La gestión del agua en España lleva décadas en situación de parálisis. No se busca resolver los problemas, sino sortearlos, por lo que se van haciendo más grandes, a modo de bola de nieve rodando por la ladera. Escondiendo la porquería debajo de la alfombra, que se ha convertido en una superficie ondulante e inestable. La causa de esta situación es que no está clara la finalidad de la política del agua.
A lo largo del siglo XX, la regulación progresiva de los ríos contribuyó al desarrollo económico, ayudando al cambio socioeconómico experimentado. Víctima de su propio éxito, esta línea de actuación empezó a confundir el medio con el fin, santificándose la regulación intensiva y la explotación máxima del recurso sin preocuparse por su rentabilidad general, que se daba por asumida. Los problemas ambientales y sociales eran sistemática e inconscientemente infravalorados, ante el convencimiento del que el bien conseguido compensaba todos los sacrificios.
Así, mientras los países civilizados empezaban a tomar decisiones basadas en consideraciones sociales y ambientales, aquí se «continuaba con el desarrollo». Si los objetivos no se conseguían, se perseveraba sin plantearse la idoneidad del fin. Un ejemplo claro es el trasvase Tajo-Segura. Resucitado en los años 50 desde el sindicato vertical para apaciguar a los terratenientes murcianos, es asumido con entusiasmo por la tecnocracia, que lo lleva a la práctica apoyado por el poder del régimen de la época. Incluso antes de entrar en funcionamiento, las transformaciones de secano a regadío en el Segura se disparan. Una vez en marcha se ve que la maquinaria no funciona, que se gripa y va a tirones.
El trasvase Tajo-Segura no solucionó el «déficit estructural» del Segura, sino que lo aumentó significativamente, pues las transformaciones en regadíos fueron superiores a lo aportado por el Trasvase. Para intentar arreglar el desaguisado, se incrementaron las presiones por el recurso desde todos los puntos de vista. Se incrementaron las extracciones de los acuíferos del Segura, para «complementar» al Trasvase; con consecuencias desastrosas como la sobreexplotación generalizada de las aguas subterráneas, con el Campo de Cartagena y el destrozo del Mar Menor como triste consecuencia de una gestión salvaje e irracional. Y a la cuenca del Tajo, que en teoría es prioritaria y tendría que ser quien definiera los excedentes, se la fue incrementando sucesivamente el control y la intervención sobre sus decisiones, de manera que todo lo que pueda afectar al trasvase Tajo-Segura es seriamente limitado y marginado.
En lugar de aceptar el fiasco, y tomar las medidas necesarias desde el lado de la demanda, la política del agua ha estado ideando todo tipo de parches. En 1993 se preparó un Plan Hidrológico Nacional consistente en llenar la península de canales con dirección al Segura. La planificación hidrológica de cuencas estaba paralizada hasta que en 1997 se implantó una definición de excedentes (legales, que no reales) que consistía en reservar el 10% de Entrepeñas y Buendía (240 hm³) para atender una parte de los recursos del Tajo (los regadíos entre Bolarque y Aranjuez y mantener el caudal mínimo de 6 m³/s) y dejar el resto de los embalses a disposición del Trasvase.
Como este atropello era insuficiente, se proyectó y aprobó el trasvase del Ebro al Segura. Ante la reacción social adversa, y en la coyuntura de un vuelco electoral, el trasvase de Ebro es derogado, pero se sustituye con una propuesta de desaladoras. Es decir, la idea es mantener la demanda pero cambiando el origen de la oferta.
La Directiva Marco del Agua (DMA) marca la prioridad ambiental del agua. Al transponerla al ordenamiento jurídico español se conciben unos planes «integrales» que aborden la novedad de los objetivos ambientales con la tradicional atención de las demandas. En teoría un cambio radical de concepto de la gestión del agua, que levantó tanta expectación como recelos en los tradicionalistas. Las confrontaciones llevaron en 2008 a la integración del Ministerio de Medio Ambiente en el de Agricultura, que enseguida se comprobó que no era más que una subordinación de las políticas ambientales. El regadío iba ganando peso en los planes, que iban retrasados.
Una de las causas de este retraso en la aprobación de los planes volvía a ser el trasvase Tajo-Segura, que causó que en el Segura ni siquiera se aprobara el Esquema de Temas Importantes porque había planteado un hipotético escenario en el que no hubiera Trasvase, mientras que paralizó la planificación del Tajo que tenía que incorporar la determinación de excedentes, conforme a los dispuesto en la Ley 52/1980. Sin rango de información pública oficial, en octubre de 2011 se publicó en la web de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) un borrador de Plan con una propuesta de definición de excedentes realizada desde la CHT. Nada más enterarse la Dirección General del Agua ordenó la retirada inmediata del borrador, criticándolo sin miramiento ni conocimiento, ordenando al Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) que rehiciera los cálculos.
