Sobre el «déficit estructural del agua» de la cuenca del Segura: ¿mito irredento o regionalismo fundamentalista?

Curioso lector, cuántas veces habrás oído ─como yo mismo─ lo del «déficit estructural» y no habrás sabido dónde tocaban las campanas. También es posible que te haya intrigado el término. Quizás te hayas preguntado: pero, ¿es que faltan, acaso, en la cuenca del Segura estructuras para el agua como presas, pozos, balsas, depósitos, depuradoras, desaladoras, conducciones, trasvases, …? ¿O es que se han quedado pequeñas las presas y presentan déficit de capacidad o sus estructuras corren peligro por su debilidad? ¿O, en otro caso, es la estructura molecular del agua la que tiene algún déficit? ¿Qué expresión es ésta ─tan rara─ que utilizan con tanta profusión y soltura los dirigentes, oligarcas, plutócratas y tutti quanti murciano?

Y, claro, lector amigo, querrás saber más del invento. También yo; para ello he recorrido la trayectoria de su significado a lo largo del tiempo y lucubrado sobre su sentido metafísico, sociológico y político. Y te ofrezco, por si tienes un rato para el entretenimiento, mis meditaciones de Quijotero (de menor gálibo intelectual ─no hay que decirlo─ que las lejanas Meditaciones del Quijote, de Ortega). Vayamos, pues, al avío.

Recordemos que fue Álvarez Mendizábal, político liberal español del siglo XIX, quién expresó que «España no sería grande mientras los ríos desembocasen en el mar». Siguiendo las teorías historicistas, hay que interpretar cada cosa en su tiempo, sin caer en el «presentismo». Lo que se quería reclamar entonces, en un país devastado por sequías, inundaciones y hambrunas, eran las necesarias actuaciones para la producción de alimentos por medio del riego, así como la protección del territorio frente a los anegamientos. La segunda mitad del siglo XIX transcurrió entre las ideas liberales del laissez faire; se confiaba que los particulares, por medio de concesiones administrativas otorgadas por el Estado, serían capaces de sacar al país de la pobreza, promoviendo su desarrollo mediante ─entre otras actuaciones─ el aprovechamiento de los recursos hídricos para el riego (y para la navegación fluvial, por cierto).

Transcurrieron varias décadas para darse cuenta de que la iniciativa particular era débil e incapaz de poner en marcha los grandes proyectos de regadío que el país necesitaba. Fue Joaquín Costa, en los años finiseculares, el primero en reclamar una acción decidida del Estado para acometer la transformación de superficies en regadío, comenzando por los riegos del Alto Aragón. Los ingenieros de caminos y «su» ministro Rafael Gasset, a través de la Revista de Obras Públicas clamaron por la intervención del Estado y redactaron el primer plan hidrológico de «Canales de riego y pantanos alimentadores» en 1902. Por entonces, en el cambio de siglo, el 60% de la mano de obra trabajaba en el campo, el analfabetismo estaba en la misma proporción y el puerto de Vigo se encontraba atestado de emigrantes que buscaban en América la solución a su pobreza.

Fue lenta y se prolongaría durante la mayor parte del siglo XX el desarrollo de la política de aprovechamiento del agua de nuestros ríos para la producción de alimentos. También para la construcción de saltos con destino a la generación de energía eléctrica, en este caso por empresas privadas. Con estas actuaciones se posibilitó el desarrollo económico en las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo. Los resultados en materia de aprovechamientos hidráulicos han sido espectaculares: unos 1300 embalses con capacidad para almacenar más de la mitad del agua que discurre por los ríos en un año medio, unos 55 000 millones de metros cúbicos. España es uno de los primeros países del mundo en número de grandes presas por habitante. Se ha realizado el «todo Costa». Algunos de nuestros ríos ya «tiran» muy poca agua al mar. No se sabe por qué muchas mentes preclaras de nuestro país reproducen la boutade de Mendizábal, como si el tiempo se hubiera detenido a principios del siglo XIX, ignorando lo más elemental del ciclo ambiental del agua y los nutrientes asociados.

El aprovechamiento de los recursos naturales constituyó, en una primera etapa, una de las bases del desarrollo económico, seguido posteriormente por el crecimiento de los sectores industriales y de servicios. Hoy día el sector primario (agricultura, pesca, minería, selvicultura, etc.) aporta menos del 3% al PIB nacional y da empleo a poco más del 4% de la población activa (véase figura adjunta). Se puede concluir que la riqueza generada por los riegos en nuestro país es responsable aproximadamente del 1% del PIB nacional.

