El colapso ambiental del Mar Menor. Los dirigentes murcianos se pegan un tiro en la cabeza

Lo sucedido en el Mar Menor ha sido calificado de colapso ambiental. Tal denominación no se debe a algún grupo ecologista o catastrofista, no. Se debe, ni más ni menos, al recientemente fenecido ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (que de todos estos sectores se ocupaba, menos del último). La ministra saliente, a la que tantos favores y ganancias deben los plutócratas murcianos, se ha despedido de sus fieles amigos con un regalo envenenado: el informe ambiental del Mar Menor, véase BOE del 5 de junio de 2018. (¿Les tendría ganas la ministra a los dirigentes murcianos por lo que haya tenido que aguantar y tragar?). El informe nos ahorra y excusa de describir el pormenor del museo de los horrores, en el que no falta ninguna pieza. Nos limitaremos, pues, a la metafísica del desastre: sus causas directas, indirectas y pluscuamperfectas; las posibles responsabilidades; la revertibilidad de la situación; los esperpénticos planes propuestos; el inevitable plan de reconversión agrícola; los costes de la juerga (¿quién paga?) y el papel de los organismos públicos y privados. Para todo habrá leña con la que calentar la caldera.

La especulación urbanística en la España del desarrollo de los años 60: la Manga del Mar Menor.

Uno de los pelotazos más sonados en la década del desarrollo de los años 60 del pasado siglo se debe a Tomás Maestre, ensalzado por unos (que se forraron) y vituperado por otros por comenzar a cargarse el Mar Menor. Se trata de una albufera o laguna litoral de unos 135 km² de extensión superficial, con una profundidad máxima de 7 m y media de 4 m. Constituye uno de los ecosistemas más peculiares de la península, con diversos usos, entre los que destacaron los terapéuticos desde el siglo XIX: baste recordar los curiosos balnearios de madera en las proximidades de San Javier.

Tomás Maestre, de ascendencia cartagenera, adquirió los terrenos de La Manga en los años 60. Se trata de un cordón litoral de 21 km de longitud que cierra la laguna, cordón formado por arenas dunares depositadas sobre rocas volcánicas y areniscas terciarias, cuya anchura varía entre 100 y 1500 m. Sobre esta estrecha franja se comenzó a construir hoteles y bloques de apartamentos turísticos, contando con los permisos de los ayuntamientos implicados y con la bendición del ministro Fraga. Curiosamente, en una región seca que demanda trasvases de agua desde tiempo inmemorial, no hubo dificultades para su abastecimiento, así como para la implantación de campos de golf que sirviesen de reclamo turístico. Pero hizo más Maestre: abrió la conexión entre la laguna y el Mediterráneo para facilitar la entrada de barcos de recreo en el puerto artificial construido al efecto. Enseguida se manifestaron los primeros efectos negativos sobre la albufera: descenso de la temperatura del agua de la laguna (una auténtica sopera) por entrada del agua mediterránea, invasión de especies y subsiguiente desaparición de las autóctonas, etc. A finales de los 70, cuando las afecciones eran evidentes, Maestre se comprometió ante la Administración a retornar las cosas a su estado prístino, es decir, cerrando los pasos de agua artificiales; promesa de la que nunca más se supo (de la Administración que recibió la promesa, tampoco).

En los últimos años La Manga ha entrado en estado catatónico por sobresaturación de ocupantes. En los alrededores del Mar Menor la población en verano supera las 200 000 personas. Nada más hay que añadir para que el lector haga cuenta de los impactos sobre la laguna y de las incomodidades creadas por dicha sobresaturación que conducirán, inevitablemente, al declive económico de la región y a la pérdida de valor de las construcciones.

La explosión del regadío en el Campo de Cartagena. Cuando al ansia de ganancias crematísticas se une la impunidad de las actuaciones.

Coincidiendo con la llegada de las primeras aguas del trasvase Tajo-Segura desde 1979, y con las expectativas que había generado la promesa de aquel maná, se aceleró el desarrollo de los riegos en toda el área del sureste de España y, en particular, en el campo de Cartagena. La ley del trasvase (Ley 52/1980) les había asignado una dotación de 122 hm³ anuales. Nunca pudieron disponer de esa dotación por el fiasco que ha supuesto el citado trasvase; pero el ansia de aprovechar la ola de beneficios derivados de los cultivos irrigados ha desatado una fiebre parecida a la del oro de California.