Al poco, tras las elecciones generales, hubo cambio de partido en el Gobierno. Durante más de un año el CEH estuvo intentando sin éxito desarmar técnicamente la determinación de excedentes realizada desde el Tajo. Hasta que en 2013 se impuso la argumentación testicular del ministro Cañete. Se censuró y mutiló el Plan del Tajo que se aprobó tras un paripé de consulta pública, mientras se daba cuerpo a los acuerdos de un memorándum firmado secretamente entre el ministerio y las comunidades autónomas de Murcia y Valencia, con la vigilancia y control del SCRATS. Se implantaron en el río Tajo unos caudales mínimos, inferiores a los ecológicos propuestos en el borrador y se subió el umbral mínimo de Entrepeñas y Buendía de 240 a 400 hm³, algo insignificante en la gestión, pero que fue vendido como un gran logro por la entonces presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. A cambio, la intervención del Tajo y la sobreexplotación del Trasvase se hicieron más radicales.
Con el memorándum consiguieron «salvar el Trasvase». Es decir, limitar el Plan del Tajo, interviniendo su cuenca y ampliando su sobrexplotación con sus efectos adversos. Pero el despotismo no resuelve problemas, y el fracaso del trasvase Tajo-Segura sigue estando ahí como se ha demostrado. Y aquí surge el «pacto nacional del agua», como idea de la ministra del MAPAMA para proponer soluciones al gusto del lobby de regantes, con unas propuestas iniciales de «redotación de» (eufemismo para evitar decir «trasvases a») la cabecera del Tajo desde el Duero (véase la entrada «Sobre el trasvase del Duero a la cabecera del Tajo») o desde el Ebro, o resucitar la idea del trasvase desde el Tajo medio (que también tiene su eufemismo: toma complementaria del trasvase Tajo-Segura). Para dar empaque al pacto, se le dota de unos objetivos que coinciden con los que supuestamente se consigue con los planes hidrológicos de cuenca, y se habla en privado con un montón de agentes, todos contentos por el trato preferencial y participar en un aquelarre del que pueden sacar sus ganancias.
Tras esta larga introducción, ¿cuál es la finalidad del pacto nacional del agua? Desde el MAPAMA ya se ha dejado claro que no tocará el trasvase Tajo-Segura. El presidente del Gobierno manifiesta abiertamente que «un pacto del agua no puede liquidar acuerdos como el trasvase Tajo-Segura» (La Verdad, 6/5/2018). Incluso quienes plantean cerrarlo lo condicionan a la existencia de alternativas como una desalación muy subvencionada o una sustitución por aguas subterráneas de unos acuíferos mágicos, inexplorados e inverosímiles. Nadie plantea que si el trasvase Tajo-Segura está dañando actualmente al Tajo, y la cuenca del Tajo es prioritaria, hay que adoptar medidas urgentes para evitar estos daños, con independencia de su repercusión en los usos de las aguas trasvasadas o de si hay o no recursos alternativos. Tampoco se reflexiona sobre que ni el trasvase Tajo-Segura, ni la sobreexplotación salvaje de todos los recursos del Segura han calmado las ansias de los regantes, sino que cada vez van a más, la superficie y presión del regadío aumenta y el «déficit estructural se hace mayor». Ni se quiere aceptar que el mercado de productos agrícolas está saturado o que, como se ha comprobado recientemente, la producción del sureste puede ser cubierta desde otras regiones (véase «El trasvase Tajo-Segura no es necesario. Distorsiona el mercado. Perjudica a otras regiones»). Todos los partidos se empeñan en fotografiarse al lado de los regantes mientras prometen que con ellos no les va a faltar agua barata, cueste lo que nos cueste.
El pacto nacional del agua se puede definir como una artimaña para ganar tiempo. Apelando al consenso y lugares comunes se retrasan las necesarias inversiones en depuración. Calman a los regantes con la esperanza de que se puedan realizar nuevos trasvases, con independencia de su eficacia, y si no logran el consenso, descargar la culpa en los otros partidos. A su vez se mantiene, enquista y empeora una situación que está demostrando ser un fracaso estrepitoso, pues afrontarla honesta y abiertamente supondría un desgaste muy fuerte por defender una sostenibilidad ambiental que lamentablemente no es valorada socialmente. Y el maltrato continuado al Tajo, ¿a quién importa? ¿Cuántas soluciones en teoría definitivas se han dado ya al problema del trasvase Tajo-Segura? ¿Cuántas quedan?