Pues bien, lo que viene a resultar sorprendente es que ilustres ingenieros (sic) y economistas (más sic), así como una buena parte de nuestros padres de la patria, siguen engolfados en el discurso de Costa de hace más de 100 años. ¡Señores!, afortunadamente en España ya no hay hambrunas, ni analfabetismo, ni emigración (al contrario). Pero, ¡no se han dado ustedes cuenta de que están intentando aplicar ideas de principios del siglo XIX, de hace más de dos siglos, a una sociedad que ya juega en otra división o se encuentra en otras «pantallas»! Ahora, el campo tiene una importancia menor, aunque no haya que perder de vista sus producciones y su gente; pero sí a los especuladores, capturadores de rentas, aprovechados y golfos, que de todo hay en la viña del Señor. Lo que prima para el aumento de la riqueza y bienestar del país son la producción industrial, los servicios y la formación. Las inversiones más productivas desde el punto de vista de la economía nacional no se encuentran en la explotación (o sobreexplotación) de los recursos naturales. Como se ha dicho ─quizá con excesiva contundencia─: «Invertir en la agricultura es invertir en pobreza».

Para nuestros tradicionalistas del agua ─metidos a planificadores─ la cosa es de una simplicidad estupefaciente: en cada cuenca hidrográfica se hace la contabilidad de los recursos medios con que cuenta (ríos y acuíferos) y las «necesidades existentes», llamando así al volumen de agua que les gustaría contar a sus agricultores y otras gentes que «viven» del campo con el objeto de sacar todos los beneficios directos, indirectos y mediopensionistas; sostenibles e insostenibles; posibles e imposibles. Y si resulta que las apetencias de agua para forrarse son mayores que los recursos de una cuenca, entonces sale el término mágico: ¡se produce un «déficit estructural»! Esta meliflua doctrina comenzó a propagarse ─sorpréndase ustedes─ desde la administración central a través de unos inefables documentos denominados «planes hidrológicos», (en realidad planes de desarrollo agrario por medio de riegos) cuando resulta que la planificación de actividades económicas está ahora postergada ─cuando no proscrita─ al entender que eran actividades propias de los países de economías centralizadas (léase comunistas).

Donde prendieron estas incalificables doctrinas fue en el Sureste español, de mano de sus «cabezas» de huevo. Sus dirigentes pronto se dieron cuenta del papel que podía jugar la política del agua en el discurso político de la región. Les había señalado el camino el pintoresco Hipólito Gómez de las Roces (alias hidrohipólito) que, aún en época dictatorial, hizo en Aragón del agua su bandera política y de identidad regional.

Enseguida se sentaron las bases en relación con los trasvases con el siguiente silogismo: los agricultores (sensu lato) del Sureste, por el mero hecho de tener «déficit estructural del agua» tenían derecho (¿divino?) a que el Estado les llevase el agua que les apeteciese, desde lugares lejanos, expoliando los recursos de otras cuencas, atravesando montes y valles, a precios baratitos (mejor cuasi de balde), pagados por todos los españoles. Todo un non sequitur. En esto vino a consistir el manoseado «déficit estructural». El término hizo fortuna y se incorporó hasta al mamotrético «Libro Blanco del Agua», que ha servido de adormecedora almohada a los que desean que, frente a los problemas que se plantean en el mundo del agua, las soluciones se las den ya pensadas, de carril, ahorrándose el trabajo de discurrir por cuenta propia.

Hete aquí que ya tenemos consagrado el «déficit estructural», término grande, robusto, permanente, como aquellos principios permanentes e inmutables que lo eran «por su propia esencia». Nada de «déficit coyunturales», cuya solución podría quedar reducido al problema de gestión de las vacas flacas y las vacas gordas. No. El «déficit estructural» es una cuestión de Estado. De interés general. De trasvases para llevar el agua desde donde sobra a donde falta. Que necesita la intervención de España toda para socorrer al sufrido agricultor que queriendo regar (y forrarse) no tiene agua. No hay otro problema más grave que éste en toda España. ¡No son molinos, son gigantes! ¡Tractores a la calle y lechugas y gorrinos delante del ministerio de Atocha! ¡Nos van a oír!

Sigamos, sorprendido lector. Se consiguió al final de la dictadura construir el Trasvase Tajo-Segura. Iba a proporcionar un maná para hacer ricos a los plutócratas regionales, aprovechados, especuladores y golfos incluidos. Los técnicos del Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) del Ministerio de Obras Públicas, autentico think tank en esta materia (o, simplemente, pato cojo), desarrollaron una política del agua basada en un «plan fontanero» de trasvases, con lo que «se pondría broche de oro a la política hidráulica española del siglo XX». Pero el trasvase Tajo-Segura ha resultado un gran fiasco. Las aportaciones en la cabecera del Tajo, de donde arranca, han sido la mitad de las estimadas desde que se puso en marcha en 1979. El volumen derivado por el acueducto ha sido del 30% de lo proyectado. La amortización de la inversión del Estado será del 30% a largo plazo; el resto, más otras subvenciones y efectos secundarios, lo pagaremos todos los españoles.

