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La crisis de los abastecimientos de Parla, Móstoles y Fuenlabrada.
Un hito significativo de nuestra historia lo marca el abastecimiento de la localidad de Parla, situada geográficamente al sur de Madrid e hidrogeológicamente junto a la transición de los sedimentos detríticos a los evaporíticos; los primeros no superan los 100 m de espesor hasta tocar en profundidad los evaporíticos (margas y yesos). La población pasó de 2000 habitantes en 1960 a los 50 000 hacia 1979. Los proyectos de construcción de viviendas llegaban a entrar en su ayuntamiento por camiones; el escaso personal técnico municipal los enviaba sin abrir a un sótano. La administración municipal se encontraba ampliamente desbordada.
El abastecimiento era muy precario, a base de unos pozos situados muy próximos unos a otros en las proximidades de un pequeño depósito de regulación. Desde hacía meses se habían producido frecuentes cortes de agua en el casco urbano y en las urbanizaciones de los alrededores, así como airadas manifestaciones de protesta sobre la falta de agua. La crisis se produjo el domingo 4 de marzo de 1979. Una concentración de ciudadanos cortó con barricadas y coches volcados la carretera Madrid-Toledo a su paso por la población, produciendo un gran tapón. Cargó la policía y el disparo de una pelota de goma alcanzó a un joven de 14 años que falleció poco después.
Al día siguiente, a las 9 de la mañana, el gobernador civil de Madrid Juan José Rosón reunió en su despacho a tres técnicos (un joven ingeniero municipal muy afectado, otro del Canal de Isabel II y un tercero de aguas subterráneas de la DGOH) y los envió a Parla pidiéndoles un informe de la situación y un plan de actuación para la tarde. En Parla, la sede del ayuntamiento estaba desalojada por amenaza de bomba y el alcalde y resto del consistorio habían abandonado sus cargos y se encontraban «huidos». La troika de ingenieros, inesperadamente, tuvo que hacerse cargo del ayuntamiento vacío en cuanto al abastecimiento de agua a la población. Pusieron en marcha un plan de restricciones horarias para el suministro, de vigilancia de los caudales captados, de cloración del depósito para evitar problemas sanitarios por el vaciado periódico de las redes de distribución, localizaron obras en la red para superar cuellos de botella (había urbanizaciones a las que prácticamente no llegaba el agua) y un plan de perforación de pozos para ampliar los escasos caudales aportados. Actuaciones que se tomaron sobre la marcha sin contar con ningún tipo de presupuestos ni respaldo de autoridades, comprometiendo verbalmente gastos con empresas privadas que colaboraron desde el primer momento. Al abandonar la ciudad a primeras horas de la tarde se cruzaron con una caravana de furgones de la policía que iban a enfrentarse con la concentración de elementos radicales llegados de toda la provincia que, a modo de guerrilla urbana, hacían frente a la policía colocando cables de acero entre los árboles de las calles para recibir las motos y los caballos de la policía.
Por la tarde se informó al Gobernador que apoyó todas las actuaciones proyectadas, facilitando terrenos de forma ejecutiva para las nuevas perforaciones. Nombró poco después un delegado gubernativo para Parla. Durante la reunión con los ingenieros recibió una llamada de teléfono que, al parecer, era una noticia grave: se trataba del asesinato del general Muñoz Vázquez por ETA en una calle de Madrid.
Afortunadamente, al poco tiempo, los trabajos programados dieron sus frutos y se logró estabilizar el suministro con los nuevos pozos perforados y conectados al depósito en un tiempo récord. En abril se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas. La troika acudió al nuevo ayuntamiento socialista-comunista en cuanto se constituyó formalmente y entregó las cuentas de los gastos realizados por cuenta del mismo. No hubo problemas.
La historia terminó con otra reunión días después en el Gobierno Civil a las que asistieron ─junto al gobernador─ el director gerente del Canal y el presidente del Banco de Crédito Local. Se comprometió la llegada de las redes del Canal a este municipio junto a los de Móstoles y Fuenlabrada financiadas por el Banco citado. Móstoles y Fuenlabrada también estaban sujetas a fuertes crecimientos de población en la última década, se abastecían por medio de pozos en situación comprometida y sus ayuntamientos correspondían a poblaciones de unos 2000 habitantes, encontrándose también desbordados. Las redes de suministro del Canal de Isabel II llegaron por fin a Parla (y a los otros municipios) en 1982. Hasta entonces, durante más de 3 años, tanto en esta localidad como en las de Móstoles (unos 130 000 habitantes entonces) y Fuenlabrada (entonces unos 80 000 habitantes) fueron abastecidas sin graves problemas por los sistemas de pozos existentes con anterioridad, ampliados con nuevas captaciones realizadas al efecto.
