Es difícil comprender la posición de Castilla-La Mancha con el agua de una manera racional. Región sujeta a diversas vejaciones como el Trasvase Tajo-Segura o la marginación en la gestión de las cuencas del Júcar y Segura en sus territorios, desprecia dotarse de una base técnica adecuada para defenderse. En su lugar, adopta un rol de eterna sufridora, de plañidera, fiándolo todo a declaraciones institucionales ─tan solemnes como inútiles─ o a recursos judiciales, que enfangan relaciones y lo más que consigue con ellos es salir trasquilada. Y en los casos en los que al cabo de años pueda conseguir una victoria, o será meramente simbólica o bien dará pie a un cambio de legislación para dejar las cosas claras en el futuro.
La última jugada, a modo de imitación del pacto regional murciano, es la presentación del borrador del «Documento de posición común en materia de agua. Castilla-La Mancha. Pacto regional por el agua». Nos ha costado encontrarlo, pero tenemos dos versiones: la primera, a través de la interesante y recomendable entrada «El “Acuerdo Regional del Agua” de CLM olvida los pozos de sequía del Segura» ─de la Plataforma en Defensa de las Fuentes de los ríos Segura y Mundo─, en la que figura como cabecera la «Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural»; la segunda, escondida por la web de esa consejería, sin nombre en el membrete. Desconocemos la causa de la diferencia, pero lo que queda clara es la procedencia del documento.
Fue presentado el lunes 16 de julio en rueda de prensa por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, con nota de prensa incluida. Tuvo amplia difusión en los medios de comunicación regionales, que se hacían eco de las intervenciones realizadas. Como suele suceder con las reclamaciones de agua de la región, flor de un día ─o unas horas─, lucimiento del interesado y olvido casi inmediato. Sorprende que sea iniciativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, al margen de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Fomento. ¿Será reflejo de luchas internas, o simplemente un mero desbarajuste organizativo?
Yendo al documento, aunque menciona la Directiva Marco del Agua sin desprestigiarla ni reducirla a un mero formalismo ─como se hace desde la Administración central─, lo cierto es que los énfasis se ponen en el desarrollismo agrario de la región, no en la protección del recurso. Una petición del cambio en el reparto del pastel, posiblemente más justa, pero no se trata de una gestión integral ni ambiental del agua. El aspecto ambiental del agua se limita al punto 13, reduciéndolo a los caudales ecológicos como algo cuasi mágico.
Aborda el asunto de cesión de derechos en dos puntos, el 9 y el 10. Se pide que sean más restrictivos, con informes preceptivos vinculantes de las Administraciones implicadas en cada territorio. Una petición encaminada a imposibilitar las cesiones de derechos entre el Tajo y el Segura, pero de manera retorcida. ¿No sería mejor enfocarlo directamente, como una oposición a la cesión de derechos de agua entre cuencas? Algo que puede hacerse argumentadamente, pero no se está por la labor. Luego se enreda con el concepto de “bolsa de agua”, que no se sabe muy bien si se refieren a los mercados de cesión de derechos o a la existencia de pre-asignaciones de agua realizadas a favor de la Administración Autonómica de cara a que disponga luego discrecionalmente de este recurso para hacer «políticas sociales» y favorecer a jóvenes agricultores. Parece que se pretende aplicar diferentes varas de medir, según convenga.
El tema que ha levantado más polvareda ha sido el tema de los trasvases, que en la práctica es el Trasvase Tajo-Segura. Se realiza de manera categórica en el documento, estableciendo una especie de principio filosófico o místico. E inmediatamente, se han producido respuestas contundentes desde Murcia y Alicante, que refuerzan su posición. Es decir, una nueva representación del circo del agua, en la que al final queda Castilla-La Mancha como el villano de la película en lugar de la víctima. Una trampa en la que cae una y otra vez, sin que parezca preocupar lo más mínimo. Consecuencia lógica cuando se prioriza el salir unos minutos en los noticiarios a aportar argumentaciones.
En resumen, se trata de un documento confuso, enmarañado. No está enfocado a una mejor gestión del agua o solucionar sus problemas, sino a un cambio en el reparto del botín. Se presenta para un supuesto acuerdo entre los partidos políticos de Castilla-La Mancha que tiene muy pocos visos de producirse; posiblemente la finalidad sea pinchar a la oposición. Pero lo que ha conseguido es dar munición al lobby trasvasista. Otro despropósito más, a sumar a los realizados en décadas en Castilla-La Mancha. Queda la sensación de que al Gobierno de Castilla-La Mancha no le interesa combatir el Trasvase Tajo-Segura para defender sus intereses, sino que prefiere seguir teniéndolo como excusa recurrente para tapar sus incongruencias en la gestión del agua, que no son pocas.
