La frase del epígrafe se debe a la pluma de Manuel Azaña. Figuraba en un artículo aparecido en la revista España ─de la que era director─ el 20 de octubre de 1923; es decir, pronto se cumplirán cien años desde que fuera escrita. Enseguida entraremos en el «todo Costa» y nos adentraremos en los temas acuíferos; pero antes trataremos brevemente del trasfondo político ─de gran política─ de lo que Azaña propone como «aspiraciones actuales» o, mejor dicho, aspiraciones nacionales.

Lo que Azaña definía como aspiraciones nacionales era claro: la acción del Estado para elevar el nivel cultural y material de los españoles. Conviene ─en estos momentos de elogio de lo privado y menosprecio de lo público─ subrayar este papel asignado al Estado ─que nos recuerda la visión hegeliana del asunto─ en el desarrollo de una política enfocada hacia el progreso. La cuestión proviene de la Revolución Francesa: en resumen, para sobrevivir, la libertad, la igualdad y la solidaridad necesitan de la acción del Estado.

Azaña venía a decir que «donde acaba la acción del Estado comienza la tribu» ─tema que no viene mal traído para el caso de las exigencias nacionalistas y el subsecuente envenenamiento de la política estatal─. Y remataba su idea: «Nosotros, los castellanos lo vemos todo en el Estado y donde se nos acaba el Estado se nos acaba todo». En el año 1935, recobrada brevemente la fe en sí mismo como estadista republicano, llegó a sentir que el «monte de odio» (según el término puesto en circulación por Ortega en aquellas fechas) entre las dos mitades de España podría vencerlo con una política de integración nacional (¿convivencia?).

En corto: ¿no serán, por ventura, las políticas del Estado de bienestar (educación y cultura, prestaciones de paro y pensiones, sistema sanitario) las aspiraciones nacionales de la acción del Estado desde la II Guerra Mundial, así como su mantenimiento y mejora las aspiraciones de nuestro tiempo?

Pasemos ahora a lo del «todo Costa», no sin advertir previamente que la política (aunque sea tan especializada como la política del agua) no se puede dejar exclusivamente en manos de «técnicos», aunque sea necesario para su desarrollo recurrir a las personas que Gambetta, en Francia, llamaba «des capacités», «capacidades».

Conviene seguir recordando a Costa, pues ─al parecer─ seguimos anclados en sus ideas de finales del siglo XIX. Basaba su política regeneracionista en su lema «escuela y despensa». Para ello clamaba por el desarrollo por el Estado de la «política hidráulica». En sus escritos llegó a definirla del siguiente modo: «política hidráulica es una locución trópica, especie de sinécdoque, que resume en cifra la política que cumple seguir a la nación para redimirse». (Ex cursus: no se puede decir que no recurriese a un lenguaje ciertamente alambicado). Azaña sería implacable en su crítica: «…riéguese la tierra, repuéblense los montes (…) Mas, ¿quién ha de costear el pan y las obras? ¿Quién regentará la escuela? (…) Ahí se abre la perspectiva sobre los fines y comienza cabalmente la política».

Con la dictadura de Primo de Rivera, implantada en septiembre de 1923 (un mes antes del escrito de Azaña en España) la política nacional caminaba por otros derroteros, que podríamos calificar (avant la lettre) de tecnocráticos: la creación de las Confederaciones Hidrográficas en 1926 (monopolio de la acción del Estado en materia de aguas y riegos); de Campsa en el mismo año (monopolio del Estado en materia de hidrocarburos); y creación de la Compañía Telefónica Nacional de España en 1927 (monopolio telefónico). El desarrollo de estas políticas creó unas burbujas financieras que, con el consecuente crack económico mundial de 1929, desembocaron en los problemas socioeconómicos del periodo republicano. Hoy día, de estos monopolios solo queda como relictus el monopolio y la planificación estatal de los recursos hídricos, considerados como bienes productivos principalmente.

Pero vayamos al «todo Costa» y a la política de obras hidráulicas. La primera mitad del siglo XX transcurrió en planes de obras y riegos, pero sin terminar de morder en la acción, quizá por el estado melancólico en que se hallaban los fondos públicos. Fue a partir de los años 50 cuando se comenzó a desarrollar espectacularmente la construcción de presas para embalsar agua. A final de siglo, las realizaciones españolas en la materia habían llegado a ser envidiables. Para no repetir lo expuesto con fortuna por Ad_ministra en otra entrada en Acuademia, remitimos al lector acuífero a la misma (​«Crítica ex post a la política de presas de embalse», 12 agosto 2016).

Pero no renunciamos del todo a llevar a cabo un resumen de dicha entrada: España cuenta con un «parque» de vasos/embalses que suman una capacidad de unos 60 000 hm³ teniendo en cuenta los pantanos creados por las grandes presas, las medianas y las pequeñas, más la parte superior de los acuíferos renovables en el ciclo anual. Con dicho «parque» (más la extracción de aguas subterráneas renovables y la contribución de la desalación y reutilización) la oferta de recursos (disponibilidades anuales con garantías aceptables) se eleva a unos 40 000 hm³/año. Por otra parte, en la otra hoja del libro de la contabilidad nacional del agua, los volúmenes utilizados en los usos productivos (urbanos, industriales y agrícolas) son de unos 20 000 hm³/año. Aquí tenemos las cifras en las que se resume el «todo Costa»: 60 000 hm³ de capacidad de almacenamiento frente a una aportación media anual de 110 000 hm³; 40 000 hm³ anuales de disponibilidades con garantía aceptable; 20 000 hm³ anuales de necesidades a cubrir en los usos productivos (más adelante volveremos sobre las necesidades ambientales).

