Desde 1990 se viene hablando de la crisis de la política del agua. Pero, una crisis que dura ya más de 25 años, ¿no será otra cosa?
Disponemos de más de 1300 grandes presas que permiten almacenar unos 56 000 hm3 de agua. Por unas y otras cifras España se encuentra en los primeros lugares mundiales. Se puede afirmar que se ha realizado el «todo Costa».
La última sequía ha puesto de manifiesto que nuestros sistemas de abastecimiento son robustos: no ha habido restricciones para la población, ni desplome de la producción eléctrica, ni desabastecimiento de productos alimentarios. Al contrario, se ha producido una sobreproducción de algunos productos agrarios con bajada de precios.
Entonces, ¿no será que nuestro stablishmentdel agua se resiste a perder la posición de privilegio en cuanto a actuaciones e inversiones públicas que ocupó ─posiblemente con razón─ durante muchas décadas?
En la actualidad los riegos utilizan un 80% del agua extraída de los ríos y acuíferos. Su contribución al PIB no llegará probablemente al 1,5% y ocupan menos del 2,5% de la mano de obra, en su mayor parte inmigrante. ¿Cuándo evolucionaremos hacia productos saludables y de calidad, con mayor valor unitario?
La posición de nuestra administración pública respecto a la Directiva Marco del Agua europea podría definirse como la negación de la negación. Del agua como factor de producción a patrimonio común y vuelta al trigal. Nuestros aguapensantes continúan con una visión del agua para su puesta en valor crematístico; no se admite que la UE recuerde que hay que proteger el medio ambiente para no competir deslealmente con otros Estados.
La cuestión de fondo se podría extender a otras infraestructuras: disponemos de una red formidable de autopistas y autovías; estamos en camino de realizar el todo-AVE, mientras que el transporte de mercancías por ferrocarril es de un exiguo 4% del total; tenemos sobrecapacidad de producción eléctrica; aeropuertos en abundancia; una gran red de puertos comerciales y deportivos; más de 50 universidades; etc. Alguien ha afirmado que contamos con infraestructuras para un país de 60-80 millones de habitantes. ¿No sería hora de desviar el foco de atención hacia infraestructuras y servicios sociales?
Entonces, ¿para qué un Pacto Nacional sobre el agua? ¿Para atender determinadas actuaciones propias de la administración corriente? ¿Para comprometer mayores inversiones? ¿No se trataría solamente de enfatizar lo obvio con vistas electorales?
Desde el punto de vista político, no sabemos qué hacer con el mundo del agua. Y eso es precisamente lo que nos pasa: que no sabemos qué hacer.
