación para agilizar el intercambio de información entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de agua.
4. Mejora de la relación con el ciudadano
   • Revisar los procedimientos administrativos buscando su simplificación, claridad y reducción significativa de los plazos de resolución.
   • Potenciar las campañas de concienciación y educación ambiental destinadas a fomentar un uso más sostenible del agua, visibilizar los valores del agua como recurso natural, escaso e imprescindible para la vida en cualquiera de sus manifestaciones y para cualquier actividad que se pretenda desarrollar, incentivar el ahorro y el uso eficiente del agua y promover la adecuada protección y conservación de nuestros recursos hídricos.
5. Fomentar la innovación y la investigación en el ámbito en del agua como instrumento para promover nuevas soluciones tecnológicas y de gestión para mejorar el ahorro del agua, reducir el consumo energéticos de los servicios del ciclo urbano, reforzar la capacidad de adaptación al cambio climático o desarrollar nuevas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales o la producción de recursos no convencionales.

INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO EFECTIVO DEL PACTO

Una vez acordado el Pacto Nacional por el Agua, la puesta en práctica de las líneas de actuación contenidas en el mismo se apoyarán en los instrumentos legislativos y de planificación vigentes. Es decir, los resultados de ese Pacto tendrán su correspondiente reflejo en las herramientas legislativas actuales de planificación, la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico Nacional, para dar respuesta a los acuerdos que puedan requerir una revisión de la legislación general de aguas o que impliquen a todo el territorio nacional; o en la actualización de los Planes Hidrológicos de cuenca y de los planes de gestión del riesgo de inundación, de acuerdo con el calendario marcado por la legislación europea, que da inicio con la consulta pública de los documentos iniciales de los planes hidrológicos de cuenca en el segundo semestre de 2018.

El Plan Hidrológico Nacional, es el instrumento jurídico de planificación que, desde una perspectiva global, nos ha permitido una mejor regulación y coordinación de acciones necesarias para la gestión de un recurso natural tan importante como es el agua. En concreto, permite abordar las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca así como soluciones para las alternativas propuestas en los mismos, las posibles transferencias entre ámbitos de planificación distintos, las modificaciones necesarias en el uso del recurso y normas complementarias a la planificación, como por ejemplo, entre otras, las reservas hidrológicas por motivos ambientales o la gestión de las sequías.

Complementariamente, la vigente Ley de Aguas, en tanto que norma básica que recoge el régimen regulador de la utilización protección del dominio público hidráulico y el marco normativo de la organización pública del agua, podría acomodar las modificaciones normativas derivadas de las mejoras en la gestión regulatoria, administrativa y organizativa, que sean fruto del Pacto Nacional por el Agua.

En cuanto a los Planes hidrológicos de cuenca, el tercer ciclo de planificación está en marcha. En julio de 2018 se iniciará la consulta pública los documentos iniciales de los planes que concluirá en enero de 2019. Durante ese primer trimestre de 2019 habrá que preparar también el Esquema de Temas Importantes para sacarlo a consulta nuevamente en julio de 2020. La revisión de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones seguirá el mismo calendario. Ambas actuaciones forman parte del ciclo continuo de mejoras que caracteriza la gestión del agua en España, un ciclo que no debe interrumpirse y que permitirá ir incorporando cada una de las líneas acordadas en cada demarcación hidrográfica y en cada territorio. En cuanto a los Planes Especiales de Sequía, vigentes desde 2007, se está procediendo a su actualización, que se encuentra en información pública hasta el próximo 22 de marzo, estando prevista su aprobación para la primavera de este año.