Es difícil comprender la posición de Castilla-La Mancha con el agua de una manera racional. Región sujeta a diversas vejaciones como el Trasvase Tajo-Segura o la marginación en la gestión de las cuencas del Júcar y Segura en sus territorios, desprecia dotarse de una base técnica adecuada para defenderse. En su lugar, adopta un rol de eterna sufridora, de plañidera, fiándolo todo a declaraciones institucionales ─tan solemnes como inútiles─ o a recursos judiciales, que enfangan relaciones y lo más que consigue con ellos es salir trasquilada. Y en los casos en los que al cabo de años pueda conseguir una victoria, o será meramente simbólica o bien dará pie a un cambio de legislación para dejar las cosas claras en el futuro.

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