La actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha respecto al trasvase Tajo-Segura es incongruente. Tirando de refranero, de mucho ruido pero pocas nueces. Aunque no puede decirse siquiera que sean pocas; realmente no hay ninguna. El listón lo tenía muy bajo, con la actuación del gobierno anterior con el nefando memorándum. Pero ya en el cuarto año de su Gobierno, no puede presumir de ningún logro. La esperanza inicial de cambio se ha quedado en un discurso hueco, destinado a acaparar algún titular en los medios locales, y presumir de presentación de litigios judiciales de nula eficacia, aun en el supuesto de que logren ganar alguno.
Un ejemplo de este nulo avance es el encuentro con el Presidente del Gobierno del 15/10/2018, del que se reproducen a continuación unos extractos de las notas de prensa que lo refieren, de La Mancloa y del Gobierno de Castilla-La Mancha:
De la nota de prensa de La Moncloa («Pedro Sánchez y García-Page acuerdan importantes avances en infraestructuras en Castilla-La Mancha»; 15/10/2018)
El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha traído en su agenda diversas cuestiones relacionadas con el trasvase Tajo-Segura. Al respecto, se han recordado dos cuestiones importantes: una, que ya se calcula debidamente el precio del agua trasvasada y, dos, que el objetivo es que España duplique su actual capacidad de producción de agua desalada en el año 2021.
Por otro lado, el Gobierno intentará articular algún tipo de representación en la Comisión del Acueducto Tajo-Segura, aunque las Comunidades Autónomas, en principio, no forman parte de ese órgano de gestión. Asimismo, Sánchez y García-Page han acordado impulsar un plan medioambiental para la ribera de los embalses de Entrepeñas y Buendía y, también, los trabajos pendientes para el adecuado abastecimiento de los municipios cercanos.
En cualquier caso, ambos presidentes han estado de acuerdo en mantener el diálogo y la colaboración de todas las Comunidades Autónomas para pactar una política de agua sostenible y cumplidora con la Directiva Marco Europea.
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De la nota de prensa del Gobierno de Castilla-La Mancha («El presidente García-Page consigue del Gobierno nacional el compromiso de duplicar la capacidad de la desalación en Levante en torno al año 2021»; 15/10/2018)
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha conseguido hoy el compromiso del Gobierno central de intentar duplicar la capacidad de desalación en el Levante hacia el año 2021, para acabar haciendo “innecesario” el trasvase Tajo-Segura, así como de avanzar hacia un “auténtico” pacto del agua en el conjunto de España que traiga consigo “alternativas evidentes” a la gestión del agua.
(…) Para García-Page, esta medida permitiría “suavizar” la hipoteca que supone el trasvase Tajo-Segura para la región, y pone de manifiesto la sensibilidad “notablemente distinta” que tiene este Ejecutivo respecto del anterior ante una infraestructura que “se ideó en la dictadura, pero que en democracia no se haría”.
“En el medio y largo plazo seguiremos discutiendo por los trasvases”, ha augurado el presidente, “y si siguen haciendo trasvases no ajustados a derecho, seguiremos recurriendo y tomando decisiones”, porque Castilla-La Mancha tiene un “derecho claro” a que esta hipoteca “no sea eterna y finalice de manera abrupta o buscando alternativas”.
Por ello, García-Page ha asegurado que a pesar de que la posición que debe tomar el Gobierno nacional será “controvertida para todos”, hay un reconocimiento “evidente” de que los planes hidrológicos, tal y como están, no tienen “vocación de duración” y, por lo tanto, “tendrán que ser revisados”. Por ello, ha reclamado nuevamente que se eleve la cantidad mínima a partir de la cual se puede trasvasar y que se reduzca el precio del agua desalada.
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No se va a tocar nada de la gestión del Trasvase. Además, un aviso: «ya se calcula debidamente el precio del agua trasvasada». Con esta declaración parece dar portazo a la desenfocada petición del gobierno de Castilla-La Mancha abordada en la entrada «De la deuda histórica con Castilla-La Mancha por el Trasvase». Vaya papelón.
Pero como marcan los cánones de la política moderna, no hay que hacer caso a la realidad. Tras esta desoladora reunión, a vender humo. Pero, ¿de qué le vale a Castilla-La Mancha que para dentro de unos años haya más desaladoras en el Levante? La presión sobre el trasvase Tajo-Segura no se va a reducir. Ni siquiera hay un tímido compromiso de rehabilitar la ineficaz cláusula Narbona ─derogada tras el Memorándum─. Y lo de aumentar la subvención del agua desalada, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que destinar el dinero de nuestros impuestos a sufragar parte del coste de producción a unos pocos? ¿No se da cuenta el iluminado presidente de Castilla-La Mancha que está fomentando una situación de privilegio contra su propia región?
Va a terminar la legislatura dejando la situación de Castilla-La Mancha respecto al Trasvase peor que la que quedó tras el Memorándum. Todo un logro. Su munición de fogueo lo único que ha conseguido es reforzar la posición del lobby trasvasista. Por momentos haciéndoles el juego, por ejemplo con la repetida propuesta de que entre todos les paguemos las desaladoras y la producción de agua desalada para que puedan sacar tajada. Se ha perdido una buena oportunidad para armarse con argumentos técnicos, no tanto contra el Trasvase, sino en defensa de los intereses de la región. Tal vez la vocación de cacique se anteponga a lo demás. Lo importante es rodearse de leales aduladores que se preocupen por sus índices de imagen y aparentar no ser tan malos como los adversarios políticos.
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