La lección que se podía sacar de estos incidentes era que las grandes poblaciones de los alrededores de Madrid exigían abastecimientos adecuados al tamaño que estaban alcanzando, servicios que superaban la mínima administración municipal heredada. En otras palabras: se imponía la necesidad de contar con un servicio supramunicipal de abastecimiento y saneamiento para la Comunidad de Madrid.
Las aguas subterráneas se estaban forzando para dar un servicio por encima de sus posibilidades desde el punto de vista de la administración municipal. Las captaciones se concentraban en las proximidades de los cascos urbanos, produciendo fenómenos de sobreexplotación puntual. Las características del acuífero, de baja permeabilidad, no hacía recomendable la concentración de caudales elevados y continuados en pequeñas áreas; por el contrario, sus características hacían aconsejable la distribución más espaciada de los pozos (lo que entonces se denominó «la vocación natural del acuífero»). Las soluciones que se aportaron consistieron por lo general en perforar nuevos pozos algo más alejados de las áreas sobreexplotadas. También y en razón de tratarse de proyectos cuasi artesanales, con necesidad de expertos a los que se exigía dedicación intensa, así como los bajos presupuestos para estas actuaciones, las empresas de ingeniería y de construcción dedicaban poca atención a este tema, concentrándose en grandes obras públicas con elevados presupuestos.
Otro tema era el estado de las captaciones y los equipos electromecánicos, así como su mantenimiento y control. Era frecuente el casi total abandono en que se encontraban las instalaciones de aguas subterráneas. Cuando fallaba un pozo por obsolescencia o un equipo de elevación, se echaba la culpa al agotamiento de las aguas del acuífero. Se constataba un bajo nivel técnico generalizado en este campo.
El Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid. La ley reguladora de abastecimiento y saneamiento de agua.
Durante los primeros años de la década de los 80, la Comunidad de Madrid estaba dando los primeros pasos en el terreno político con vistas a su autonomía. Había un hervidero de actividad en las personas llamadas a ocupar cargos importantes en la nueva situación.
En lo referente al agua, un equipo de cinco técnicos, con reuniones semanales durante 1982 y 83, celebradas en la sede de la entonces Diputación provincial, elaboró «El libro del agua en Madrid», publicado a principios de 1984. El texto identificaba los principales problemas y proponía una serie de políticas y actuaciones. Su contenido fue debatido en unas jornadas celebradas en la primera sede de la Asamblea de Madrid (antiguo noviciado de jesuitas de la calle San Bernardo).
Después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en febrero de 1983, se aprobó la Ley 17/1984 reguladora del abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad. Se encargaba al Canal de Isabel II los servicios de aducción y depuración en todo el ámbito de la Comunidad. Poco tiempo antes se habían traspasado a la Comunidad de Madrid el Canal de Isabel II, hasta entonces organismo autónomo ministerial, así como las funciones y servicios que ejercía en el Canal el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Con ello quedó configurada la administración del agua en sus líneas esenciales antes de la conversión del Canal en una sociedad anónima en 2012.
El Canal de Isabel II, en su nueva etapa a partir de 1984, dirigió sus principales inversiones hacia la depuración de las aguas residuales. Para ello llevó a cabo una campaña de análisis de la calidad de agua de los ríos de la Comunidad y priorizó la construcción de plantas de tratamiento (EDAR) en función de su eficacia para la mejora de los mismos. Posteriormente el Canal se limitó a mantener la calidad del agua a la salida de las EDAR, dejando la vigilancia de los ríos en manos de la Comisaría de Aguas del Tajo.
En cuanto a los abastecimientos, la labor del Canal se limitó a continuar y finalizar el plan de construcción de embalses, depósitos y plantas de tratamiento (ETAP) del ministro Silva Muñoz y, de forma no demasiado rápida, la extensión de las redes al territorio de la Comunidad. Lo esfuerzos se centraron en la absorción de CASRAMA (Consorcio de abastecimiento de la Sierra de Guadarrama), creado por el ministerio, con recursos recogidos en los embalses de Navacerrada, La Jarosa y Navalmedio y tratados en varias ETAP de dimensión reducida. Se trataba de un sistema de abastecimiento que respondía a un planteamiento anticuado: construir pequeños embalses en las cabeceras de los ríos para atender demandas aisladas, en su mayor parte por gravedad. El fuerte crecimiento de las segundas residencias en el área de la sierra y la presencia de años secos ponían en situaciones críticas estos abastecimientos. Pasado el tiempo se impuso la solución lógica: recoger el agua en embalses mayores situados aguas abajo, tratar el agua en plantas de mayor dimensión (economía y eficacia de escala) y elevar el agua a las zonas de la sierra. Se impuso la «lógica de la situación»: se fue a captar el agua donde había agua.