Recomendamos al lector la entrada de Acuademia «Paranoia hídrica en el Campo de Cartagena».

Bástenos dar unas cifras sobre los riegos actuales en la cuenca vertiente al Mar Menor: más de 47 000 hectáreas, de las que al parecer sólo 12 000 son ilegales (¿sólo?): la superficie de riego se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años; se han perforado unos 1000 pozos de extracción de aguas subterráneas salobres que alumbran unos 80 hm³ anuales; se han instalado otro millar de plantas desalobradoras (no están aún bien contados ni unos ni otras (¿?)); en algunas superficies se producen hasta 3 cosechas al año; se constata un uso masivo y descontrolado de fertilizantes y biocidas; etc., etc.

Como resulta que se extraen aguas salobres por medio de pozos, se desalobran y se riega con ellas, junto a aportes externos (incluidos los caudales del Trasvase) el nivel freático del acuífero somero ha subido y recibe de forma inmediata el exceso de fertilizantes y pesticidas usados desordenadamente en los cultivos. El agua del acuífero somero descarga al Mar Menor unos 30 hm³ anuales con un elevado contenido en nitrógeno que se va acumulando en la laguna.

¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Al parecer, se puede identificar la principal causa: el ansia por enriquecerse a corto plazo junto al consentimiento de las administraciones públicas que ha generado un estado de anarquía e impunidad por parte de propietarios, especuladores, dirigentes y administradores públicos. Conviene reflexionar sobre estos hechos.

Desde los años 70 del pasado siglo se venía tratando por la Administración hidráulica de limitar los polígonos de riego en el Sureste ante la carencia de recursos hídricos y la apetencia exponencial de riegos y trasvases. La secuencia se ha repetido varias veces: se aprovechaba alguna circunstancia ─un decreto de sequía, de regularización de concesiones, la aprobación de un nuevo plan o cualquier otra contingencia─, para «amnistiar» los riegos ilegales existentes hasta esa fecha y proponer rigor hacia el futuro. Era un clásico juego de «trilerismo»: se entendía que había impunidad para el desarrollo de nuevos regadíos, pues se legalizarían posteriormente. Las comunidades o sindicatos de regantes así lo entendían: condenaban en público lo que recomendaban en privado. Las administraciones agronómicas e hidráulicas miraban para otro lado: ¡no iban a condenar lo que representaba «riqueza» para la región! Lo que se entendía por riqueza era el beneficio de los potentados y especuladores apoyados por los políticos regionales con independencia del color de los mismos. Al final, la juerga siempre la terminaría pagando la Administración General del Estado con el bolsillo de todos los españoles. Con esta maniobra se lograba tener el voto cautivo y acallar a cualquier posible oponente o disidente.

El Mar Menor: otro mar muerto con aguas embalsamadas.

Lo sorprendente es que hasta 2015 el Mar Menor haya resistido en cierto equilibrio esta carga contaminante acumulativa. Pero la explosión de la burbuja tenía que llegar, manifestando desde esa fecha un estado hipereutrófico, convirtiendo sus aguas en una «sopa verde y espesa de nitrógeno con medusas». Ha habido veranos que la empresa Tragsa no daba abasto para extraer toneladas de medusas de la laguna. El lector interesado puede recurrir al informe ministerial, insuperable en la descripción de la catástrofe.

Ahora bien, la situación a la que se ha llegado se veía venir por algún organismo, es justo reconocerlo. Hace un par de décadas la Confederación Hidrográfica del Segura se encontró sobre la mesa el problema de la solicitud de autorización de decenas de extracciones de aguas salobres mediante pozos y su tratamiento en desalobradoras, así como el vertido de los «rechazos» del proceso de desalobración. Para dar salida a este problema construyó unas conducciones de recogida de los rechazos (salmueroductos) para transportarlos a unas plantas de tratamiento. La cosa resultó un fiasco más: al poco tiempo los salmueroductos fueron abandonados y las plantas de tratamiento se olvidaron. Después, la nada.

