Comentarios al artículo de Cristina Narbona «el posible pacto del agua» aparecido en «El País» el 13 de abril de 2018

Cristina Narbona, presidenta del partido socialista y ex ministra de medio ambiente, mediante el referido artículo viene a exponer/adelantar la propuesta de la política del agua de su partido. Propuesta que es de agradecer en el panorama mortecino de la política general de nuestro país y del agua en particular. Nada que ver con el oficialista Pacto Nacional por el Agua, fallecido antes de nacer por insustancial.

Las líneas que propone Cristina Narbona tocan diversos temas del mundo del agua. Propone conservar muchos de los rasgos de nuestra política tradicional del agua, como su visión preferentemente productivista, considerando el agua como factor de producción, frente a la propuesta de la Directiva Marco del Agua europea de considerar el agua como un «patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal» (considerando 1 de la Directiva).

Plantea correctamente la necesidad de «auditorias hidrológicas». Es decir, por una parte, de disponer de un conocimiento actualizado de los recursos, previniendo los posibles efectos del cambio climático. Por otra, un inventario detallado de los usos y de sus correspondientes derechos, es decir un auténtico registro notarial que permita la ordenación del sector de los riegos. Sin embargo no expone con claridad uno de los principales problemas de los usos del agua en nuestro país en los últimos años: la proliferación de los aprovechamientos del agua en riegos (legales, ilegales, abusivos o elusivos) y sus secuelas de degradación ambiental ─como podría ser el ejemplo del Mar Menor, que constituye una auténtica «piedra de toque» para una nueva política─, así como la sobreexplotación de nuestros sistemas hídricos (ríos y acuíferos).

Es necesario exponer, como lo hace la autora, la necesidad de superar la política de oferta tradicional, pasando página definitivamente a los grandes trasvases con destino a la agricultura, en razón a la necesidad de grandes inversiones públicas y su rendimiento económico negativo desde el punto de vista de la economía nacional. Pero, sobre todo, porque las cuencas cedentes consideran sus recuros naturales como bienes patrimoniales para su propio desarrollo en las distintas «dimensiones» del agua.

Pero también es necesario llevar a cabo una política de gestión de la demanda mediante la ordenación, las medidas legislativas, los instrumentos económicos, … Es decir, los mecanismos contenidos en la Directiva Marco. No basta con incidir en la desalinización de agua de mar y en la reutilización del agua usada (que no dejan de ser visiones desde la oferta). En nuestro país habría que considerar nuevos planteamientos como el cierre hidrológico de las cuencas en las que los usos superan a los recursos y en la reconversión del sector del regadío. Hay que coordinar las políticas agrícolas e hidráulicas, no bastan que residan en un mismo miniserio. Acciones que requieren, ciertamente, valentía política frente a determinados grupos de interés ─como vienen a ser casi todas las nuevas políticas frente a sectores privilegiados y anquilosados. El interés general deberá prevalecer sobre el de determinados grupos de presión, así como sobre políticas regionales oportunistas.

En definitiva: ¿por qué Cristina Narbona ─que hace un discurso sobre el agua esencialmente correcto─ no se atreve a dar un paso más y proponer una nueva política del agua en concordancia con la Directiva Marco del Agua europea, a la que ─por cierto─ no cita en su artículo?

En conclusión, ha habido en nuestro país programas políticos con una gran visión sobre el agua en su tiempo, como ha sido la «Política Hidráulica» de Joaquín Costa, el «Plan Nacional de Obras Hidráulicas» de Indalecio Prieto, o el «Programa Agua» de las plantas desalinizadoras, de la propia Cristina Narbona. Ahora habría que dar un nuevo paso adelante proponiendo una rúbrica como mensaje de la nueva política. La idea está clara: pasar del uso meramente economicista hacia la sostenibilidad de los recursos, de sus usos racionales y de la protección del patrimonio ambiental, social y cultural ligado al agua.