Se puede afirmar, sin triunfalismos, que estamos bastante bien en cuanto a nuestro sistema hidráulico de cara a cubrir los usos productivos del agua. Podemos resistir una sequía de unos dos años de duración sin graves problemas gracias al esfuerzo heredado de las generaciones anteriores. No desmerece esta afirmación los inevitables problemas de orden local que requieren probablemente actuaciones de inversión y gestión, si bien pasando los proyectos por las pilas bautismales de la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y la aceptación social.

Llegados a este punto podemos volver al hilo de la «gran política» y preguntarnos: ¿Cuál debería ser el papel del Estado en materia del agua después de haber realizado el «todo Costa»? ¿Seguir invirtiendo en más regadíos como se propone con más inercia que reflexión? ¿No se recuerda que se ha llegado a proclamar que invertir en agricultura es invertir en pobreza? ¿Seguir invirtiendo en trasvases y desaladoras para favorecer unos cacicazgos creados al calor de las subvenciones estatales (captura de rentas) sin consideración hacia la rentabilidad económica desde el punto de vista nacional? ¿No estarían esos fondos estatales mejor aplicados en las necesidades sociales del Estado de bienestar, con énfasis en la educación y formación de las nuevas generaciones ─como hacen los países europeos de nuestro entorno?

Si lo prefiere el lector se pueden trasladar los interrogantes al roman paladino: ¿Qué es más conveniente para la orientación futura de la economía de España y de los jóvenes españoles, más lechugas de exportación o desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones industriales y de servicios? ¿Más tomates o energías renovables? ¿Seguir agotando nuestros acuíferos subterráneos o enfocar las producciones agrícolas hacia alimentos saludables, de calidad y sostenibles ambientalmente? ¿Cuidar los espacios del agua y el medio ambiente asociado o llenar de productos químicos y fertilizantes sintéticos los mares menores, medianos o grandes? ¿Cultivar la formación de nuestros jóvenes y procurarles empleos dignos o seguir con políticas de mandarlos al extranjero mientras los sustituimos por inmigrantes para los trabajos agrícolas, lo que se empiezan a llamar «paraísos laborales» en simetría/complemento con los «paraísos fiscales»? El lector puede seguir ─si así lo desease─ completando la lista liminar de interrogantes.

 ¿Cuál debería ser el papel futuro del Estado en la administración del agua? Apuntamos en principio y como tema de debate la cuestión de que «El Estado no debe remar sino llevar el timón» (Blair). Es decir: terminado el «todo Costa», el Estado debe reconsiderar su papel. La dinámica de la situación está ─de facto─ obligando a repensar el papel del Estado en la política del agua. Por una parte, por el agotamiento de los recursos en algunas cuencas hidrográficas, en las que se comienza a proponer el llamado «cierre hidrológico». Por otra parte, el deber de atenerse a la Directiva Marco del Agua europea, penetrando su espíritu más que un simple cumplimiento (o incumplimiento) de su letra.

Aquí viene a cuento lo de la «gran política». Hay que cambiar los ejes del discurso. La exclamación de Mendizabal (España no será grande mientras los ríos desemboquen en el mar) ha de ser cambiada por el cuidado ecológico, de oikos, la casa, nuestra casa común. Nuestros ríos tienen que seguir siendo ríos y no meras alcantarillas de desagües. Tenemos que devolver al medio las aguas residuales en buenas condiciones y profundizar en el tema de los llamados caudales ecológicos de nuestros ríos. La pregunta es: ¿cuánta agua podemos retirar como máximo de nuestros cursos fluviales para que los ríos puedan seguir cumpliendo sus funciones básicas ambientales y sociales? Remitimos al lector a la reflexión de gran gálibo intelectual que ha hecho Trasiego en otra entrada de Acuademia («Reflexiones sobre el cálculo e implantación de los caudales ecológicos», 15 de agosto de 2016) en la que llega a concluir que se debería dejar en los cauces fluviales no menos de un 25% de su aportación media en ríos de régimen irregular y un 40% en ríos de discurso más regular.

Por último, siguiendo nuestra línea expositiva, cabría preguntarse: ¿cuál debería ser la organización administrativa acorde con una nueva visión sobre el agua en nuestro país orientada hacia el futuro? Se podría pensar en transformar la idea de la administración del agua en base a Confederaciones Hidrográficas de construcción de obras hidráulicas, en Agencias del Agua enfocadas a las actuaciones de carácter público: la protección de los recursos y del entorno ambiental; el arbitraje entre los usos y usuarios teniendo en cuenta el bien común; la ordenación de las cuencas; el control y seguimiento de los recursos y los aprovechamientos; etc. En definitiva: pensar y actuar por todos y para todos en todo lo relacionado con el agua y su entorno. Pero esto sería entrar en otro tema que dejamos para el día de mañana.