No cabe duda que la causa principal del problema radica en la proliferación de riegos incontrolada, consentida y no autorizada por las administraciones agrícola e hidráulica. Lo dice el informe del ministerio. No entraremos en el capítulo de responsabilidades administrativas o penales, cosa que corresponde a la fiscalía. Solo señalaremos que a la causa principal de los riegos se viene a sumar otras causas «satélites»: vertidos urbanos, ganadería, lixiviados mineros. Pero no se puede perder de vista que la principal causa proviene de las transformaciones en regadío, los agroquímicos y los vertidos a la laguna por vía superficial y subterránea. No se puede caer en la trampa de acumular causas para diluir y eludir responsabilidades en la asunción de daños. En este sentido sorprende el papel del gobierno regional como «salvador» de propietarios insaciables y especuladores, cuando anteriormente se había inhibido ante la burbuja que se estaba produciendo. Ahora no pueden sorprenderse de que la escopeta se les haya disparado contra sí mismos.

El desastre ambiental del Mar Menor, víctima del trasvase Tajo-Segura.

Querido lector: no se trata de una paradoja. Lo explicaremos enseguida y lo comprenderás.

Desde que el III Plan de Desarrollo Económico y Social ─pero poco ─ de finales de los 60, presentara el trasvase Tajo-Segura como fuente de obtención de divisas a través de la exportación de productos agrícolas, divisas de la que entonces estaba necesitada la economía española aislada todavía internacionalmente, las fuerzas vivas murcianas excitaron las apetencias de los propietarios y especuladores de obtener unas ganancias fáciles y seguras por medio de las transformaciones de terrenos de secano en regadío clamando por el trasvase Tajo-Segura. No se esperó a la construcción de las infraestructuras del Trasvase y la llegada del agua: rápidamente se perforaron pozos por doquier y sin autorización, sin importar la sobreexplotación de acuíferos; asimismo se dispararon los precios de los terrenos; todos los problemas que se produjesen los resolvería el Trasvase cuando llegara. Todo valía ante el anuncio de la llegada del nuevo maná. La situación venía a ser como la descrita en la película Bienvenido mister Marshall. Era lo que los americanos llaman beneficios caídos del cielo.

Después, ya en los años 80, se terminó de completar la faena. Se lograron aprobar unas tarifas «de compensación» del Trasvase, que solo cubrían la tercera parte de la amortización a largo plazo. Las compensaciones a los saltos hidroeléctricos del curso del Tajo las pagó ─generosamente─ la Administración sin repercusión alguna sobre los beneficiarios. Se construyó por el Estado una central reversible en cabecera del Trasvase para abaratar el coste de la energía de elevación; etc. ¿Por qué la Administración entró en esta «piñata»? No puede explicar esta posición ni la necesidad de divisas ni la presión de los dirigentes murcianos. La razón última, por una parte, es de tipo Pigmalion: los políticos y técnicos autores del Trasvase terminaron enamorados de su propia obra y su magnificencia (síndrome del Puente sobre el río Kwai: los autores no se dan cuenta de que están generando un desastre ambiental-económico-social). Por otra parte, los políticos y dirigentes murcianos obtuvieron beneficios crematísticos y poder social y político. La situación devino en la extensión del concepto de impunidad, comenzando por la corrupción política y extendiéndose al resto del cuerpo social. Todo eran ganancias, pero sin darse cuenta de que estaban creando una burbuja hidro─económica-ambiental-social que algún día reventaría. Parece llegado ese día. La situación del Mar Menor no es otra cosa que un termómetro de la salud del sistema ambiental, económico y social. Las tres «d» de la secuencia de la evolución de estas situaciones: degradación ambiental, declive económico, desintegración social.

El Trasvase comenzó destruyendo en su cabecera la riqueza creada por los embalses de Entrepeñas y Buendía, el denominado Mar de Castilla. Ahora, se está produciendo una catástrofe similar en la cola del Trasvase, la destrucción del La Manga del Mar Menor. Nunca un trasvase hizo tanto daño en la cuenca cedente y en la receptora.

Los planes de remediación: entre el candor, el engaño y el esperpento. La inevitable reconversión agrícola.

El ministerio, en el informe citado, propone una batería de medidas, hasta 21, para lograr el vertido cero al Mar Menor. Se trata de conformar a tirios y troyanos. Salvar el Mar Menor sin tocar una hectárea de regadío, ni siquiera las que todavía se puedan sumar a la fiesta. No nos perdamos en medidas de «menor cuantía». Vayamos directamente a lo principal.

