José Manuel Naredo, en 2008, escribió la presentación, a modo de prólogo, del libro «Herencias y problemas de la política hidráulica española» de Antonio Estevan, fallecido ese mismo año. El libro fue publicado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Editorial Bakeaz.
La presentación de Naredo lleva por título «Destapando la olla de la política hidráulica española». A pesar de su brevedad (no llega a 10 páginas) contiene interesantes ideas que resultan de rabiosa actualidad. Reproducimos a continuación unos fragmentos de la presentación (con alguna licencia). Después haremos unos comentarios.
«…el Programa AGUA no empezó haciendo un análisis detallado de las necesidades de agua que el proyecto de trasvase del Ebro había inflado, hasta elevarlas por encima de los mil hectómetros cúbicos, porque se postulaba que si se mantenía el principio de implantar capacidad de oferta sólo con el compromiso fehaciente de compra por los futuros usuarios con plena recuperación de costes, la nueva oferta de agua se iría ajustando en cada momento a la demanda efectiva. Pero, como observa Estevan, la aplicación de este principio se fue debilitando a medida que «arreciaba la presión política y mediática y la irracionalización del debate del agua», y fue perdiendo, así, su carácter de mecanismo regulador del desarrollo de la desalación. Como consecuencia de ello, la Administración responsable «se vio forzada» a poner en marcha importantes proyectos de desalación sin haber podido establecer acuerdos previos de adquisición del agua con los futuros usuarios. También observa Estevan que, en contra de lo inicialmente previsto, los caudales ahorrados o no utilizados se han seguido usando para ampliar los regadíos o incluso para venderlos en dudosos mercados del agua (…)
A juicio de Estevan, esta deriva del Programa AGUA hacia un planteamiento de oferta tradicional se proyecta hacia el futuro de modo especialmente visible en varias zonas del litoral en las que están previstos disparatados crecimientos urbanísticos. Las nuevas capacidades de desalación garantizan muy holgadamente los suministros futuros de agua que puedan requerir en su día estas actuaciones, si se llegan a ejecutar, pero ni siquiera se exige a los promotores urbanísticos o a las administraciones locales que los representan el compromiso formal de compra de la producción o la cofinanciación de las inversiones.
En este contexto, los objetivos iniciales más amplios del Programa AGUA acabaron tenaz y sordamente reconducidos hacia los ya reiterados pilares tradicionales de la política hidráulica tradicional: la sobreestimación de los recursos y las demandas, y la subestimación de los costes. Con el agravante ─dice Estevan─ de que en las plantas desaladoras las capacidades de suministro instaladas son reales al cien por cien, a diferencia de lo que ha ocurrido con frecuencia en las grandes obras hidráulicas tradicionales, que una vez ejecutadas no solían ofrecer los volúmenes de suministro previstos.
Con lo cual el fracaso del Programa AGUA para atender los objetivos que inicialmente se planteaba está asegurado, al haberse dimensionado enormes inversiones en desalación a partir de unas demandas a todas luces infladas. La ingente capacidad de desalación puesta en marcha con dinero público se está revelando ya claramente sobredimensionada, lo que lleva a infrautilizar las plantas y a elevar el coste del metros cúbico de agua desalada muy por encima de lo previsto, tal y como constata Estevan. Y es que el Programa AGUA se desarrolló contraviniendo una regla de gestión fundamental reiterada desde hace tiempo por Antonio Estevan: hay que invertir primero en ahorro y en gestión seria de la demanda antes de hacerlo en desalación, pues el coste del metro cúbico desalado sube exponencialmente con la infrautilización de la planta.
Una vez más, vemos que en el siglo XXI la potente administración hidráulica sigue sin ocuparse de gestionar el agua y sí de promover inversiones lo más cuantiosas posible para satisfacer los lucros derivados de su construcción, generando con ello nuevos problemas y despropósitos. ¿Se vio forzada a ello esta administración por la «la presión política y mediática y la irracionalización del debate del agua», como apunta Estevan. Sin duda, pero ¿es que de verdad pretendía otra cosa? No lo creo.»