Las tarifas del trasvase son muy reducidas: unos 0,10 euros por metro cúbico. Se produce un curioso fenómeno socio-económico: cuando se trata de pagar el agua trasvasada o desalada, se afirma que los riegos de la región tienen escaso rendimiento económico y, por consiguiente, no tienen capacidad de pago. En cambio, cuando se trata de valorar las pérdidas de ingresos por falta de agua, reclamando ayudas al Estado, el metro cúbico se llega a valorar en 3 euros o, incluso, en una cantidad mayor. Más serios son los análisis económicos ex post desde el punto de vista nacional, no simplemente desde el beneficio de los usuarios. Transcurridas varias décadas de la puesta en marcha del acueducto, la rentabilidad económica resulta negativa (vid. Un análisis económico de los trasvases de agua intercuencas: el trasvase Tajo-Segura; Enrique San Martín, 2012), como sucede en todos los grandes trasvases realizados en el mundo con destino a los riegos. No así los llevados a cabo para el abastecimiento de población o la producción de energía eléctrica.

La doctrina del «défict estructural» ha tenido otros efectos perversos tanto en la cuenca saqueada como en la aparentemente beneficiada. Veamos.

En la cuenca del Tajo se arruinaron las actividades desarrolladas hasta los años 80 aprovechando los embalses de Entrepeñas y Buendía: segundas residencias, hoteles, deportes náuticos, industrias asociadas, municipios del entorno. No se ha intentado en lo más mínimo compensar (con cargo a los beneficiarios) los perjuicios causados. Por otra parte, el Estado compensó generosamente a las empresas hidroeléctricas por el agua que dejarían de turbinar en los saltos construidos en todo el curso del Tajo (¿habría que incluir Portugal?), dándose la paradoja que nunca se ha comparado lo que se deja de producir en el Tajo por metro cúbico no turbinado con lo que pagan los beneficiarios por las tarifas del Trasvase. Nunca se repercutieron estos pagos del Estado a las compañías hidroeléctricas en las tarifas del Trasvase; ¿por qué? Otros perjuicios, tampoco compensados por los beneficiarios, pueden verse en la entrada «Las trece subvenciones encubiertas del Trasvase Tajo-Segura y un epílogo imposible»

En la cuenca del Segura los perjuicios del Trasvase han sido mucho mayores y de índole muy diversa. En primer lugar había que reseñar la situación social creada por la generación de una burbuja socioeconómica, como si de la fiebre del oro de California se tratase. Ante las perspectivas que vendría agua de los trasvases (o, como dicen los americanos, caída desde el helicóptero) se produjo una sobreexplotación salvaje de las aguas superficiales y subterráneas de la región y una especulación notable de tierras y aguas, con mercados negros y actuaciones mafiosas, que contagiaron a la totalidad de las explotaciones, aunque no tuvieran nada que ver con el Trasvase. Se introdujo un déficit ético en la sociedad regional, déficit que no se valora ─ni siquiera se cita─. Pero todas las burbujas terminan pinchándose y dejando actividades arrasadas, y ésta del agua no va a ser una excepción.

La segunda cuestión a tratar es la degradación ambiental de la cuenca del Segura. El río principal hace ya mucho tiempo que no desemboca en el mar durante la mayor parte del tiempo, pues se tiende a aprovechar hasta su última gota ─viva o muerta─ que lleva en su desembocadura. Además, se presume de ello. Un premio Nobel ha dicho que «algo de ineficiencia es necesaria en muchas actividades, sobre todo las que tienen que ver con los recursos naturales y el medio ambiente», pero ¡vaya usted a contar esto por el Sureste! Más grave es la degradación del Mar Menor por el ansia de aprovechamiento de terrenos urbanizados (La Manga) y por los riegos del Campo de Cartagena. El sector primario (riegos) se está comiendo a los servicios (La Manga y otras zonas residenciales-turísticas) utilizando como vehículo la contaminación y la subsiguiente degradación ambiental, llevadas a cabo por unas actividades de puesta en riego de terrenos con agua salobres desalinizadas, actuaciones de dudosa legalidad, apoyados por las fuerzas vivas regionales. Véase la entrada «El colapso ambiental del Mar Menor. Los dirigentes murcianos se pegan un tiro en la cabeza». Se está matando la gallina de los huevos de agua.

Siguiendo la escala ascendente, el «déficit estructural» ha creado graves problemas institucionales, sociológicos y psicológicos. En primer lugar, ha dado lugar a la formación de un superlobby del agua que domina la escena regional (incluso la nacional del agua) y tiene sometida a la administración pública del agua de la cuenca del Segura, convertida en mera correa de transmisión de los intereses del lobby trasvasista. Se da la circunstancia de que el lobby está constituido como una corporación de derecho público que impone sus intereses a las administraciones autonómicas y centrales, con independencia de su color político. Goza de grandes ingresos y privilegios, con fiscalización dudosa. Domina los medios de comunicación regionales, contrata expertos o empresas en ingeniería, economía, derecho y comunicación para la defensa de sus intereses crematísticos. Dicta las leyes que protegen (e incrementan) sus privilegios a la administración general del Estado como se ha visto en los últimos años.