Sobre el acuífero: ¿cómo se va a descontaminar? ¿Saben acaso los técnicos que han participado en la redacción de la medida que se están enfrentando a un problema irresoluble? Porque existen dos posibles soluciones teóricas para descontaminar: extraer todo el volumen de terreno del acuífero contaminado por nitratos (o la mayor parte del mismo), tratarlo directamente en una planta ad hoc y volverlo a colocar en su sitio. Un gran disparate, ¿no? Otra solución consiste en «lavar» todo el terreno contaminado hasta volverlo a su estado inicial. ¿Se ha calculado el tiempo y el volumen de agua limpia necesario para esta ─también─ disparatada operación?

Sobre el drenaje de las aguas subterráneas con elevado contenido de nitrógeno que descargan en la laguna. Al parecer, se proyectan alegremente bastantes kilómetros de zanjas drenantes y unos 102 pozos de extracción. ¿Acaso los redactores tienen experiencia en la construcción de pozos para aguas salobres, materiales de revestimiento y equipos de bombeo? ¿Cuál es la vida útil calculada y la tasa de reposición de entubamientos y equipos? ¿Conocen los problemas de explotación de un campo de pozos de esas características? Así, por ejemplo, sería un éxito tener operativos un 80-90% de los pozos durante un 80-90% del tiempo, lo que produce una eficacia del 60-80% del valor nominal de cálculo. ¿O acaso creen que en ingeniería los rendimientos son 100%? Además, ¿se ha tenido en cuenta que para cada pozo hay que tener en cuenta caminos de acceso, líneas eléctricas, transformadores, conducción de entrega de las aguas al salmueroducto, telecontrol de los principales parámetros de funcionamiento y protección, sistema de protección catódica, reposición de pozos y equipos de bombeo, personal encargado y centro de control y recogida de datos etc.? Es decir, un proyecto serio de ingeniería, tanto de construcción como de explotación, y no una mera «idea preliminar».

Otro problema clave: la desnitrificación de las aguas captadas y transportadas por lo salmueroductos a las dos plantas de tratamiento. Al parecer se están haciendo experiencias de laboratorio para atacar este problema, lo que deja plena de incertidumbres esta actuación, tanto en cuanto su viabilidad como su coste. ¿Se ha consultado con expertos en la materia en las plantas de tratamiento de aguas residuales? Por ejemplo, el Canal de Isabel II tiene un problema similar en cuanto a la desnitrificación de las aguas residuales de Madrid que van a parar al río Tajo.

Respecto al Mar Menor. Según el informe del ministerio tiene acumulado nitrógeno en sus agua y, sobre todo, en los sedimentos. ¿Cómo se van a limpiar los sedimentos de los 135 km² de la laguna? Y después, ¿cómo se va a regenerar el 85% de la vegetación sumergida que existía anteriormente y se ha destruido?

Entre las medidas que propone el ministerio figura la de llevar a cabo las mejores prácticas agrarias. O sea, un brindis al tendido de sol. ¿Saben los ministeriales con quien se están jugando los cuartos? Si quieren ser serios tendrían que proponer la implantación de un sistema de acreditación de los métodos de producción y una certificación exigible a los productos con destino a la exportación. Todo ello con el objetivo de cultivar productos saludables y de calidad. De nada sirve producir productos sin calidad y con contenido en sustancias indeseables para generar excedentes que serán rechazados. Ah!, pero eso sí: hay que implantar una inspección e impedir el acceso a la misma de los dirigentes regionales. ¿Se ha pensado en estas posibles actuaciones o solo se trata de resolverle la papeleta a los causantes del desastre?

Conclusión: no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo; no se pueden mantener los riegos contaminantes y poner parches teóricos para revertir los procesos que han llevado a la destrucción del Mar Menor. No se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo.

Finalizaremos con un planteamiento alternativo del problema: ¿Qué hay que hacer para, con realismo, ir revertiendo el problema para alcanzar objetivos limitados a plazo medio o largo? O dicho en otras palabras: ¿Cuántas hectáreas de regadío en el campo de Cartagena son compatibles con la existencia ─aunque sea menguada─ del Mar Menor? Esta, y no otra, es la cuestión.