También el Canal absorbió la Fundación Sur de Aguas Potable de la Diputación provincial, puesta en marcha en 1978, que abastecía un conjunto de poblaciones del sur de la Comunidad entre Griñón y San Martín de la Vega, a partir del campo de pozos de Batres, capaces de proporcionar hasta 20 hm³/año. A excepción de Alcalá de Henares, abastecida por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en la Comunidad de Madrid quedó como único ente de abastecimiento el Canal de Isabel II.
Conviene destacar la preocupación que surgió por entonces acerca del papel de las aguas subterráneas como soporte de humedales o cripto-humedales y las amenazas a los mismos por su explotación intensiva. Fruto de esta inquietud fue el apoyo al trabajo de González Bernáldez para la publicación de «Los humedales del acuífero de Madrid» por el Canal de Isabel II en 1989. Desgraciadamente estos trabajos no tuvieron continuación, limitándose al ámbito académico.
Las aguas subterráneas se vuelven a quedar atrás.
En todo este nuevo impulso a las actividades del Canal de Isabel II en los temas del agua, a pesar de que el Libro del Agua en Madrid enfocaba correctamente los recursos y posibilidades de las aguas subterráneas, poco se avanzó hasta final de la década.
Los mayores avances del Canal se llevaron a cabo en los terrenos financieros (superando anteriores estrangulamientos económicos), comerciales, de personal e introducción de nuevas tecnologías de adquisición de datos y control de abastecimiento. Cuando las poblaciones con problemas de suministro se encontraban alejadas de las redes del Canal, recurría al Servicio Geológico de Obras Públicas para efectuar soluciones-puente a base de aguas subterráneas o, directamente, parchear el problema. Cuando alguna urbanización próxima a Madrid entraba en crisis de abastecimiento (generalmente por falta de mantenimiento de las instalaciones de aguas subterráneas), se desataban urgencias para hacer llegar conducciones del Canal si en la urbanización habitaba algún alto cargo ministerial o de las altas instituciones del Estado, cosa no inusual.
En la segunda mitad de los 80 hizo su aparición un problema singular en relación con la utilización de los recursos hídricos. Al aplicarse una tarifa de abastecimiento de tipo progresivo, se penalizaban fuertemente los consumos altos en el denominado «tercer bloque». En esas circunstancias, las urbanizaciones de alto status de los alrededores de la capital recurrían a los pozos para los usos comunes (riego de césped y llenado de piscinas ─entre públicas y privadas sumaban del orden de 90 000 en la Comunidad de Madrid). Paradójicamente con ello se causaba un perjuicio a la tesorería del Canal, pues resultaba que los más pudientes se zafaban del pago de la parte de las tarifas de los servicios de tipo general y de la depuración. Además, las urbanizaciones exigían la llegada de las conducciones del Canal para asegurar los usos humanos, no amortizando en muchos casos las infraestructuras necesarias por su bajo nivel de consumo.
Durante las sequías de los años 80, en los abastecimientos de aguas subterráneas de la Comunidad no atendidos por el Canal, tuvieron que intervenir el IGME en algún caso y, sobre todo, el Servicio Geológico de Obras Públicas por encargo del Canal. Muchas veces con carácter perentorio por quedarse los municipios sin suministro de agua en pleno verano. Se llevaron a cabo numerosas perforaciones, quedando a cargo de los propios ayuntamientos el equipamiento de los pozos y su conexión con los depósitos.
Cuando terminó la última sequía después de 1985, en una reunión con el entonces Consejero delegado del Canal de Isabel II, se le ofrecieron una serie de proyectos de pozos redactados por el Servicio Geológico, para la ejecución, en su caso, por el Canal. El Consejero rechazó esos proyectos considerando que iban a competir con la estrategia de extensión de las redes del Canal al resto de la Comunidad; estrategia en la que se ofrecía «aguas del Lozoya» (utilizando esta sinécdoque por aguas de los embalses superficiales) frente a las «aguas de pozo».
Las aguas subterráneas tendrían que esperar unos años todavía para que se consideren mínimamente recursos hídricos como los proporcionados por los embalses superficiales y aun así …