Hasta aquí la presentación-prólogo de José Manuel Naredo del libro de Antonio Estevan. Cabe añadir ─en las líneas que siguen─ la evolución de los acontecimientos del Programa AGUA desde 2008. El problema se centra en el Trasvase Tajo-Segura, cadáver que viene condicionando toda la política hidráulica territorial (e, incluso, una buena parte de la política nacional) durante los últimos decenios.
A partir de 2008 la primera toma en consideración de las desaladoras del Programa AGUA, como alternativa del partido socialista frente al trasvase del Ebro de los populares, fue su descarado boicoteo por parte de las administraciones de la órbita del segundo partido. Se procuró que los ayuntamientos de la zona no concedieran permiso de accesos a las obras de las plantas desaladoras; se puso dificultades al suministro eléctrico; se difundió que el vertido en el mar del rechazo de la ósmosis afectaría a las praderas de posidonia del Mediterráneo; se pusieron dificultades al uso del agua en el riego, ora por su contenido en boro, ora por tratarse de aguas «desmayás», sin sustancia. En conclusión, se propuso «achatarrar» las desaladoras, confiando que la administración terminaría «pasando por el aro» de los trasvases; eso sí, con una tarifa resultante para el metro cúbico del agua trasvasada puesta en parcela (con independencia de su origen, fuese el Tajo, el Ródano, el Danubio o el Volga) del orden de los 10 céntimos de euro por metro cúbico, tarifa injustificable del trasvase Tajo-Segura.
Pero como resulta que en los últimos años los trasvases no están para «ruidos políticos», para ninguno de los principales partidos políticos de ámbito nacional, antes bien, lo que está en el candelero es cómo proceder al entierro del cadáver del Tajo-Segura; digo, que los beneficiados de trasvases irredentos han olvidado lo dicho anteriormente y han vuelto sus ojos (e intereses crematísticos) hacia las desaladoras. Eso sí, exigiendo unas condiciones innegociables de partida: que la administración se haga cargo con sus presupuestos de todas las inversiones necesarias para llevar el agua a sus parcelas, para los que son necesarios conducciones y bombeos. Además piden que el agua no sea «desmayá»; es decir, que la administración gestione adecuadamente la calidad mezclando las aguas desaladas con otras para permitir una calidad conveniente para el riego. Y todo ello con un par de «líneas rojas»: que el Trasvase Tajo-Segura siga en marcha como hasta ahora, tanto en volúmenes (hasta 600 hectómetros cúbico al año, muy superiores a los 300 de media anual que ha proporcionado desde su entrada en servicio); en otro caso, indemnización astronómica, como en la otra «línea roja» más visible: la tarifa del agua desalada a 30 céntimos de euro el metro cúbico frente a más de 1 euro que resulta el coste de producción. Que los españoles todos paguen la diferencia por «solidaridad» con los modernos caciques regionales, porque ¿a quién le interesa la recuperación de costes y otras zarandajas? ¿No se ha financiado con fondos europeos una buena parte de la inversión? Pues … ¡santa Rita, Rita!
Lo más sorprendente es que, como bien adelantaban Estevan y Naredo, la administración está «por la labor»: aumentar las cuantiosas inversiones en infraestructuras de conexión de la plantas desaladoras con las redes de riego y subvencionar salvajemente el coste de las aguas desaladas. ¿Piensan aportar algo los beneficiados? Pues por lo que se divisa, solamente pueden prometer dejar de hacer jaleo político en contra de los políticos que no se avengan a sus deseos y la promesa de sus votos a los que se «entreguen» a sus pretensiones. En esa situación de «ética irracional», ¿quién podrá extrañarse de que se produzcan situaciones de gestión de fondos públicos…manifiestamente mejorables?
