En el diario económico Expansión del pasado 12 de abril de 2019 aparece la noticia «El Canal de Isabel II congela un dividendo de 142 millones a Madrid». En el cuerpo de la noticia se da cuenta de que «la Comunidad de Madrid da apoyo financiero al Canal porque los inversores de una emisión de bonos de 500 millones tienen derecho a pedir el cobro anticipado por la crisis de Colombia». Lo intentaremos explicar en alguna medida; es decir, hasta donde los humanos de a pie podamos colegir. Como es sabido el lenguaje sirve para comunicarse, pero también ─sobre todo en las llamadas «ciencias» económicas─ para ocultar la verdad cuando ésta no es triunfalista.
El primer enjuague con el Canal de Isabel II consistió en «privatizarlo». Pero a la española. Es decir, aplicando la ley pro domo sua; quiero decir en beneficio de los políticos mangantes. Veamos. El Canal en un rasgo «admirable» de generosidad decidió «repartir» entre los ayuntamientos a los que da servicio los beneficios de la empresa. Para ello, claro, primero hubo que privatizar la empresa, pues se trataba de una empresa pública centenaria. Hasta entonces, la empresa pública Canal de Isabel II, ajustaba sus presupuestos a la vista de sus gastos (personal, mantenimiento de instalaciones y servicios, gestión, etc.) y de la necesidad de inversiones en ampliación, renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas. A partir de esas necesidades, ajustaba las tarifas. No tenía ningún sentido el tener beneficios económicos. Realmente los grandes beneficios de la empresa eran sociales: los madrileños disponían de un excelente servicio del ciclo del agua urbana, que constituía una muestra de bien hacer a nivel internacional. El Banco Mundial ponía como ejemplo al Canal de Isabel II como empresa pública con excelente desempeño. Pero comenzaron a aterrizar los políticos ambiciosos (neoliberales) en el Canal…
El primer paso fue «ordeñar» la vaca: se comenzó subiendo el recibo del agua para pagar las depuradoras construidas por la Comunidad de Madrid vía impuestos. O sea, las depuradoras de la Comunidad ─a excepción de las de la Villa y Corte─ se pagaron dos veces: la primera vía impuestos y la segunda a través del recibo del agua. ¿Dónde fue la recaudación? Respuesta: a pagar kilómetros de la primera ampliación de metro, que tanta gloria dio a los políticos gobernantes. Pero este primer paso lo consideraron «calderilla».
El segundo paso consistió en «comprarle» al Ayuntamiento de la capital las Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y la red de alcantarillado de la capital, en dos plazos, con un montante total que superó los 1000 millones de euros, a recuperar en unos 25 años vía tarifas. Para ello se volvió a subir convenientemente el recibo del agua. ¿Dónde fue lo recaudado? pues a la M-30, ad majorem gloriam gallardonis. Además se «regalaron» a los ciudadanos la Fundación Canal de la Plaza de Castilla, donde se colocaron deudos y clientes políticos. Después se añadieron los teatros del Canal ─con relevantes «desviaciones» presupuestarias─. También se siguió ampliando el metro. Los ingresos del Canal lo soportaban todo.
Pero todo se les quedaba pequeño a los «genios» financieros. Había que dar el tercer paso, todo ello amparado por la impunidad y la prepotencia. Y el tercer paso fue «pasar el charco», la aventura americana. Se compraron empresas en Sudamérica desde un paraíso fiscal (¿?) y se montó un tinglado de «empresas de capital participado». Para ello se hizo una ley ad hoc (a través de la ley de «acompañamiento» de los presupuestos de 2008) y se creó la empresa Canal de Isabel II Gestión, una sociedad anónima por acciones.
A todo ello había que darle un «soporte». Este consistió en ligar a los ayuntamientos a la empresa anónima de gestión, de manera que la Comunidad de Madrid (después de la republificación a medias de la empresa) se ha quedado finalmente con el 82% de las acciones, el Ayuntamiento de la capital con el 10% y el resto para unos ayuntamientos «amigos». Se daba la circunstancia de que La Comunidad de Madrid, accionista principalísimo, beneficiario de los dividendos de la empresa derivados de sus ganancias, es la autoridad responsable de aprobar las tarifas. Es decir, en el fondo las tarifas del agua se transformaron en un nuevo impuesto a los ciudadanos a través del recibo del agua (¿será esto a lo que los políticos llaman bajada de impuestos?).
Por otra parte se desarrolló el «quilombo» sudamericano, al que los jueces llaman «caso Lezo», que se halla en los tribunales de justicia de España y Colombia (por ahora). Sorprendentemente la dirección política del Canal no se mostraba solícita en controlar la cuentas de sus empresas participadas; eran muy pocas las personas enviadas a los países sudamericanos con tal fin. No era raro prever lo que acabaría sucediendo.
Y ahora volvamos a la noticia de Expansión. Nos transmite que en un informe publicado por Moody´s se indica que la Comunidad ha reservado un total de 142 millones que les corresponden por dividendos, con el fin de que el Canal pueda hacer frente al cobro anticipado de 500 millones de bonos emitidos en febrero de 2015 debido «a la formalización por parte de la Fiscalía colombiana, el 4 de abril, de la demanda con fines de expropiación de las acciones de Inassa, filial del Canal de Isabel II, en la empresa Triple A de Barranquilla que están bajo embargo cautelar desde octubre. Entonces la Fiscalía anunció que había pruebas sobre supuestos pagos fraudulentos ocurridos a través de un «contrato de asistencia técnica» entre 2000 y 2017, que habrían causado un deterioro patrimonial de unos 68 millones de euros a Triple A, que está participada por Inassa».
Solo haremos un comentario a la «madeja» financiera. Resulta que como bien ha expuesto Ad_ministra en otra entrada en www.acuademia.com (Canal de Isabel II: donde dije digo, digo… ¡no sé lo que digo!), en el Preámbulo de la Ley 8/2008 de la Comunidad de Madrid se expresaba que «transcurridos ya más de ocho años desde que se introdujese por la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, la posibilidad de entrada de capital privado en el Canal de Isabel II, los motivos aducidos en su Preámbulo para justificarlo se han revelado profundamente innecesarios». Vamos, que el Canal nada en la abundancia económica y no necesita empresas anónimas, ni capitales privados, ni…¡nada de nada!
Entonces, ante esta venturosa situación, cabe una pregunta ingenua: «Si en febrero de 2015 se emitieron 500 millones de euros en bonos, y dada la boyante situación económica del Canal no han sido necesarias usar esos cantidades para sus inversiones (ha seguido repartiendo sustanciosos dividendos debido a la obtención de generosos beneficios), entonces la pregunta es: ¿Dónde han ido a parar los 500 millones de los bonos emitidos en Colombia? La justicia tiene la palabra.
…que por ansiosos quedaron, presos de manos en él.