Las cifras del poder que representa el lobby trasvasista son expuestas con alegría. En pocos años, según dicen sus responsables, han pasado de 70 000 regantes primero, a 80 000 después y, últimamente, a 100 000, que es una cifra más redonda. Las hectáreas regadas han cogido el ascensor y, en los últimos años, han ido creciendo tanto fuera como dentro del área del Trasvase (véase figura adjunta), lo que no se compadece con el agua procedente del Trasvase (unos 200 hm³/año para los riegos), por lo que se está produciendo un auténtico milagro de la multiplicación de las lechugas y los tomates. Pero, ¿no estaban desde hace décadas cerrados legalmente los polígonos de riego? ¿Qué broma es ésta?¿Qué hace el ministerio en cuanto a las concesiones en la zona del Trasvase? ¿Qué hace la Confederación in vigilando?

Se dice sin rubor que con las aguas del Trasvase se abastecen 2,5 millones de habitantes, sin caer en la cuenta de que con los 100 hm³/año asignados, se condenaría a los ciudadanos abastecidos por la Mancomunidad del Taibilla a restricciones tercermundistas (¡hay que saber inflar el perro, señores!). Ahora han sumado a sus reivindicaciones permanentes al colectivo de comercializadores/exportadores de productos agrícolas intentando crear un superlobby, pero los intereses de los exportadores no vienen a coincidir con los del lobby trasvasista, pues pueden obtener la materia prima (productos agrícolas para comercializar) en otras zonas, regiones o países. En fin, se ha impuesto en el imaginario colectivo que «lo que es bueno para el lobby trasvasista, es bueno para el Sureste», prescindiendo de cualesquiera otras fuentes de riqueza de la región (turismo, sector terciario, …).

Otro punto de vista. Las cuantiosas ayudas, subvenciones, exenciones, condonaciones, inversiones sin amortizar, compensaciones, moratorias de pago, ayudas a la exportación, etc. que reciben las producciones del Sureste, ¿no pueden representar una competencia desleal respecto a otras zonas productivas del país? Incluso, ¿un abuso de posición dominante?

La política de la región gira sobre el gozne de los trasvases. La defensa de esta posición lleva consiguiendo mayorías absolutas desde hace décadas en el parlamento regional. Cualquier partido o estamento que roce mínimamente los dogmas establecidos por el lobby trasvasista es arrojado violentamente del colectivo bienpensante por traidor a los sagrados intereses regionales. Se llega a decir que 100 000 familias votarán lo que les indique el lobby, saltándose todo tipo de disimulos democráticos. Se trata, como resumen, de instrumentalizar un nuevo nacionalismo regionalista que permite mantener a su frente a «las élites de siempre». ¿Se podrían estar creando problemas psicológicos a los que piensen de otra manera por su acorralamiento y expulsión, problemas típicos en el desarrollo de las dictaduras? Ningún político regional tiene cuajo para apartarse de la doctrina nacional-trasvasista.

Para finalizar. A las élites dominantes les causa risa la Directiva Marco del Agua europea, cuando en su Considerando 1 (¿por qué se habrá colocado en ese lugar?) viene a decir: El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. En la trasposición de la Directiva Marco a nuestra legislación, los pillos hicieron un lazo para coger a los tontos: se convirtieron, por arte de birlibirloque, los planes de gestión de cuenca, de carácter medioambiental, en planes hidrológicos, de desarrollo de riegos, a la más pura tradición celtibérica. Se viene a decir que en España pueden «colocarse» todavía un millón de hectáreas más de riego (se lo han dicho al Rey; posiblemente, irán a decírselo al Papa; y, … ¡quién sabe!). ¿Cuántas de estas hectáreas corresponden al lobby trasvasista para incrementar sus ingresos y sus jeremiadas permanentes? ¿Hasta cuándo se seguirá hinchando el globo o inflando el perro?

En la sociedad que vivimos, frente al atropello de los recursos naturales y del medio ambiente, así como la imposición a los más débiles de los intereses particulares de los que detentan el poder, ¿quién defenderá la justicia, la razón y los intereses generales (incluido el medio ambiente)? ¿O se trata de quijotadas populistas periclitadas?

Me despido de ti, querido lector, con una apuesta: ¿cuántos meses crees que durará en el cargo la dulce ministra de la transición si no se pliega sumisamente a los intereses del lobby trasvasista? Te veo meneando la cabeza y haciendo visajes. Mantente bueno.