La transición a ninguna parte del trasvase Tajo-Segura

La ministránsita ha estimado oportuno aprobar otro trasvase de 20 hm³ para el mes de septiembre. La Orden que lo autoriza se preocupa por la situación en el Segura, pues la «falta de disponibilidad de agua, con la consecuente incidencia social y económica que representa, se vería agravada sin la autorización del trasvase». Además, avanza la inminente re-prórroga del decreto de sequía, para que el lobby del Trasvase esté tranquilito. Así, para la ministra, la transición ecológica en la materia del agua consiste en continuar e incrementar la sobreexplotación del recurso, en el Tajo, en el Segura o donde se precie. Es decir, lo mismo que su antecesora … y antecesores de su antecesora. La transición ha sido breve; ni siquiera se ha movido el tren de la estación.

¿Y del Tajo, qué? ¿Acaso no tiene incidencia social y económica tener los embalses permanentemente bajos para el desarrollo de la economía de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía? La situación de la cabecera del Tajo importa más bien poco; lo único, que no se entre en nivel 4 para poder seguir trasvasando.

Como novedad, este mes ha tenido a bien el ministerio publicar el informe que justifica la toma de decisión, por medio de la nota de prensa que anunció la aprobación del trasvase (6/9/2018). Un informe que parece estar en una actualización continua de un mes para otro, en la que se mantienen aspectos como la subida escalonada de 240 a 400 hm³ que actualmente tiene poco sentido. Sin embargo, los gráficos que incorpora reflejan la insostenibilidad de la situación. Empecemos por la figura 1:

Sólo esta imagen indica que el sistema no funciona. Desde 1980 no se ha pasado de los 1500 hm³, de casi 2500 hm³ de capacidad, desaprovechándose la capacidad de regulación. Los atisbos de recuperación en los momentos de aportaciones abundantes, son truncados antes de que el nivel llegue al máximo. Seguidos por descensos bruscos, cuando se extrae mucho más de lo que entra, dejando al sistema en situación vulnerable para los periodos más secos.

Esto se aprecia en la figura 3, una ampliación de los últimos años de la 1, en la que se inicia un periodo de menores aportaciones con nivel bajo. Hay que tener en cuenta, como se ha comentado en anteriores entradas, que de este periodo el año hidrológico 2016-2017 ha sido el único alarmante, realmente el más seco de la serie histórica. Pero los anteriores, sin ser abundantes, se encuentran dentro de los valores normales de la serie. El problema, es que con estos valores normales de aportaciones, el sistema se hunde.

Luego está la toma de decisión, basada en una previsión de evolución de niveles para los próximos tres meses, que es previsible que continúe en situación de la ya habitual excepcionalidad, como se muestra en la figura 7. Las excepcionales aportaciones de esta primavera han servido para sacar al enfermo de la UVI y llevarlo a planta, pero continúa tocado. 

Y como se ve en la figura 10, es previsible continuar en nivel 3 con cualquiera de las decisiones de trasvase que se den. Así, que ya puestos, nada de considerar estar lo más cerca del nivel 2, sino a intentar sacar lo máximo 

Como se comenta anteriormente, en estas gráficas se muestra que el sistema es insostenible, que no funciona. Esta huida continua intentando salvar los meses sin molestar al lobby no es una solución, pues lo único que hacen es mantener un problema enquistado. Sólamente periodos de aportaciones abundantes dan algo de tregua, para tranquilidad del preboste de turno. Pero cuando se vuelven a las aportaciones normales el sistema cae. Y con las secas se desmorona.

Posiblemente, para una ministra miope y preocupada en otros quehaceres, con ir salvando los meses con decisiones de trasvase «conformes a la Ley» sea suficiente, aunque la situación sea deplorable. Pero urge un cambio de gestión, buscando hacer el sistema sostenible, que debería empezar por un cambio radical de las reglas de explotación. Incluso la propia disposición legal por la que se justifica este trasvase, insta a cambiar estas reglas de explotación para minimizar las situaciones de excepcionalidad hidrológica. Otra cuestión es que la ministra quiera.

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